CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) presentó un amparo contra autoridades de la Secretaría de Educación Pública “que impidieron” que empresas editoriales participaran en la elaboración de los Libros de Teatro Gratuitos (LTG).

El organismo que agrupa a más de 220 empresas dedicadas a la elaboración, edición, producción y distribución de libros y revistas en el país, señala en un comunicado que la solicitud de amparo fue admitida a evaluación por el juez de la Decimoséptima Administrativa en la Ciudad de México. Se lee:

“La demanda de amparo (…) está fundada, en los hechos, contra los acuerdos publicados el pasado 15 de agosto por la Secretaría de Educación Pública (06/08/23), que cancela los lineamientos para la selección, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos del nivel secundaria, publicado en el DOF el 12 de marzo de 2021, firmado por la entonces secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez.

“Hasta el pasado ciclo, la autoridad aprobaba de forma transparente y con criterios técnico-pedagógicos, de acuerdo con el programa y los lineamientos publicados por la propia Secretaría, las propuestas de libros de las editoriales para que los maestros seleccionaran libremente los idóneos de acuerdo con su experiencia en el aula y la diversidad de condiciones del país; al final, decenas de casas editoriales suplían a ese universo de maestros y alumnos.”

Explican que esa cancelación tiene como efecto que casas editoriales interesadas en participar con propuestas educativas para alumnos de nivel secundaria, no podrán elaborar proyectos de LTG y que éstos se sometan a aprobación de la SEP, como solía suceder.

Cuando se aprobaban, eran los maestros quienes seleccionaban los libros que consideraran adecuados para sus clases, lo cual coadyuvaba a la pluralidad en la educación y al reconocimiento a los maestros como agentes en el proceso educativo, afirma la Caniem.

Toda esa actividad en el programa de libros de texto gratuito implicaba generar empleos para hasta 6 mil especialistas, que incluían autores, editores, investigadores, ilustradores, iconógrafos, fotógrafos, correctores y diseñadores, detalla la Caniem.

Y agrega:

“Con la cancelación de este programa, la Secretaría de Educación Pública impone un sistema de libros de texto únicos que la propia SEP elabora. En el actual ciclo escolar existe un único libro para cada campo formativo (o materia). Esta drástica reducción de la oferta de materiales educativos para los alumnos mexicanos de secundaria proscribe la libertad de acceso a los docentes de secundaria a otros libros en este nivel educativo."

“Estos actos afectan a la CANIEM y a sus agremiados en virtud de que eliminan su derecho a participar en un proceso plural que se mantuvo exitoso por 25 años y aseguraba la competencia y la obtención de los mejores materiales educativos”, advierte el organismo.

“También afectan a la industria editorial en general y a sus miles de especialistas, en la medida en que les impide colaborar con la comunidad educativa para seguir impulsando el desarrollo de la educación en México”, señala.

Pero, sobre todo, “afectan a la niñez mexicana y a los maestros: sus posibilidades de aprendizaje se verán menguadas por la existencia de un libro único, en lugar de la amplia diversidad a la que tenían acceso con anterioridad…”.

Para apuntar:

“De obtenerse el amparo de la justicia federal, la Caniem y sus agremiados, volvería a tener vigencia el programa con el que la industria editorial ha podido ofrecer una diversidad de libros para secundaria, ahora ajustados al nuevo plan y programa de estudios de la Nueva Escuela Mexicana, en beneficio de la educación en el país.”

Cabe recordar que, a principios de agosto pasado, tras una serie de señalamientos y de errores detectados en los Libros de Texto Gratuitos de primaria para el ciclo actual, la Caniem emitió un comunicado deslindándose de ello.

La Caniem precisó que ninguna de las 32 editoriales agremiadas participó en esa edición, recordando también que la experiencia y el conocimiento de sus agremiados (hasta 2022), aunado a la “economía de escala”, permitían ofrecer al Estado Mexicano libros a precios más bajos de su valor en el mercado, “hasta 10 veces mejores al precio de venta al público”.