MORELOS (apro) .- La Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos expresó su preocupación por el boletín informativo FGE 506, emitido el 23 de junio por la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por el fiscal Edgar Maldonado Ceballos, al considerar que descalifica el trabajo de los medios de comunicación que han dado cobertura a la cuarta fase de intervención en el panteón “Pedro Amaro”, en Jojutla.
De acuerdo con la organización, el contenido del boletín no solo desacredita a la prensa, sino que vulnera derechos fundamentales protegidos por leyes nacionales e internacionales. Advirtió que las afirmaciones vertidas por la Fiscalía buscan limitar el ejercicio periodístico, el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública, con el objetivo de controlar la narrativa en un tema de alta sensibilidad social.
Entre los puntos señalados por la Red destacan los siguientes:
- Desacreditación sin sustento. La Fiscalía afirmó que la información difundida por la prensa “carece de veracidad y atenta contra el dolor de las víctimas”. Para la Red, esta acusación, sin pruebas, estigmatiza a periodistas que informan de manera responsable y pone en riesgo su labor.
- Estigmatización del periodismo. Consideró preocupante que se responsabilice a los medios de generar “alarma social y desinformación”, ya que es un recurso comúnmente utilizado para desacreditar y censurar la labor periodística en contextos delicados.
- Falta de transparencia. La organización subrayó que, si bien es válido informar primero a las familias de víctimas, la Fiscalía tardó siete días, tras la suspensión de los trabajos, en emitir un informe oficial. Recalcó que, si la institución desmiente información, debe ofrecer datos claros, verificables y accesibles para todas y todos.
- Amenazas implícitas. El boletín señala que “evitar la difusión de datos no verificados es una obligación legal”. La Red alertó que esta declaración puede interpretarse como una advertencia directa contra quienes informan con base en fuentes distintas a las oficiales, lo que representa un riesgo mayor viniendo de una autoridad judicial.
- Cuestionamiento a la ética sin fundamentos. Consideró inaceptable que se sugiera que publicar información no confirmada por la Fiscalía es un acto poco ético. Recordó que el rigor periodístico se sustenta en el contraste de diversas fuentes, no únicamente en la versión institucional.
- Afectaciones al derecho a la memoria. La Red subrayó que el trabajo periodístico contribuye a preservar la memoria colectiva, especialmente en casos de graves violaciones a derechos humanos. Restringir el acceso a la información impacta directamente en este derecho y perpetúa el silencio.
Además, la organización denunció que, durante una reunión con colectivos, realizada el 25 de junio, el fiscal Edgar Maldonado Ceballos responsabilizó personalmente a la prensa de desvirtuar la información sobre las diligencias de exhumación. Afirmó que estas declaraciones agravan el riesgo para quienes ejercen el periodismo en la entidad.
La Red recordó que el artículo 6 de la Constitución mexicana protege la libertad de expresión, el acceso a la información y el periodismo libre. Asimismo, señaló que tratados internacionales ratificados por México —como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— garantizan el derecho a buscar, recibir y difundir información, y que la Organización de las Naciones Unidas ha advertido que las autoridades no deben utilizar leyes o discursos para intimidar a periodistas.
“La Fiscalía General del Estado viola derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información, la libertad de prensa y el derecho a la memoria”, apuntó la organización.
Finalmente, exigió a la Fiscalía:
- Abstenerse de emitir mensajes que intimiden, amenacen o desacrediten a quienes informan.
- Garantizar el acceso transparente, equitativo y oportuno a la información pública.
- Reconocer al periodismo como una herramienta clave para la rendición de cuentas, la defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria colectiva.
“La tragedia de las fosas de Jojutla sigue siendo un pendiente sin resolver desde hace más de diez años. Los pocos avances han sido posibles gracias a la insistencia de las familias buscadoras y al trabajo del periodismo comprometido”, sostuvo la Red.
Y concluyó: “La libertad de expresión no se condiciona. El periodismo no se silencia”.
Cortesía de Proceso.
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