El futuro de la ciudadanía por nacimiento en EU aún está en suspenso y pone en vilo, de nueva cuenta, a los migrantes.
Una orden de Trump, firmada en su primer día de regreso a la Casa Blanca, instruyó a las agencias federales que se nieguen a reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos que no tengan al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
Este jueves 17 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó escuchar los argumentos legales en el caso contra los intentos del presidente del país, Donald Trump, de prácticamente acabar con ese derecho. Lo hará en una vista judicial el próximo 13 de mayo.
El anuncio tiene lugar después de que el Gobierno de Trump solicitara a la corte levantar parcialmente las órdenes judiciales que bloquean el polémico decreto.
La orden ejecutiva de la Administración republicana para eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas que residen en el país de forma irregular o que cuentan con visados temporales fue suspendida por tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts.
En respuesta, el Gobierno de Trump buscó limitar las órdenes federales para permitir que la decisión del magnate republicano entrara en vigor en la mayor parte de Estados Unidos mientras se resuelven las impugnaciones judiciales, por lo que presentó una petición de emergencia ante el Supremo.
El presidente y sus allegados argumentan que deberían existir estándares más estrictos para convertirse en ciudadano estadounidense. En ese sentido, el mandatario y su Gobierno han dicho que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos”, por lo que no tendrían derecho a la ciudadanía.
El presidente estadounidense se muestra optimista sobre el futuro de la batalla judicial. Este mismo jueves afirmó que “debería ser fácil” ganar este caso.
Por su parte, los estados, migrantes y grupos de derechos que han bloqueado la orden ejecutiva han acusado a la Administración republicana de intentar perturbar la comprensión de la ciudadanía por derecho de nacimiento, que se ha aceptado desde que esta disposición entró en vigencia por primera vez.
La pugna judicial
Hasta el momento, los jueces han fallado unilateralmente en contra del Gobierno Trump. Mientras, el Departamento de Justicia ha señalado que los jueces individuales carecen del poder para dar efecto a nivel nacional a sus fallos.
Por su parte, el Ejecutivo quiere que los magistrados permitan que el plan de Trump entre en vigor para todos, excepto para las personas y grupos que presentaron la demanda contra el decreto del presidente. De no ser así, la Administración afirma que la orden ejecutiva podría permanecer bloqueada por ahora en los 22 estados que presentaron el recurso.
También ha pedido, como alternativa adicional y “como mínimo”, que se le permita hacer anuncios públicos sobre cómo entraría la medida en vigor de ser aprobada.
Un punto importante del caso es que, si el Tribunal se inclina a estar de acuerdo con el Gobierno de Trump, corre el riesgo de crear una confusión de reglamentos en la que el estado en el que nace un niño podría determinar si la ciudadanía se concede automáticamente.
Entre tanto, el Departamento de Justicia se ha quejado de que el uso de estas órdenes judiciales federales “frustran las políticas cruciales del Poder Ejecutivo en las cuestiones que abarcan desde la seguridad fronteriza hasta las relaciones internacionales, la seguridad nacional y la preparación militar”.
En la actualidad, la Administración republicana enfrenta más de 150 demandas que buscan contrarrestar los esfuerzos de Trump para reformar el Gobierno federal, por lo que distintos jueces en Estados Unidos han emitido decenas de órdenes que retrasan la agenda del mandatario.
¿Qué está en riesgo?
La ciudadanía por nacimiento fue adoptada en la Decimocuarta Enmienda de Estados Unidos, poco después de la Guerra Civil de 1868. En principio, buscaba establecer la ciudadanía de afroamericanos liberados, así como para “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”, según señala el diario ‘Washington Post’.
De esta manera, según este medio estadounidense, de entrar en vigor la medida de Trump le negaría la ciudadanía a los recién nacidos si ninguno de sus padres está regularizado en el país o no es un ciudadano, una población que “supera los 150 mil recién nacidos al año”.
Mientras se desarrolla el litigio, una coalición de fiscales generales demócratas, encabezada por el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, ha hecho contrapeso a los esfuerzos republicanos por acabar con este derecho.
“Durante más de 100 años, esta Corte, el Congreso y el Poder Ejecutivo han acordado que la Constitución garantiza la ciudadanía a los niños nacidos en este país, incluidos aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados o no permanentes”, aseguró la coalición en una presentación judicial conocida por el ‘Washington Post’.
Cortesía de Proceso.
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