CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este viernes, un juez de control vinculó a proceso al exagente del Ministerio Público, Erick Armando “N”, quien encabezó el cateo a la empresa financiera Black WallStreet Capital, en la colonia Anzures, de la alcaldía Miguel Hidalgo, por los delitos de ejercicio abusivo de sus funciones. 

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, informó que la autoridad judicial también estableció la medida cautelar de prisión preventiva contra el exfuncionario, en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. 

En un video mensaje, puntualizó que el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. 

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía capitalina, los hechos presuntamente no ocurrieron en la forma en la que Erick Armando “N” lo asentó en el acta circunstanciada, pues en su calidad de Ministerio Público posiblemente omitió el acto de preservar el lugar de los hechos y sustrajo evidencia encontrada durante la inspección. 

Lara López recordó que suman ocho servidores públicos, siete de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y una de la Fiscalía local, que fueron vinculados a proceso por presuntas irregularidades cometidas durante el cateo a la financiera.

El dueño de WallStreet Capital, Juan Carlos Minero, declaró a El Universal que el señalado se reservó su derecho a declarar, por lo que aún no saben dónde están los 3 millones de dólares, lo cuales, según denunció, habían sido sustraídos de la empresa y no fueron reportados por las autoridades como parte de lo asegurado. 

Además, advirtió que están a la espera de interponer la denuncia patrimonial, para que el Gobierno capitalino repare el daño.

En tanto, su representante legal, Virgilio Tanús, añadió que “el robo está perfectamente acreditado, por lo que en un par de días tendrán las constancias que acrediten la legal procedencia de los recursos”. 

La orden de cateo referida fue ejecutada por oficiales de la SSC el pasado 15 de marzo, por un tema de presunto lavado de dinero y narcomenudeo. En la diligencia fueron detenidas cinco personas y presuntamente decomisaron droga, armas e importantes cantidades de dinero ilícito. 

Sin embargo, los detenidos fueron puestos en libertad el 1 de junio, debido a que el juez Roberto Paredes Gorostieta canceló el proceso iniciado y concluyó que el cateo fue ilegal.