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Gobernadores se oponen al pacto fiscal que antes habían aprobado
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En medio de la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia, siete gobernadores de diferente filiación política buscan modificar los acuerdos del Pacto Fiscal Federal (PFF) con el que se redistribuye el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Su propósito es obtener mayores recursos al amparo de la Ley de Coordinación Fiscal y de los convenios que han firmado para que la federación se encargue de cobrar gravámenes con el IVA y el Impuesto Sobre la Renta.
Entre 2010 y 2020 las participaciones a entidades federativas y municipios pasaron de la tercera parte a cerca de la mitad del gasto federalizado total. En el periodo comprendido entre 2010 y 2013, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), presentan una tendencia decreciente que va de 39.1 a 36.1%. A partir del último año la proporción muestra un crecimiento continuo para alcanzar su máximo nivel en 2019 (48.1%).
Para los mandatarios que buscan modificar el PFF resulta inequitativas y anacrónicas la metodología y las fórmulas que aplica la federación a partir del conteo de población y estimación de desarrollo, previo acuerdo con las entidades federativas, para distribuir el PEF.
Durante 10 reuniones, los siete gobernadores analizaron los cambios que les gustaría observar en el PFF en un momento en el que buscan más recursos para hacer frente a la pandemia, pero sobre todo para sus proyectos regionales.
En ese bloque están los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez; Jalisco, Enrique Alfaro; Coahuila –uno de los estados más endeudados durante los gobiernos del PRI–, Miguel Ángel Riquelme; Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; Michoacán, Silvano Aureoles; Durango, José Rosas Aispuro, y Colima, Ignacio Peralta. Sus entidades representan poco más de 25.7% del PIB.
Cuando fueron legisladores, algunos de esos gobernadores votaron a favor de los cambios que ahora cuestionan, de acuerdo con un recuento de las modificaciones legislativas de los últimos 12 años. Incluso fueron los gobiernos del PRI y del PAN los que generaron los ajustes más significativos a la distribución de recursos desde la federación.
Fragmento del reportaje publicado el 31 de mayo en el número 2274 del semanario Proceso, en circulación
Te recomendamos: López Obrador acepta debatir pacto fiscal federal, pero “no es el momento”, dice
Entre 2010 y 2020 las participaciones a entidades federativas y municipios pasaron de la tercera parte a cerca de la mitad del gasto federalizado total. En el periodo comprendido entre 2010 y 2013, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), presentan una tendencia decreciente que va de 39.1 a 36.1%. A partir del último año la proporción muestra un crecimiento continuo para alcanzar su máximo nivel en 2019 (48.1%).
Para los mandatarios que buscan modificar el PFF resulta inequitativas y anacrónicas la metodología y las fórmulas que aplica la federación a partir del conteo de población y estimación de desarrollo, previo acuerdo con las entidades federativas, para distribuir el PEF.
Durante 10 reuniones, los siete gobernadores analizaron los cambios que les gustaría observar en el PFF en un momento en el que buscan más recursos para hacer frente a la pandemia, pero sobre todo para sus proyectos regionales.
En ese bloque están los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez; Jalisco, Enrique Alfaro; Coahuila –uno de los estados más endeudados durante los gobiernos del PRI–, Miguel Ángel Riquelme; Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; Michoacán, Silvano Aureoles; Durango, José Rosas Aispuro, y Colima, Ignacio Peralta. Sus entidades representan poco más de 25.7% del PIB.
Cuando fueron legisladores, algunos de esos gobernadores votaron a favor de los cambios que ahora cuestionan, de acuerdo con un recuento de las modificaciones legislativas de los últimos 12 años. Incluso fueron los gobiernos del PRI y del PAN los que generaron los ajustes más significativos a la distribución de recursos desde la federación.
Fragmento del reportaje publicado el 31 de mayo en el número 2274 del semanario Proceso, en circulación
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Cortesía de Proceso.
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