CHIHUAHUA, Chih (Proceso).– Una decena de comunidades indígenas de los pueblos warijó y algunas más del pueblo pima, en los municipios de Moris y Uruachi de la Sierra Tarahumara, huyeron de su tierra para salvar la vida ante el homicidio de indígenas y el embate de drones cargados con explosivos que han detonado contra las viviendas.
De acuerdo con testimonios de los desplazados, al iniciar junio comenzaron a ser bombardeados con drones por el grupo delictivo conocido como Los Salazar o Los Salazares, aliados del Cártel de Sinaloa, que buscan apropiarse principalmente del oro de la región. Pequeñas compañías mineras también comenzaron a retirarse.
El desplazamiento comenzó desde el 16 de junio hasta este fin de semana, de acuerdo con las víctimas que ya denunciaron ante las autoridades.
Los testimonios de habitantes y de quienes trabajan en minas de la región explicaron que el grupo delictivo llegó para buscar el oro que hay en la zona. Primero arribaron decenas camionetas y este fin de semana se intensificó la presencia de hombres armados.
En esa zona de Urique y Moris el grupo predominante que mantenía el control de la región era La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, que presuntamente se alió con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los Salazar se concentraban en tres municipios de Chihuahua y otros tres de Sonora, de acuerdo con un análisis de contexto presentado por autoridades federales y estatales durante la última audiencia del caso del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, contra el exalcalde de Chínipas Hugo Amed Schultz Alcaraz.
En el caso de Moris y Uruachi, señalan como cabecilla del grupo agresor a Hugo Guerrero Encinas, conocido como 01, quien fue aprehendido en octubre de 2011 y liberado recientemente.
Los municipios que ha tenido durante años el grupo Los Salazar o Los Salazares, son Guazapares y Urique, que conlindan con Sinaloa, y Chínipas, que colinda con Sonora. De acuerdo con los testimonios y denuncias de los habitantes, se habrían extendido hacia Moris y Uruachi, que también colindan con Sonora, en busca del oro de ese territorio.
El área de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer que, según un folio fechado el 26 de junio último, el grupo del destacamento de Moris informó sobre los hechos que le atribuyen a Los Salazar:
“Por este medio me permito informar a usted que, siendo las 16:00 horas del día de hoy, fui informado por el radio operador en turno sobre el folio número 141331. En dicho reporte se señala la presencia de drones detonando explosivos en la cabecera municipal de Moris, así como en las rancherías de El Zapote, La Trompa, Chiltepín, La Finca, La Ciénega, Naranjito y Sahuayacancito. También se informa sobre personas sin vida y viviendas incendiadas, presuntamente por parte del grupo Los Salazar”.
Sin embargo, el informe no detalla el número de viviendas dañadas ni de personas asesinadas.
El reporte de la fiscalía continúa:
Nos comunicamos de inmediato con el director de Seguridad Pública de Moris, quien nos informa que, por el momento, no hay novedad relevante al respecto. Asimismo señala que personal del operativo (Sedena, SSPE y Guardia Nacional) se encuentra realizando recorridos en la cabecera municipal de Moris, así como en rancherías y brechas aledañas.
Además, residentes de las comunidades warijó y Pimas tuvieron que viajar a la Ciudad de México para interponer diferentes denuncias en instancias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Gobernación y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre el 19 y 20 de junio últimos porque, aseguran, en la ciudad de Chihuahua no recibieron apoyo. Ellos piden que los ayuden a regresar a sus hogares. Entre los voceros de los afectados se encuentra Hilario Valenzuela, gobernador de la comunidad warijó la Finca Pesquera.
Los denunciantes aseveran que desde que incursionó el grupo de Los Salazar en esa región han salido miles de personas del territorio.
Otras personas warijó de Moris y Uruachi que se trasladaban hacia la ciudad de Chihuahua dijeron a Proceso que ellos se dedican a la ganadería y agricultura, otros son gamusinos que sacan oro del río o de otras partes de la región y con eso viven. Sin embargo, tuvieron que dejar todo: viviendas, animales que se está robando el grupo delictivo, y cultivos. Huyeron de sus casas sólo con lo que traían puesto.
