Empresas fantasma: piezas clave en la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el universo de las contrataciones públicas en México, miles de millones de pesos han desaparecido por medio de grandes redes de empresas fachada. En las últimas décadas, estos vehículos de corrupción y fraude han servido para desviar recursos destinados al funcionamiento del gobierno y de servicios públicos esenciales, y han enriquecido a una élite en la sombra mediante esquemas cuidadosamente orquestados.

Las EFOS o Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, conocidas también como empresas fantasma o fachada, son organizaciones que se han convertido en piezas clave de redes de corrupción que operan en todo el país. Estas compañías, aunque constituídas legalmente, son utilizadas para la emisión de facturas que buscan amparar productos y servicios simulados, y así recibir  grandes sumas de dinero sin ofrecer ningún beneficio tangible a cambio.

En México, las auditorías han señalado constantemente irregularidades que involucran empresas fachada en las contrataciones de todos los niveles de gobierno, lo que, en el mejor de los casos, conduce a sanciones o investigaciones a servidores públicos y a inhabilitar proveedores específicos. Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), una vez que las detecta, las incluye en las listas de EFOS como “definitivas” o “presuntas”, lo que en ocasiones no ha impedido que sigan operando. 

Sin embargo, la dimensión y el daño que estas redes han causado rebasa las estrategias de control y la capacidad del gobierno para recuperar los fondos desviados. Lejos de ser incidentes aislados e individualizados, las redes de empresas fachada en México muestran un comportamiento de tipo crimen organizado y operan como auténticos cárteles económicos en los que participan actores públicos y privados que buscan beneficios económicos obtenidos mediante la suma de delitos y diversas faltas administrativas.

Redes de empresas fachada en las compras federales (2002-2022)

El alcance e impacto de las redes de empresas fachada en las contrataciones públicas federales se puede dimensionar mediante el análisis de los datos abiertos disponibles en Compranet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el listado 69-B del SAT, así como las actas constitutivas y modificatorias de las empresas, disponibles en el Registro Público de Comercio (SIGER).

Un análisis realizado por el Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Quinto Elemento Lab sobre las compras públicas federales revela que, durante las últimas dos décadas (2002-2022), al menos 486 dependencias del Gobierno federal establecieron 3 mil 529 contratos con por lo menos 834 empresas fachada catalogadas por el SAT como EFOS definitivas. El monto involucrado en estos contratos es cercano a los 11 mil 500 millones de pesos, con un impacto en todos los sectores del gobierno.

Notablemente, desde un punto de vista estructural, la contratación de estas EFOS hasta el 2022 no fue un fenómeno aislado de algunas instituciones gubernamentales, sino que fue un fenómeno sistémico altamente organizado para la obtención de recursos públicos federales que se agudizó en años recientes. Esto se puede entender mejor con un enfoque basado en la ciencia de redes. 

A partir de la información disponible, es posible observar que los contratos públicos forman una gran red interconectada que concentra más del 70 por ciento de las instituciones de gobierno y 80 por ciento de las EFOS. Esto nos muestra que no es un problema menor en las compras públicas, sino una realidad normalizada. Además, la gran mayoría de estas conexiones involucran un alto porcentaje de contratos por adjudicación directa, lo cual sugiere que el gobierno federal posiblemente actuó de manera favoritista, conspirativa y en colusión con las personas que operaban la red de empresas.

La formación de esta red se da por medio de un incremento gradual de contrataciones que llegó a su máximo nivel en 2015, con una caída hacia 2019. Esta caída se puede deber a diversos factores, como la gran liquidación de empresas en este periodo, el cambio de proveedores y contratistas que se da con la llegada de nuevas administraciones federales, o la anticipación al cambio de legislación de 2019 en materia fiscal y penal, que tipifica la emisión de facturas falsas como crimen organizado. Otro mecanismo adicional pudo haber sido una mejor estrategia de detección de EFOS por parte del SAT. No obstante, este último punto es materia de debate.

Además de que la asignación de contratos muestra una clara concentración en unas cuantas empresas, la información del SIGER revela las redes corporativas que se forman en el ámbito privado. Las empresas contratadas están ligadas entre sí en clústers (o cúmulos) que comparten accionistas, administradores, representantes legales, comisarios e incluso a los notarios que las registraron. Estos clústers nos muestran que las EFOS fueron creadas con una intención premeditada para su uso en red, lo que permite a quienes las organizan evadir las inhabilitaciones oficiales, camuflar y maximizar el desvío de recursos, y complejizar su auditoría. 

El tamaño de estos clústers muestra el alcance y escala de operación de las redes a lo largo y ancho de México. Por ejemplo, el clúster más grande abarcó los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México. La gran mayoría de estas EFOS fueron creadas entre los años 2006 y 2016, y fueron dadas de alta principalmente en la Ciudad de México, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Veracruz, Estado de México, Yucatán y Sinaloa.

