GUANAJUATO, Gto (Proceso).– El PAN, que desde el Congreso de la Unión abanderó el rechazo a la reforma judicial con el argumento de una defensa a la independencia y autonomía del Poder Judicial, mantiene en Guanajuato un tribunal “empanizado”. Aún más, al armonizar la reforma constitucional, el Congreso del estado, donde tiene 17 de los 36 votos, decidió mantener los vicios que facilitan la llegada de afines al blanquiazul a ese poder en la entidad.
El PAN, que ha mantenido la hegemonía en Guanajuato durante los últimos 34 años, rechazó propuestas ciudadanas para blindar la elección del Poder Judicial estatal de los intereses político-partidistas.
“Ahora lo va a decidir la gente. Y si la gente quiere poner jueces, juezas, magistradas, magistrados que tengan vinculación con un partido, allá la gente. La independencia te la dan los ciudadanos. Yo no creo en ese modelo, pero así está la Constitución federal y nos obliga”, justificó el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Espadas Galván.
En la apuesta por un Poder Judicial independiente, Laurence Pantin, directora de la organización Juicio Justo, compartió que las propuestas presentadas por ésta ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Guanajuato se dirigieron a cuatro ejes: requisitos de elegibilidad, mecanismo de preselección de las candidaturas, definir y acotar las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial y la creación de control de constitucionalidad que implica, entre otras cosas, la creación de un juicio de protección de derechos humanos estatal.
En entrevista con Proceso, Laurence Pantin, especialista en independencia judicial, justicia abierta y justicia digital, compartió que desde Juicio Justo han colaborado con propuestas ciudadanas en otros estados como Jalisco, donde el gobernador retomó la iniciativa para presentarla ante el Congreso local.
A Guanajuato llegaron a invitación del diputado que preside la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el panista Juan Carlos Romero Hicks. En el Congreso local Acción Nacional tiene 17 de las 36 diputaciones.
Aunque la organización civil participó de manera activa en las mesas de análisis, finalmente el dictamen que se llevó ante el Pleno sólo incluyó la creación del juicio de protección de derechos humanos que puede ser similar al amparo, para que las personas que consideren que sus derechos han sido violados no vayan a la justicia federal, donde los asuntos se acumulan.
La propuesta incluyó que las personas puedan tener acceso fácil al juicio de protección de sus derechos humanos, incluso sin que sea necesario contar con un abogado.
“El problema es que esto puede ser muy relevante si te aseguras que las personas juzgadoras que lleguen sean independientes, y todas las demás propuestas van en ese sentido, pero si no te aseguras de esto, y creas ese mecanismo, en realidad creo que incluso te puede salir peor porque este juicio en manos de jueces no independientes, pues no te va a resolver el problema, más bien lo va a empeorar”, señaló Pantin.
Y es que la reforma constitucional aprobada hace una semana en el Congreso de Guanajuato es una copia de la federal en cuanto a los requisitos para las candidaturas a magistraturas y jueces.
Tras la experiencia de la elección judicial federal, donde candidaturas estuvieron vinculadas a Morena, Juicio Justo incorporó a las propuestas prohibiciones que podrían haberse plasmado en la Constitución de Guanajuato, como haber ostentado un cargo público, haber sido dirigente o militante de un algún partido político durante cierto tiempo.
“La reforma federal deja cierto margen para que los estados puedan incluir ciertos requisitos, nos dice que tiene que retomar ciertos requisitos que están en la Constitución federal, pero como mínimo, pero pueden incluir algunos adicionales”, precisó la directora de Juicio Justo.
Como ejemplo, mencionó que a escala federal y en los estados se dan casos donde la persona que funge como consejera jurídica del gobierno estatal llega a magistraturas en el Poder Judicial.
Ese caso ocurrió en Guanajuato, incluso antes de la reforma judicial.
El asalto panista
El 12 de septiembre último, sólo dos semanas antes de terminar su sexenio, el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo logró colocar a María Soledad Aguayo Aguilar, su consejera jurídica en el gobierno estatal, como magistrada del Poder Judicial en la sexta sala penal.
En esta sala era magistrado Daniel Chowell Arenas, exprocurador de Justicia, excandidato del PAN a la alcaldía de Guanajuato y actual secretario de Ayuntamiento en la capital del estado, gobernada por la panista Samantha Smith Guerrero.
En junio de 2024 Rodríguez Vallejo mandó al Congreso local, todavía con mayoría panista, tres perfiles con vínculo a su partido para dos magistraturas en el Tribunal de Justicia Administrativa y un consejero del Poder Judicial.
Se trató de Eduardo López Mares, quien fue el presidente del PAN estatal y renunció al cargo apenas pasó la elección para convertirse en consejero del Poder Judicial estatal. El exdirigente de Acción Nacional tiene como compañero del consejo a otro panista: Alfonso Ruiz Chico, exdiputado local.
