Con el fallo de abril último de la Suprema Corte, que invalida la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, se confirmó la ruta de colisión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Pero los choques entre ambos se intensificaron cuando el martes 9 el Máximo Tribunal echó abajo la primera parte del Plan B electoral de López Obrador. Ante la proyección de un fallo similar de los ministros, ahora sobre la segunda parte de las reformas del mandatario, el investigador de Jurídicas de la UNAM Jesús Garza Onofre y el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz reflexionan sobre los aspectos “positivos” resultantes de la ruptura pública entre ambos poderes.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La Presidencia de la República agotó todos los recursos que tenía a su alcance, incluso de último minuto, para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutiera la primera parte del Plan B de la reforma electoral.
Su objetivo era que el tema quedara congelado en el máximo tribunal y, de esa manera, ganar tiempo para que las elecciones de 2024 se realizaran conforme a los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El propósito del Ejecutivo fracasó y, hasta ahora, la Corte anuló la reforma a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, impulsadas por el mandatario, conocida como la primera parte de su llamado Plan B –porque el plan original, que falló, era concretar una reforma constitucional en materia electoral–.
Además, en las próximas semanas la Corte discutirá la segunda parte de la propuesta gubernamental, en la cual se plantea un profundo cambio en la organización de las elecciones en México.
Días antes de la discusión de la primera parte del Plan B, el Máximo Tribunal había invalidado el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que provocó la furia de López Obrador detonando una fuerte ofensiva discursiva contra la SCJN y su presidenta, Norma Piña.
Ahora, la resolución de la Corte sobre la primera parte del Plan B colocó a los ministros en un escenario hostil de cara a la próxima discusión de la segunda parte de las reformas electorales.
Además del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal (Morena) han amagado con poner en marcha un “Plan C” que incluye obtener los votos suficientes en las próximas elecciones federales para que le permitan controlar el Congreso de la Unión; así, ya con la mayoría parlamentaria, buscará hacer una profunda reforma al Poder Judicial, que incluya la reconfiguración de la Corte y que sus ministros sean sometidos a juicio político.
Descalabro presidencial
Con una mayoría de nueve votos en una sola sesión, la Suprema Corte echó abajo la primera parte del Plan B de la reforma electoral, que establecía topes en el gasto de comunicación social y un “blindaje” a los servidores públicos para que, sin ser sancionados, pudieran realizar proselitismo durante la veda electoral, bajo el argumento de que lo hacen en ejercicio de su libertad de expresión.
Previo a la discusión del asunto, la Presidencia de la República buscó retrasar el tema, con lo cual, eventualmente, podría lograr que las reglas impuestas por el Ejecutivo federal permanecieran vigentes durante la elección presidencial. Sin embargo, la Corte falló diferente al designio del Ejecutivo.
El lunes 1 se dio a conocer el sentido del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien señaló que la votación apresurada con la cual se aprobaron las reformas –del Plan B– generó violaciones graves “no superables” al procedimiento legislativo.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2428 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.
Cortesía de Proceso.
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