CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reprobó la consolidación de la militarización de la Guardia Nacional, luego de que el Senado de la República aprobara la legislación secundaria de ese cuerpo de seguridad bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Al recordar que la aprobación del Senado ocurre el día en que se cumplen 11 años de la masacre de Tlatlaya, Estado de México, por elementos del ejército mexicano, en su cuenta de X el Centro Prodh lamentó que la mayoría de Morena y sus aliados también hayan ampliado facultades al Ejército sin controles civiles.
“Se concreta la plena y absoluta identidad castrense de la Guardia Nacional y se otorga fundamento jurídico a las labores de inteligencia del Ejército, sin incluir controles civiles”, señaló la organización.
Tras considerar “muy lamentable” que la mayoría de los senadores hayan aprobado “la legislación secundaria que consolida a la Guardia Nacional como Fuerza Armada Permanente y su adscripción a la Sedena”, el Centro Prodh recordó que ya había advertido desde sexenios anteriores, que “es el poder militar el que marca la agenda pública en materia de seguridad del país”.
La organización, que ha representado desde hace más de 30 años a víctimas de violaciones graves a derechos humanos cometidas por personal castrense, resaltó que la conmemoración de la ejecución extrajudicial de al menos 12 de 22 personas por personal militar en Tlatlaya, ocurre con la consolidación de la militarización de la Guardia Nacional, una corporación que nació civil en 2019.
La organización resaltó que desde 2014, cuando se registró el caso de Tlatlaya, se convirtió en “un caso emblemático de abusos y graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco del despliegue de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que además de no reducir la violencia, ha perpetuado la impunidad castrense”.
Lamentó que después de esos hechos, “eventos de uso arbitrario de la fuerza letal por parte de elementos militares continúan sucediendo actualmente, como los registrados recientemente en Sinaloa, done dos niñas fueron privadas de la vida, en un evento que inicialmente se presentó como un enfrentamiento”.
Para el Centro Prodh, con las reformas aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado, “la Guardia Nacional se consolida abiertamente castrense, desdibujando su carácter civil y reforzando el poder militar, a pesar de los múltiples riesgos anunciados y previstos”.
El Centro Prodh recordó que la madrugada del 30 de junio de 2014, 22 personas murieron acribilladas, en un evento presentado oficialmente por la Sedena como un “enfrentamiento” entre un convoy militar y hombres armados que se encontraban en una bodega en Tlatlaya.
En noviembre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó en su recomendación 51/2014 que, de las 22 personas muertas, al menos 12 fueron ejecutadas de manera arbitraria por personal militar, y que la escena del crimen había sido alterada.
En su labor como representantes legales de una víctima sobreviviente, el Centro Prodh interpuso una denuncia penal, y en el litigio obtuvo documentación oficial en la que se demuestra que durante el periodo en que ocurrieron los hechos, la Sedena había instruido a sus elementos de tropa “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Al señalar que al menos en tres ocasiones la Fiscalía General de la República (FGR) ha intentado cerrar el caso, a pesar de que se ha demostrado que la “Sedena destruyó documentos relacionados con los hechos”, el Centro Prodh resaltó que la masacre de Tlatlaya permanece en la impunidad y que se mantiene a la espera de la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, “para que se determine la responsabilidad del Estado mexicano en el caso”.
Cortesía de Proceso.
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