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Lidia es una madre de dos hijos que, para darle lo necesario a su familia, trabajaba los siete días de la semana en una estética. Cansada, su único delito fue asistir a una fiesta para relajarse, a la vuelta, fue detenida por policías y procesada por posesión de drogas.
La de Lidia es una de las 19 mil historias de mujeres que se encuentran recluidas en distintas cárceles del país por delitos menores relacionados con posesión de drogas, los cuales, debido a una deficiente labor de los abogados, a sentencias desmesuradas e incluso a falta de recursos económicos para pagar una multa, hacen que el castigo impuesto sea desproporcionado.
Por fortuna, no están solas. CEA Justicia Social es una organización que, en conjunto con gobiernos estatales y federales, se dan a la tarea de revisar caso por caso para ayudar a que estas mujeres puedan volver con sus familias.
“Somos una organización de la sociedad civil que desde hace cinco años trabaja en proyectos que están relacionados con el acceso a la justicia, la reducción de sentencias y sobre todo con la restitución de los derechos de las mujeres que se encuentran en prisión injustamente.
“Identificamos que en todo el país hay mil novecientas mujeres que se encuentran en prisión por delitos menores de droga, es decir, por mujeres que traen alguna cantidad menor de alguna sustancia ilícita como marihuana, algunos medicamentos como clonazepam, por ejemplo”, explica Ángela Guerrero, directora de CEA Justicia Social, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.
Un penal modelo, pero mortal
Ubicado en la localidad de Coatlán del Río, en el estado de Morelos, el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16 fue creado siguiendo las recomendaciones internacionales para el internamiento de personas privadas de la libertad.
En los últimos tres años, se han registrado por lo menos 20 presuntos suicidios al interior de la prisión, lo que ha motivado seis recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las que se detallan situaciones como la incomunicación, abuso de poder e incluso tortura. Allí es donde CEA Justicia Social decidió comenzar.
“Desde diciembre, la organización Elementa DDHH y nosotras decidimos poner manos a la obra y empezar a identificar aquellas mujeres que se encontraran en el Cefereso 16 y que estuvieran por alguna razón que sea injusta o que la medida sea desproporcionada.
“Hemos hecho más de 50 entrevistas en el Cefereso a este universo de mujeres. Y pues lo que hemos encontrado es que solamente han visto una vez a su abogado, que la vez que lo vieron fue básicamente ya para que les dieran sentencia, que no tienen claridad de los procedimientos jurídicos en los que están”, destaca Guerrero.
Como lo han detallado indagatorias de distintas asociaciones, tales como Reinserta, el perfil de las mujeres internas en el Cefereso 16 es muy amplio. Hay desde personas que tienen condenas largas por delitos de alto impacto, hasta quienes cayeron allí por interpretaciones jurídicas, dando una pena obviamente desproporcionada.
“En medio de esa situación, decidimos llevar a cabo este mecanismo y estas medidas que lo que buscan es acompañar a estas mujeres que se encuentran en estas situaciones, donde la gran mayoría de ellas son madres, tienen entre dos y tres hijos cada una y eran el principal sustento de sus casas”, añade.
Impartiendo justicia con el gobierno
Los primeros frutos de la colaboración de estas organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos estatal y federal ya se han cosechado. De acuerdo con un comunicado de prensa publicado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cinco mujeres internas en el Cefereso 16 fueron liberadas, previo pago de multas por un total de 40 mil pesos, cubiertos por la asociación Justicia y Dignidad con Libertad A.C.
“Desde que propusimos este mecanismo, hemos encontrado muy buena escucha por parte de las autoridades para poder trabajar en conjunto. Esto me parece que responde, en efecto, a las condiciones de ese Cefereso y también tiene que ver con el cambio de gobierno.
“Lo habíamos intentado en otros momentos y no lo habíamos logrado. Era un Cefereso absolutamente blindado, donde no podías hacer ningún tipo de entrevista o iniciativa con las mujeres que se encontraban ahí. Esto, por supuesto, responde a las crisis que se tenían relacionadas con el tema de suicidios”, explica Ángela Guerrero.
Platicar con las reclusas, evaluar su comportamiento al interior de la prisión y conocer sus casos es solo el primer paso en un largo camino hacia la obtención de la libertad, la cual se logra con mucho esfuerzo.
Encontrar injusticias para remediarlas
En un universo donde las mujeres suelen ser sentenciadas, en promedio, seis años más que los hombres por los mismos delitos, es muy difícil distinguir desde afuera la intensidad de la injusticia que sufren las 19 mil mujeres detectadas por la asociación.
“Lo que hacemos es básicamente detectar estos casos, buscar alternativas jurídicas y eso implica desde la recaudación de fondos para pagar las multas que tienen hasta el acompañamiento, la restitución de sus derechos, por ejemplo, su credencial de elector, poder entender el procedimiento jurídico en el que están, porque la gran mayoría están saliendo por libertad condicionada”, añade la directora de CEA Justicia Social.
Que no sean crímenes de sangre o fraudulentos, es decir, que no haya víctimas, y que el acceso a la justicia esté condicionado por la falta de recursos para poder pagar una multa, son los dos factores que las expertas de la asociación evalúan.
“El primer criterio es que no hay víctimas. Cuando son delitos por posesión de droga simple y sin violencia, no hay una víctima directa: ellas traían en su bolsa determinada cantidad o bien les fabrican determinadas cantidades, pero no hay ningún otro delito alrededor de ello.
“Lo que identificamos es que con la salida de ellas no hay alguna persona afectada, al contrario, se beneficia el núcleo familiar que tienen y el otro tema son los montos de las multas. Estamos hablando de que son multas que no pasan de los 30 mil pesos y que las familias no tienen la posibilidad económica de dar ese dinero para que ellas puedan salir”, aclara Ángela.
Libres por fin
El caso de Lidia fue uno de los que CEA tomó en sus manos y, luego de recaudar fondos a través de distintas dinámicas, incluyendo una página en la plataforma GoFundMe, logró recuperar su libertad y reintegrarse a su familia.
“La campaña empezó en abril y ya logramos liberar a dos de las cinco que identificamos. Ellas dos son Eréndira y Lidia, que justamente salieron el lunes pasado y logramos acompañarlas en las audiencias y en su regreso digno a casa. Es bien importante insistir en ello, porque no nada más es el que salgan del centro penitenciario, sino cómo salen.
“Actualmente no tenemos ningún tipo de política pública que busque hacer algún proceso específico de reinserción social. Entonces esto tiene que ver tal cual con la voluntad de las autoridades del centro, donde les dan una cantidad menor de dinero para moverse, pero salen en una carretera muy peligrosa a altas horas de la noche”, añade.
La activista destaca que su labor no acaba con la liberación de las mujeres. Las acompañan jurídicamente, les dan alojamiento e intentan, en colaboración con la Secretaría de las Mujeres, ayudarles a volver a sus vidas normales lo más pronto posible.
Cortesía de El Heraldo de México.
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