Asimismo personas que trabajan o están a cargo de mineras en la región dieron a conocer que se retiraron por la violencia y pidieron que se apoye a las comunidades indígenas.
Una vez que el caso se hizo público, el grupo agresor incrementó los ataques contra los pocos habitantes que había y la violencia se extendió a otras comunidades. Este fin de semana, lanzaron un mensaje de alerta a través de redes sociales:
“Estimado gobierno, nos dirigimos a ustedes de las comunidades indígenas de Arechuivo (Uruachi), Chiltepín, San Juan, Palmarito, La Barranca, La Finca, La Mesa de Cereachi, y San Juan de la Trompa, ya que personas armadas que llegaron del municipio de Uruachi atormentan a los habitantes de estos pueblos causando que la mayoría de ellos se vayan y dejen sus hogares y pertenencias, puesto que estos sujetos armados han levantado personas inocentes y las asesinan a sangre fría a personas inocentes que viven de manera honrada en Palmarito se les arrebató la vida de manera violenta a base de torturas y castigos inhumanos, entre ellos personas de edad avanzada, mujeres, niños y todo, con la finalidad de obtener supuesta información.
“En San José de la Trompa se reportan detonaciones que han afectado severamente a la comunidad desde el 5 de junio pasado, sin parar. El 17 de junio, madres de familia y habitantes de la comunidad salieron a pedir ayuda al gobierno que patrullaba la zona, a lo que ellos entre burlas y risas dijeron que no les importaba en lo absoluto, y que se resguardaran en sus casas. En ese momento comenzaron a caer bombas y los soldados sólo se burlan para después irse a toda velocidad de la comunidad.
“Como el supuesto gobierno no hizo nada, acudimos a las autoridades en la ciudad de Chihuahua para ver si hacen algo por las personas de las comunidades afectadas.
“Para las personas que vean esto, les pedimos de todo corazón que nos ayuden a compartir esto, pues al momento de subirse esta publicación, ya decenas de familias han abandonado sus hogares buscando la paz, que hace tiempo el grupo de Los Salazares les arrebataron. La gente llega armada, matando, torturando y mutilando personas inocentes que sólo se dedican a la cosecha, a la minería, ganadería y pesca”.
Largo historial de impunidad
Durante la audiencia para valorar el cambio de medida cautelar de prisión preventiva del exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Shultz, la representación social presentó una serie de pruebas para demostrar que aún representa un riesgo para las víctimas, ofendidos y sociedad en general. La jueza de Distrito, María Elena López Morales, determinó que el sentenciado debe continuar en prisión.
Entre las pruebas, el analista delictivo y exfuncionario de la Fiscalía General del Estado, Manuel Salvador Torres Borunda, presentó un análisis de contexto que realizó desde 2017, cuando asesinaron a la periodista Miroslava Breach, originaria de Chínipas, ya que el exalcalde está acusado como cómplice del crimen.
El exfuncionario dijo que tiene conocimiento de que el grupo fue fundado por Adán Salazar Zamora, originario también de Chínipas. La organización criminal tiene sus actividades hasta la frontera, que abarca desde Chínipas, así como Agua Prieta, Magdalena, San Luis Río Colorado y Caborca, del estado de Sonora. Se dedica a la siembra de amapola y marihuana, así como a la confección de metanfetaminas.
“La extensión que cubren refiere la cantidad de gente que les avala. Es una organización que fue fundada en los años 90. Se suma al control de Jesús Alfredo Salazar (…) Adán es contemporáneo de líderes delictivos en Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, como Caro Quintero, Emilio Quiriarte, Payán, Ismael Mayo Zambada”, agregó Torres Borunda.
De 2005 a 2011 se les acreditaron hechos como agresión física y homicidios de profesionistas, funcionarios de procuración de justicia y periodistas. En Chihuahua, los hijos de Adán Salazar nacieron y se criaron en el municipio de Chínipas.
Operan en los municipios de Chínipas, Guazapares y Urique, que hoy es un corredor turístico y en su momento también fue corredor minero que conllevaba el cultivo de marihuana y amapola.
Esa descripción coincide con lo que denuncian ahora las comunidades de Moris y Uruachi, que van por el oro del territorio.
Cortesía de Proceso.
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