El de Luis Enrique Ramírez es uno de esos casos de periodistas asesinados que las autoridades no reconocen como vinculados con su labor informativa, sino a “diferencias” de índole personal. Sin embargo, durante la investigación del crimen, los gobiernos federal y estatal cayeron en contradicciones –el primero aseguraba que había detenidos, el segundo lo desmentía– y un año después de cometido, los presuntos implicados directos se encuentran libres y una mujer detenida relacionada con el caso fue absuelta por un tribunal debido a pifias de la fiscalía estatal.
CULIACÁN, Sin. (Proceso).– Danya detiene un poco la respuesta. La emoción la supera. El homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos le significa mucho. Eran familia, era su tío. Ha transcurrido un año desde el crimen que sigue impune.
Danya ve acotada su voz por las ganas de llorar, sin embargo, responde. “Desde el momento uno que pasó… siento que ahorita todos en la familia estamos muy sensibles. Ha pasado un año en donde no se ha hecho nada, desde el momento uno en que estábamos en la funeraria lo que siempre hemos exigido es justicia”.
El caso de Luis Enrique Ramírez significó el noveno asesinato a periodistas en México durante 2022. Su cuerpo fue hallado envuelto en plástico en un camino de terracería alrededor de las 10:40 horas del jueves 5 de mayo, en el sector conocido como El Ranchito, al sur de Culiacán.
Ese 2022 fue el año en que se registró la cifra más grande en agresiones contra periodistas y medios de comunicación, y el caso del periodista culichi se suma a una larga lista de crímenes impunes contra la libertad de expresión. En ese periodo se registraron 12 asesinatos a periodistas. Éste y 2017 se inscriben como los años más letales, según datos de la organización no gubernamental Artículo 19.
Sin embargo, esta cifra abarca únicamente homicidios de periodistas relacionados con su labor. Hay otros cinco asesinatos, entre ellos el de Luis Enrique, que las autoridades hasta el momento no los vinculan con su ejercicio periodístico. Pero de esto no hay certeza porque tampoco lo han esclarecido.
Los señalados como sospechosos habrían cometido el crimen no por el oficio de Luis Enrique Ramírez, sino por una presunta diferencia de índole personal, según se ventiló en una audiencia del proceso que se siguió contra Brysia Carolina, presunta pareja de uno de los señalados como autores del asesinato.
Según la investigación expuesta por la fiscalía, durante la madrugada del 4 de mayo Luis Enrique llegó a la casa de Brisya Carolina causando escándalo. Ella marcó a su pareja y posteriormente al 911. Después, unas personas arribaron al domicilio presuntamente enviadas por la pareja de Brysia. Tras una discusión, hirieron con arma de fuego a Luis Enrique y lo privaron de su libertad. Al día siguiente fue encontrado muerto.
Pero nada de esto queda claro. La autoridad no ofrece pruebas sólidas de que el homicidio haya sido por la hipótesis que exponen, descartando su oficio, pero sin tener detenidos. Y la impunidad del caso lo padece más su familia.
Dayra Jáuregui, su sobrina, lo explica. El transcurrir de los días sólo aumenta la ansiedad, y ni las promesas del gobernador Rubén Rocha Moya han logrado menguar el dolor que la familia del periodista mantiene debido al luto que se ha prolongado 365 días.
La promesa del gobernador se rompió pronto. Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Culiacán el 27 de mayo de 2022, Rubén Rocha aseguró “que era cuestión de horas, de días”, para que los responsables del asesinato de Luis Enrique Ramírez fueran detenidos.
Y no fue todo lo que prometió. Una semana más tarde en una de sus conferencias semaneras (ejercicio que lleva a cabo en similitud al del presidente López Obrador), dijo que el homicidio sería resuelto antes del 7 de junio de ese 2022. El caso sigue impune.
De pifias e impunidad
Luis Enrique Ramírez Ramos fue colaborador del periódico El Debate, mediante la columna “El Ancla”, en la cual tocaba sobre todo temas políticos. Su labor periodística se remonta a inicios de los años ochenta, cuando incursionó incluso en el periodismo cultural. Con la era digital dio el paso con la creación del portal de noticias Fuentes Fidedignas.
Después del asesinato de Luis Enrique Ramírez las autoridades –federales y estatales– han incurrido en varias pifias, que van desde datos falsos vertidos en discursos oficiales hasta procesos penales fallidos a partir de las carpetas de investigación.
La primera pifia vino por parte de Ricardo Mejía Berdeja, quien, aún siendo subsecretario de Seguridad, dio a conocer en la conferencia mañanera del 12 de mayo de 2022 que ya se tenían identificados a los probables responsables, pero que, por un asunto de guardar el debido proceso y para que no se sustrajeran de la acción de la justicia, “no podemos dar cuenta”, dijo.
