COLIMA, Col. (apro).- Sin acuerdos entre el gobierno del estado y los agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que se declararon en paro de labores, elementos del Ejército y la Secretaría de Marina asumieron las tareas de seguridad pública en la entidad, en coordinación con las policías municipales.
Así también, agentes de la PEP se quejaron de que desde el inicio de la protesta han sido presionados para obligarlos a salir a patrullar a las calles bajo la amenaza de arresto o levantamiento de actas administrativas.
“Nos están queriendo intimidar con la presencia de marinos, no nos quieren dejar entrar a nuestra base y ahora nos amenazan con despedirnos y no pagarnos si no salimos a patrullar”, señaló un uniformado que pidió reservar su identidad.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado informó que “con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, y gracias a la coordinación con las corporaciones municipales, se cumplen con las funciones de seguridad en toda la entidad, mientras avanzan las pláticas con el personal operativo de la Policía Estatal Preventiva que se encuentra en condición de suspensión de labores”.
A través de un comunicado, la corporación señaló que los servicios, patrullajes y toda actividad relacionada con la seguridad pública se encuentra cubierta gracias a esta coordinación entre los diversos órdenes de gobierno.
La SSP refirió que “de forma pacífica, elementos de la Policía Estatal Preventiva se encuentran externando su solicitud de recibir un incremento por encima de la inflación de este año y por encima del incremento de la burocracia, facilidades de acceso a vivienda, entre otros puntos de un pliego petitorio”.
Manifestó que desde el primer momento en que se declaró la suspensión de labores, el titular de la SSP, contralmirante Gerardo Romero Santana, ha coordinado los patrullajes con elementos estatales y con el apoyo de la Federación y los municipios.
Además, puntualizó, el funcionario “ha mantenido un dialogo constante con los representantes del personal policial, así como con diversas instituciones del Gobierno del Estado, como la Subsecretaría de Administración, para llegar a acuerdos”.
Cortesía de Proceso.
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