Para el Tribunal de Justicia Administrativa el exgobernador propuso a Vicente Esqueda Méndez, quien fungía como titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado.
La otra magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa se reservó para Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís, postulada aunque no tenía experiencia en derecho administrativo y su carrera la hizo en la Procuraduría de Justicia del estado. Ella es esposa de Carlos Zamarripa Aguirre, el fiscal que se mantuvo durante más de 15 años en el cargo y ya tenía los días contados por el compromiso que hizo la entonces gobernadora electa, Libia Dennise García Muñoz Ledo, de un cambio en la titularidad de la Fiscalía ante la exigencia ciudadana.
La práctica de colocar a panistas en el Poder Judicial no se limitó al exgobernador, sino que siguió con Libia García.
En medio de la polémica nacional por la reforma judicial y la bandera del PAN por la independencia judicial, la gobernadora panista presentó como candidato a la décima sala penal a otro militante del partido: Christian Cruz Villegas.
Sin experiencia en impartición de justicia ni derecho penal, Cruz Villegas se convirtió en magistrado.
Me parece sorprendente -compartió Laurence Pantin- que no haya un intento de mejorar esto (la partidización en el Poder Judicial), en particular por parte de los legisladores del PAN. Y no significa que yo piense que el PAN es mejor que Morena. Estoy diciendo, si los legisladores panistas a escala federal tienen esas consideraciones (de independencia), supondríamos que van a defender estos mismos principios los legisladores del mismo partido a escala estatal, ¿no? Y pues nos sorprendió mucho que no fuera el caso.
Lamentó que en Guanajuato el Congreso, donde el PAN tiene 17 de los 36 votos, no intentara corregir lo que a escala federal permitió: que personas con vínculos a Morena ocupen cargos en el Poder Judicial federal.
“Quizás también el gobierno estatal se dio cuenta que efectivamente esta reforma judicial es un medio que se puede utilizar para controlar el Poder Judicial estatal”.
Aunque el control lo tienen desde hace años.
Incongruencia política
El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado, Jorge Espadas Galván, descartó que se puedan poner candados en las leyes secundarias, como la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para prohibir las candidaturas de militantes de partidos políticos.
“La gente va a decidir a través de su voto si tú, siendo priista, perredista, morenista, panista, lo que tú quieras, va a votar por ti o no”, señaló.
Dijo que las limitantes para que un ciudadano pueda participar en la elección judicial tienen que ser cuidadas para que compitan en condiciones de igualdad. Espadas dijo que tienen que ser elementos técnicos y no ideológicos los que definan los requisitos de magistraturas y jueces.
“Al rato vamos a decir que católicos sí, cristianos no. Yo creo que las limitantes que establece la Constitución federal fueron un buen parámetro”, sostuvo Jorge Espadas, quien hasta antes del 1 de septiembre último fue legislador federal y un férreo crítico de la reforma judicial.
En entrevista, al cuestionarlo sobre los panistas en el Poder Judicial local, Jorge Espadas insistió en que a partir de 2027 las magistraturas ya no las va a elegir el Congreso estatal.
Como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Espadas Galván presentó reservas de última hora al momento de votar el dictamen, donde se incluyó otra de las propuestas enviadas por Juicio Justo y está relacionado con las atribuciones del Tribunal de Disciplina, en el apartado de la evaluación de jueces.
En Guanajuato se estableció que la evaluación de jueces y magistrados la hará cada tres años el órgano de administración. Juicio Justo advirtió que estándares internacionales mencionan que la evaluación de juzgadores no debe estar vinculada a una sanción, por eso no podría recaer únicamente en el Tribunal de Disciplina, como estaba establecido en el dictamen.
El diputado Espadas mencionó que la mayor diferencia entre la reforma judicial federal y la de Guanajuato radica en el método para seleccionar a las personas que serán candidatas.
Se mantiene la insaculación, pero en Guanajuato los aspirantes primero tendrán que pasar por la escuela judicial, aprobar el curso y luego podrán inscribirse en las convocatorias que emitan los tres poderes.
Una vez que se tenga a los aspirantes, cada Poder va a elegir a los perfiles mejor evaluados, y hasta después vendrá la insaculación.
Otro de los cambios de última hora que aprobaron en el Congreso de Guanajuato fue incorporar el “haber de retiro” para jueces y magistrados electos, que representa el pago de un mes de salario por cada año trabajado.
Sólo la diputada Sandra Pedroza y el diputado Rodrigo González, ambos de Movimiento Ciudadano, votaron contra el dictamen, en sintonía con la posición que asumió el partido a escala federal. El resto de las fuerzas políticas aprobaron en esos términos la reforma judicial.
Cortesía de Proceso.
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