Una imprudencia que vulnera la autonomía de los pueblos indígenas y la soberanía de Jalisco, así consideró Pablo Lemus, gobernador de la entidad, la acción de Imelda Escobedo, presidenta de El Nayar, municipio de Nayarit, quien fue retenida el 19 de mayo junto con funcionarios de su ayuntamiento luego de ingresar de forma irregular a la comunidad wixárika de Tateikie de San Andrés Cohamiata, en el municipio de Mezquitic, Jalisco.
Según la alcaldesa, lo que pretendía era entregar apoyos en la comunidad de Tutuyecuamama, junto a funcionarios del ayuntamiento y personal del Ejército Mexicano. En sus redes sociales explicó que el único propósito de entregar apoyos alimentarios, medicinas y avanzar en gestiones de obras prioritarias, como el acceso al agua potable, en las zonas más olvidadas y necesitadas del municipio.
Sin embargo, en esta zona hay una suspensión dictada por la Suprema Corte de Justicia (SCJN), debido a conflictos por límites entre Jalisco y Nayarit, lo que causó la molestia de la comunidad wixárika quien retuvo a la alcaldesa, a su equipo de trabajo y a elementos de la Policía Municipal de El Nayar. El Gobierno estatal emitió un comunicado donde informa que hará del conocimiento de la SCJN esta acción de parte de la edil.
“No vamos a permitir que ninguna persona de otro estado viole la soberanía y tampoco vamos a permitir que vengan a hacer promoción político-electoral, violando suspensiones otorgadas por la SCJN. Hago un extrañamiento a la Presidenta Municipal (de El Nayar) por haber hecho esto, y a la siguiente vez que esto suceda, vamos a tener que detener personas”, afirmó Lemus.
Acusan trasgresión a suspensión de la Suprema Corte
Este ingreso constituye una transgresión a la suspensión vigente dictada por la SCJN, en el marco de la controversia constitucional 108/2018, promovida por el Gobierno de Jalisco contra un decreto emitido en 2018 por el Gobierno de Nayarit, que pretende modificar los límites territoriales entre ambas entidades afectando directamente al municipio de Mezquitic y a la comunidad wixárika.
La resolución de la Corte establece con claridad que, mientras se resuelve de fondo el juicio, ninguna autoridad puede realizar actos de gobierno, nombrar autoridades ni intervenir en el territorio en disputa, por lo que las autoridades de ambos estados deben conducirse como lo hacían antes de la emisión de dicho decreto, reconociendo a esta comunidad como parte del municipio de Mezquitic, Jalisco.
Los actos de la presidenta municipal de El Nayar, Imelda Escobedo, constituyeron una violación directa a la suspensión judicial y una invasión al territorio jalisciense, además de una falta grave contra los derechos y la autonomía del pueblo wixárika, según el gobierno.
Al conocer la retención de la alcaldesa, la Secretaría General de Gobierno instaló una mesa de diálogo y negociación, en la que participaron representantes del Gobierno de Nayarit y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para liberarlos. Escobedo estuvo acompañada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
“Fue una acción inmediata del Gobierno de Jalisco para poderla liberar ante una imprudencia, pero también una violación a la soberanía del estado de Jalisco. Debo decir mi amplia molestia con la Presidenta Municipal de El Nayar por haber invadido nuestro territorio, por ir a hacer promoción política”, señaló.
El Gobierno de Jalisco dará vista a la SCJN para que determine la responsabilidad de la presidenta municipal por el incumplimiento de la suspensión judicial y por la violación a la soberanía del estado.
El 13 de marzo de 2025, la SCJN realizó un requerimiento al municipio de El Nayar para dejar sin efectos actos violatorios de la suspensión, que consistieron en nombrar a un juez auxiliar en la misma comunidad. Este requerimiento fue promovido por el Gobierno de Jalisco el 17 de enero de este año.
Cortesía de El Heraldo de México.
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