CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A unos días de ser notificada de la resolución del Segundo Juzgado de Distrito del Estado de Guerrero que condenó a 20 años de prisión a uno de los militares que la agredieron sexualmente hace 21 años, y en el contexto del Día Internacional de la Mujer, Inés Fernández Ortega alzó una vez más su voz:
“No quiero que otra mujer sea víctima por militares, no es justo lo que pasan las mujeres indígenas y no quiero que otra viva lo que yo viví …Hoy quiero que se sepa que una mujer mep’haa le ganó la batalla al poder militar”, dijo Fernández Ortega en voz de Olivia Arce, traductora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, organización que la ha acompañado en su peregrinar en busca de justicia durante más de dos décadas.
En conferencia de prensa en instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Inés Fernández hizo un recuento de la tortura sexual que sufrió el 22 de marzo de 2002, cuando un piquete de militares allanaron su domicilio.
Tras resaltar que faltan al menos nueve militares por ser llevados a juicio por los abusos, la indígena mep’haa recordó que tuvo que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para denunciar los hechos, persistencia que derivó en el constante hostigamiento por parte de militares a ella, a su familia y a su comunidad, así como el asesinato de su hermano Lorenzo, cuya muerte sigue en la impunidad.
“El gobierno de México no quiso hacer justicia porque hablo mep’haa, soy mujer indígena, en la Corte Interamericana se demostró que siempre dije la verdad, por eso no dejo de luchar, porque no quiero que otras mujeres u otras niñas vivan lo que he vivido”, insistió Fernández Ortega.
Con motivo del 8 de Marzo, Inés Fernández llamó a las mujeres a no callar las violencias machistas, a denunciar los hechos y buscar el acompañamiento de más mujeres.
El coordinador del área jurídica de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, resaltó que la sentencia condenatoria de 20 años de prisión y la destitución de su cargo como sargento segundo de Hugo Humberto García de León haya sido emitida en un contexto de “acendrada militarización que vive México, porque muestra de manera muy nítida qué es lo que ocurre cuando se asigna a personal militar tareas de seguridad pública”.
El defensor explicó que la sentencia forma parte de lo ordenado por el tribunal regional de esclarecer la tortura sexual y que diferencia de otras sentencias de la CoIDH que implican a personal militar, la de Inés se suma a la de Valentina Rosendo Cantú, en la que sí hubo repercusiones positivas.
Al destacar que la sentencia, que puede ser apelable por el militar, fue por los delitos de tortura, violación, robo y allanamiento de morada, Rosales Sierra reconoció la labor del juez, José Artemio Navarrete Sánchez, de revisar el caso “con perspectiva de género, la intersección de discriminaciones tratándose de mujeres indígenas y que viven en un contexto de exclusión social, y valoró dentro del caudal de pruebas las que se presentaron en su momento ante la CoIDH, siendo esta la primera vez en que una sentencia toma como parámetro de sus conclusiones una resolución internacional”.
Insistió en que el caso de Inés Fernández Ortega es un claro ejemplo de las afectaciones a una mujer indígena, a su familia y su comunidad “producto de una incursión militar en tareas de seguridad pública”, por lo que hizo votos por que abone “al debate y que el Estado mexicano que vea que, dando facultades extralimitadas al Ejército, se generan situaciones como las de Inés y de otras mujeres que ocurrieron en gobiernos pasados y en el de hoy”.
La sentencia condenatoria fue celebrada por el integrante del la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García, y Norma Jiménez, integrante de la campaña “Rompiendo el Silencio” contra la tortura sexual.
Cortesía de Proceso.
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