La política económica del gobierno del presidente López Obrador dejará un margen ajustado de maniobra para el próximo gobierno federal, pues de acuerdo con analistas consultados, detrás de las señales positivas de la economía nacional está el inminente riesgo de contratar más deuda para soportar los programas sociales y megaobras como el Tren Maya –sin considerar la pretendida reforma a las pensiones–. ¿Soluciones? Las hay, pero son impopulares, como una reforma fiscal que incremente la base tributaria, advierten expertos.

A primera vista la fotografía actual de la economía mexicana luce positiva, con una revisión al alza de pronósticos para el Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2024 en niveles de 3%, mientras el Banco Mundial advierte que, por tercer año consecutivo, la economía mundial se desacelerará.

Sin embargo, en un segundo plano esa imagen también incluye una deuda por casi 15 billones de pesos, la cual tiene el potencial de aumentar, y por primera vez al cierre de 2024 representar 54.1% del PIB, con una política fiscal expansiva; es decir, más gasto que, de acuerdo con Citibanamex, será un factor de riesgo adicional a la inflación durante los próximos meses.

Por razones políticas, agrega, las finanzas públicas no podrían reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 5.4 a 2.6%; es decir, no será posible reducir el déficit y se impone la necesidad de contratar más deuda.

El fantasma de un mayor endeudamiento recorre los pasillos de Palacio Nacional mientras el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, busca reducir el costo de los pasivos –el más alto de las últimas dos décadas–, y aplazar los vencimientos de la deuda del gobierno federal y del sector público al menos cinco años más.

La estrategia también pretende reducir la necesidad de contratar nuevos pasivos y así tener dinero para los programas sociales.

Con un modelo económico inclinado a privilegiar el gasto de los consumidores –como sucede en Estados Unidos– y apuntalar al mercado interno como principal motor de la economía, la SHCP se enfrenta a uno de sus momentos más críticos: mantener la salud de las finanzas públicas frente al déficit presupuestario histórico de 4.9%, que se aprobó en el Congreso para el cierre de este ejercicio aún dominado por altas tasas de interés, un alto costo financiero y la decisión de mantener y elevar el monto de los programas de apoyos sociales en pleno año electoral.

Luis Foncerrada, economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio, considera que si bien la Constitución permite al gobierno incurrir en un déficit presupuestario, también establece la obligación de que esos recursos que generarán un endeudamiento se destinen a inversión.

“Para 2024 se plantea un déficit muy grande, un déficit que no habíamos visto desde hace muchos años, un déficit de 5%; sin embargo, no hay una inversión comparable a ese 5%, lo que va contra los lineamientos de la Constitución”. La inversión que se registra es menor a 3% del PIB. “No se ve la inversión”, dice Foncerrada.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0008 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.