EFOS en red en las compras estatales y municipales

Las cifras anteriores cuentan solo una parte de una historia más compleja y profunda. Uno de los principales problemas a considerar en los próximos años no es lo que sabemos a nivel federal, sino lo que ignoramos a nivel estatal y municipal, donde impera la falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

El uso ilícito descomunal de EFOS contratadas por gobiernos estatales ha sido mostrado en casos como “Las empresas fantasma de Veracruz” en el sexenio de Javier Duarte, y “Puebla, fábrica de empresas fantasma”, en los que la estrategia del fraude consistió en vincular a empresas fachada nuevas y antiguas para desviar fondos estatales y municipales. Estas redes tuvieron un impacto económico en sectores de la administración pública, la seguridad, la educación y la salud, mermaron el erario y violentaron los derechos humanos de una población amplia. 

Un trabajo de la organización Impunidad Cero analizó la contratación de empresas fachada en el sector salud y reveló que, durante el periodo de 2014 a 2019, en 30 de las 32 entidades federativas del país fueron contratadas 778 EFOS por institutos de salud y seguridad social por un monto acumulado de cerca de 4 mil 200 millones de pesos. Este caso enciende las alertas de que, en solo cinco años, el número de EFOS contratadas y el monto involucrado puede ser equiparable a lo observado en las contrataciones federales durante 20 años.

El gran desafío para revelar las redes a nivel subnacional es la falta de una base de datos que concentre la información de todas las contrataciones a nivel estatal y municipal. Aunque existen importantes esfuerzos para tener esta información de manera centralizada en la Plataforma Nacional de Transparencia, estudios realizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad muestran que la información se mantiene altamente incompleta y que los registros no están homologados.

La corrupción en red de las compras públicas

La complejidad de los ecosistemas de contratación en México no radica simplemente en el gran número de proveedores y contratistas que participan en las licitaciones, sino, específicamente, en las relaciones comerciales entre las instituciones de gobierno y las empresas. Como se mostró en la red de contratos federales, dentro de estas macroestructuras surgen redes oscuras que funcionan como sistemas altamente organizados, resilientes al cambio y difíciles de desmantelar. 

Las empresas vinculadas a través de socios, familiares o testaferros forman estructuras complejas que pasan inadvertidas para auditores y contralores, quienes se enfocan en contratos o empresas de forma individual, y pierden la perspectiva global del mercado. Para combatir estas redes de corrupción se necesita una transformación en el enfoque contra la criminalidad y corrupción que trascienda las auditorías individuales y que abarque un análisis estructural de todo el ecosistema de contratación pública.

Las sanciones administrativas destinadas a deshabilitar empresas individuales resultan inofensivas para las redes. La evidencia empírica presentada en esta investigación indica que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Secretaría de la Función Pública) tendría que adoptar una estrategia de persecución administrativa y coordinación penal para ajustarse al comportamiento multicaso y en red. 

Los cientos de personas auditoras y contraloras tendrían que hacer evaluación, monitoreo y detección de irregularidades, para lo cual necesitan herramientas de análisis de riesgos de fraude y corrupción con perspectiva sistémica. En el escenario mexicano es imperante capacitar a funcionarios públicos en investigación forense para entender el bosque y no solo el árbol en los casos.

El marco jurídico actual permite este cambio de visión. Por ejemplo, los beneficiarios controladores poco o nada han utilizado las obligaciones de revisión que tienen conforme a la ley. Para esto, se necesita una plataforma de transparencia de los beneficiarios finales que ya está prevista en los compromisos internacionales de México, conocida como Estándar de Datos sobre Beneficiarios Finales. También es urgente la apertura y gratuidad al público en general del SIGER con información actualizada de todo proveedor y contratista del gobierno en todos los niveles.

Dentro de los objetivos de sistematización y digitalización de los procesos y trámites gubernamentales de la administración de la presidenta Sheinbaum se debe considerar la creación y desarrollo de plataformas de transparencia de los procesos de contratación a nivel federal, estatal y municipal con estándares de datos abiertos. Hasta ahora, la plataforma CompraNet solo abarcaba contrataciones federales y no existe algo similar en los estados. El Sistema Nacional Anticorrupción y la nueva Agencia de Transformación Digital son clave en esta función.

Un reto mayúsculo es superar las desconfianzas que frenan la colaboración interdisciplinaria e interinstitucional entre gobiernos, el sector privado, la academia y el periodismo de investigación. Las redes con fines ilícitos seguirán aprovechándose de las debilidades institucionales y sociales, ya sea en forma de EFOS u otro esquema de tercerización de contratación. Si la corrupción actúa en redes a lo largo y ancho del país, será con redes de anticorrupción y combate a la criminalidad que habrá que enfrentarla.

*Los autores fueron corresponsables del Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (un grupo de investigación en activo hasta septiembre del 2024).