CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres colectivos de familias buscadoras denunciaron que persisten las irregularidades en la operación del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), por ello se sumaron a las exigencias de mejores condiciones laborales, que han pronunciado los trabajadores del organismo perteneciente al Poder Judicial de la Ciudad de México.

Este viernes 20 de junio, los colectivos “Hasta Encontrarles”, “Una Luz en el Camino” y “Mariposas Buscando Corazones y Justicia”, así como familias independientes, compartieron una postura clara sobre las protestas que –desde hace una semana– han encabezado los expertos en materia forense y criminalística, para denunciar que no cuentan con los recursos ni con el personal suficiente para desempeñar su trabajo y atender a la ciudadanía.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación y exigencia urgente de condiciones laborales dignas para las y los trabajadores del Incifo, así como un trato respetuoso, profesional y no revictimizante hacia los cuerpos y fragmentos óseos que ingresan a dicha institución”, sentenciaron.
En un comunicado, compartieron que desde su experiencia han atestiguado “una y otra vez” procesos marcados por la opacidad, la negligencia y la falta de sensibilidad institucional en la capital mexicana. Entonces, lanzaron una exigencia que ya han hecho en repetidas ocasiones: “Que los procedimientos de ingreso, resguardo e identificación de cuerpos en el Incifo se lleven a cabo de manera expedita, sin dilaciones injustificadas, con perspectiva de derechos humanos y en condiciones que respeten la dignidad tanto de las personas fallecidas como de sus familias”.
Hablaron de cuerpos que permanecen sin ser identificados por años, a los cuales no se les realiza el perfil genético correctamente; de familiares que permanecen en la incertidumbre, sin ser notificados de posibles coincidencias con las fichas de desaparición que levantaron. También, de restos que fueron utilizados, sin consentimiento, para fines académicos, otros fueron entregados a terceros que los utilizaron “de manera indebida”.
Señalamientos contra funcionarios del Incifo
Las familias buscadoras señalaron directamente a Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, encargada de despacho del Incifo desde hace un año, y a Andrés Oriol Morales, subdirector del área de Tanatología, por su presunta responsabilidad en acciones que “constituyen burla y humillación hacia personas fallecidas, que prueban una cultura organizacional que menoscaba la dignidad humana y obstruye, tanto por acción como por omisión, el acceso a la verdad y justicia de las víctimas”.
Las víctimas indirectas de desaparición consideran estas prácticas como fallas administrativas y éticas, que agravan las violaciones a los derechos humanos, así como la violencia estructural y violaciones directas e indirectas en el contexto que hoy se vive respecto a la crisis humanitaria y forense.
Por lo anterior, extendieron una serie de peticiones a las autoridades del Poder Judicial local:
Una investigación inmediata, independiente y transparente sobre los señalamientos de malos tratos en el Incifo.
La destitución de cualquier servidor o servidora pública que haya incurrido en actos de violencia institucional o tratos indignos hacia cuerpos humanos.
El fortalecimiento de los protocolos forenses con perspectiva de derechos humanos, centrados en la verdad, la dignidad y el acompañamiento a las familias.
Garantías de no repetición a través de reformas estructurales en los procedimientos y vigilancia externa por organismos independientes.
Que los cuerpos de personas fallecidas no sean utilizados, prestados ni donados para ningún fin distinto a su plena y digna identificación, respetando su derecho a la verdad, la justicia y el trato humano.
Dotar de forma oportuna y continua de insumos, materiales y herramientas en cantidad suficiente, en condiciones óptimas y de calidad comprobada, que garanticen la seguridad e integridad física del personal.
Que los procesos de identificación se realicen de manera óptima arrojando resultados consistentes.
Las protestas que encabezaron los últimos días los profesionales del Incifo acentuó la crisis en la impartición de justicia en la capital, pues se sumó al paro laboral que mantienen, desde el 29 de mayo, los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), y las manifestaciones el pasado 12 de junio de los abogados de oficio de la Consejería Jurídica y Servicios Legales.
Todos los trabajadores mencionados desempeñan un papel fundamental en la impartición de justicia y comparten reclamos: aumentos salariales, condiciones laborales dignas y personal suficiente.
El día que los trabajadores del Incifo iniciaron sus protestas, Jaqueline Palmeros declaró, en entrevista con Proceso, que a pesar de que las protestas incrementan los rezagos en la búsqueda de justicia, son necesarias.
La madre buscadora argumentó que las manifestaciones de inconformidad exponen deficiencias estructurales profundas en las instituciones encargadas de la investigación forense y la impartición de justicia, además, señalan que las carencias materiales, organizativas y de personal afectan directamente la eficacia de las investigaciones y la atención a las víctimas indirectas de desaparición, configurando un problema sistémico que requiere respuestas institucionales profundas y sostenidas.
Cortesía de Proceso.

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