Esta declaración la desmintió casi una semana más tarde la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones Estrada, quien en conferencia de prensa explicó que se trató de una confusión por parte del gobierno federal.
“En el caso de Luis Enrique Ramírez Ramos, se ventiló por fuentes federales que había personas a las cuales se les había girado órdenes de aprehensión, se llegó a afirmar que posiblemente había personas detenidas, quiero enfatizar que no es así, yo creo que se debió a una confusión”, dijo la funcionaria.
La siguiente pifia vino de la misma titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, quien, durante una gira por Sinaloa, en compañía del gobernador Rocha, declaró que ya había dos personas detenidas por el homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos.
“Estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía General del Estado y es importante que muchos de los eventos delictivos que suceden en esta entidad, estamos muy en contacto en la supervisión, como fue el caso de las autoridades de la fiscalía, como fue el caso del homicidio de Luis Enrique Ramírez, donde se han detenido a los responsables y aún hay órdenes de aprensión pendientes”, dijo la funcionaria federal durante un acto realizado en la colonia 21 de Marzo en Culiacán, el 7 de junio de 2022.
Pero apenas minutos más tarde, el propio gobernador Rocha Moya desmintió esta versión. “El caso de Luis Enrique está resuelto, claro, hay que hacer las detenciones correspondientes, pero el sentido del caso está resuelto, falta detenerlos. Ya les dije que no hay detenidos”.
Por otra parte, las investigaciones de las autoridades ubicaron a la citada Brysia Carolina, presunta pareja de uno de los autores del crimen, a quien incluso le dictaron prisión preventiva.
Pero el caso se vino abajo. La fiscal Sara Bruna y la dependencia que dirige cargan a cuestas esa pifia. La fiscalía imputó a la mujer por encubrimiento para favorecer al hombre que en ese momento era su pareja. Esto debido a que presuntamente ocultó el celular con el que se comunicó con él, sospechoso de ordenar el asesinato del periodista.
Sin embargo, la mujer no podía ser procesada por la relación sentimental que tiene con la persona a la que supuestamente encubrió, y por ello, aplica una excluyente absolutoria establecida en el artículo 350 del Código Penal. Y libró la acusación el 19 de enero de este año.
Esto ha derivado en que la investigación sea un nudo que la autoridad aún no logra desatar, al grado que se ha ofrecido una recompensa por parte de la Fiscalía General por un millón de pesos por cada uno de los dos presuntos responsables, Jorge Ernesto Gómez Galván y Samuel Rodolfo Vizcarra Velarde.
La recompensa se ofreció el pasado 26 de enero y hasta esta la fecha no hay rastro de los presuntos homicidas. Una sospecha que ha esparcido es que existen “pitazos” al interior de la Fiscalía que advierten a los implicados sobre los operativos para capturarlos.
El mismo gobernador se ha encargado de hacer públicas tales versiones: la fiscalía de su estado podría estar involucrada. Esto lo reveló a poco menos de una semana de que el crimen cumpla un año de impunidad.
“Ni siquiera ha resultado el ofrecimiento de una recompensa, no los hemos podido agarrar, no sé a qué se atienen ni quién los cuida. Lamentablemente no ha sido posible (la captura), ha habido intentos fallidos, ¿fallidos por qué? Porque muchos de las motocicletas, ya han visto eso ustedes, ¿verdad? Pues te informan quién te viene a ver… no quiero hablar de más pero sí me molesta, me mortifica mucho que no tengamos una respuesta clara para los periodistas”, fueron sus comentarios.
Una sola exigencia
Con un año a cuestas por el crimen, Danya recuerda a su tío. Entre las memorias que comparte se encuentra la de su decisión de estudiar una carrera profesional: la licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
“En parte fue por él, porque crecí viéndolo escribir”, dijo.
“Como su sobrina nunca me percaté de lo grande que era, porque sabía que era una persona grande con muchos reconocimientos, pero para mí era mi tío, era la persona con la que convivía los fines de semana, y después de todo esto vi la figura tan grande que era y cómo se le reconocía”.
En Sinaloa el gremio periodístico se sumó a las exigencias de la familia de Luis Enrique Ramírez Ramos, mediante la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio. La actual presidenta, Lidia Oralia Sarabia Abraján, lamentó que, a un año de impunidad, sea la injusticia el común denominador en las agresiones a comunicadores.
“A la fecha, pese a que las autoridades han identificado y ofrecido una recompensa por los presuntos implicados directos en este artero crimen, no han sido aún capturados; y la única detenida relacionada con estas personas y estos hechos, fue exonerada por los tribunales, sin siquiera llegar a ser vinculada a proceso”, dijo.
Reportaje publicado el 7 de mayo en la edición 2427 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.
Cortesía de Proceso.
Dejanos un comentario:
