CIUDAD DE MÉXICO (apro).- CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa —propiedad del empresario Alfonso Romo— fueron identificadas por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) como instituciones que lavan dinero para cárteles mexicanos por el tráfico ilícito de fentanilo.
Como consecuencia, el gobierno estadunidense prohibió sus transferencias de fondos internacionales bajo nuevas disposiciones legales que apuntan directamente a la cadena financiera del crimen organizado.
“Estas órdenes constituyen las primeras acciones de FinCEN bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro mayores facultades para atacar el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluidas operaciones dirigidas por cárteles”, señaló el comunicado emitido esta mañana por la dependencia estadunidense.
CIBanco e Intercam son bancos comerciales que reportan activos por más de 7 mil y 4 mil millones de dólares, respectivamente.
Por su parte, Vector Casa de Bolsa gestiona recursos por cerca de 11 mil millones de dólares.
Las tres instituciones han jugado —según el Tesoro— un papel “prolongado y crucial en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles mexicanos, facilitando también pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, explicó que estas tres instituciones financieras “están permitiendo el envenenamiento de incontables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro del fentanilo”.
“Mediante el uso por primera vez de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas disponibles para contrarrestar la amenaza de organizaciones criminales y terroristas que trafican fentanilo y otras drogas”, dijo.
De acuerdo con la orden de FinCEN, CIBanco ha mantenido relaciones sostenidas con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo, ofreciendo servicios financieros que han facilitado sus operaciones ilícitas.
Además, el banco ha estado involucrado en la adquisición de precursores químicos desde China, claves para la elaboración de opioides sintéticos.
En 2023, un empleado de CIBanco “facilitó deliberadamente la creación de una cuenta para, supuestamente, lavar 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo”.
Además, entre 2021 y 2024, procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos desde empresas mexicanas hacia compañías chinas que enviaban sustancias químicas destinadas a la producción de fentanilo.
El caso de Intercam no es distinto. Según FinCEN, esta institución también representa una “preocupación primordial” por lavado de dinero relacionado con opioides, debido a sus vínculos con el CJNG. Entre otras operaciones, Intercam ha procesado transferencias en dólares estadounidenses para financiar la compra de precursores químicos desde China.
A finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado, incluyendo el movimiento de fondos desde Asia. De hecho, entre 2021 y 2024, una empresa china asociada con un individuo que enviaba precursores a México recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas mexicanas a través de Intercam.
En el caso de Vector, la agencia estadounidense apunta a su participación en operaciones del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
“Entre 2013 y 2021, una mula financiera del Cártel de Sinaloa utilizó varios métodos para lavar 2 millones de dólares desde Estados Unidos hacia México a través de Vector”, señaló.
También documentó que entre 2018 y 2023, Vector procesó más de un millón de dólares en pagos a empresas chinas conocidas por suministrar precursores químicos para fines ilícitos. Las autoridades destacaron que estas operaciones reflejan “fallas significativas” en sus controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Terrorismo financiero
Las acciones contra estas instituciones mexicanas están alineadas con el endurecimiento de la política exterior antidrogas del presidente Donald Trump, quien en enero de 2025 firmó una orden ejecutiva que permite designar a ciertos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y/o Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
En febrero, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado etiquetaron formalmente a ocho organizaciones bajo esta figura, entre ellas al CJNG, al Cártel del Golfo y al Cártel de Sinaloa. La medida de hoy complementa esas designaciones, con el objetivo de bloquear el acceso de los cárteles al sistema financiero estadounidense.
En el contexto mexicano, la presión regulatoria también empieza a hacerse sentir. De hecho, Marcos Ramírez, director general de Grupo Financiero Banorte, explicó a Proceso que desde inicios de este año “ya se estaban observando señales de mayor exigencia regulatoria” y anticipó que esta tendencia podría derivar en procesos más burocráticos y complejos para las instituciones.
A ello se suma la advertencia lanzada por el experto en seguridad Luis Miguel Dena, quien señaló en enero que, si bien la declaratoria de terrorismo podría dar paso a despliegues militares o al uso de inteligencia artificial, el primer frente de acción sería financiero.
“En el sector financiero los grupos criminales pasan miles de millones de dólares que vienen de Estados Unidos, de la venta de fentanilo y de otros servicios (…) Aquí se está lavando y ese dinero entra en la economía de México”, dijo a este medio de comunicación en entrevista.
Desde la sociedad civil, también hay preocupación. Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa, sostuvo que esta nueva etapa abre la puerta a una colaboración más estrecha entre agencias internacionales para investigar a empresas mexicanas con posibles nexos con el crimen organizado.
“Se buscará desincentivar este tipo de colaboraciones financieras entre empresas y grupos criminales”, dijo a Proceso.
Por su parte, Michel Levien, director del buró anticorrupción Streiner, destacó que lo que está en juego “es más que una etiqueta simbólica”. Según su análisis, estamos ante una negociación que evitó el peor escenario posible.
“No es casualidad que México haya decidido crear la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas justo ahora, cuando Donald Trump no deja de repetir que el país es una especie de santuario para los cárteles de la droga y los haya declarado oficialmente como terroristas”, sentenció.
Cortesía de Proceso.
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