SAN FRANCISCO, Camp (Proceso).– Arrestos, abuso de autoridad, acoso judicial, ataques físicos y furtivos son algunas de las agresiones que periodistas en Campeche denuncian haber padecido desde el inicio de la administración de la gobernadora morenista Layda Sansores San Román.
Otro de los retos que enfrenta la prensa en el estado es el cierre de medios de comunicación luego de que la autoridad les niega asignaciones de publicidad oficial –que se paga con recursos públicos– por no ajustarse al discurso de gobierno.
El caso más reciente es el de Jorge Luis González Valdez, periodista de 72 años y exdirector del periódico Tribuna de Campeche, vinculado a proceso tras una acusación por calumnias y discurso de odio presuntamente cometidos contra la mandataria.
La jueza de control Guadalupe Martínez Taboada determinó como medidas cautelares que Jorge no podría ejercer el periodismo durante dos años y que el periódico Tribuna debería bajar su plataforma web.
Pero la persecución del Estado contra Jorge no es la única.
“En el gobierno de Layda Sansores es mucho más peligroso ejercer el periodismo en Campeche. Fui el primero en ser denunciado por violencia política de género. Tengo cinco demandas por parte del estado de Campeche, o sea, por la gobernadora, Layda Sansores, por Marcela Muñoz Martínez y del que era presidente del Congreso del Estado, Alejandro Gómez Casarín”, declaró en entrevista con Proceso el periodista Abraham Alberto Martínez Caamal.
Tanto la gobernadora como la titular de Seguridad Pública lo acusaron de los delitos de discurso de odio y violencia política de género.
Él actualmente está incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En abril de 2024 estaba manejando su auto en la Avenida Gobernadores de esta ciudad cuando agentes intentaron arrestarlo injustificadamente junto con su familia.
Además, para ese entonces, ya recibía amenazas de muerte que le llegaban mediante mensajes de texto y por parte de personas en la calle.
La gente de la policía, gente de Marcela Muñoz, me ha amenazado de muerte, responsabilizo a Layda Sansores y a ella si me pasa algo. Yo vivo ahora con miedo.
Desde el inicio de la administración de la gobernadora Layda Sansores, medios de comunicación como Novedades, Expreso, Crónica, El Sur y ahora la web de Tribuna se han visto obligados a desaparecer, este último por orden judicial.
Al igual que Jorge González, el periodista Abraham Martínez, quien dirige el medio el Reportero del Crimen, también fue nombrado en el programa “Martes del Jaguar”, que es la estrategia de comunicación de Layda Sansores, en la que tiene un segmento llamado “Ratinus” (emulando a Latinus), en el que descalifica el trabajo periodístico de los medios campechanos.
En el programa, la gobernadora se ha referido a algunos de estos periodistas y medios como el “cártel de los misóginos”.
Escalan agresiones
El 7 de febrero de 2023 lanzaron una bomba molotov y aprendieron fuego al auto del periodista Luis Armando Mendoza Leciano, quien ejerce desde hace 46 años. Mendoza señala que ha manejado una línea crítica sobre el gobierno de Sansores.
Luis también está bajo la protección del Mecanismo. Tras la agresión –relacionada con su labor periodística– continúa con la misma línea que calificó como crítica, pero no descarta que pudiera ser denunciado, como le pasó a Jorge Luis González.
Uno no deja de preocuparse porque estamos viendo que este gobierno está decidido a llamar la crítica y ya vimos que es capaz de hacer uso del aparato judicial para su objetivo. Yo mantengo mi línea crítica, pero no descarto que también me puedan instaurar una demanda por incitación al odio.
La organización periodística Artículo 19 ha estado en contacto con Jorge Luis González Valdez desde principios de mayo. Conocían los antecedentes de que éste no tenía una relación laboral con Tribuna desde 2017, por lo que les parecía poco probable que fuera vinculado a proceso por las publicaciones de unos textos de los años 2022 y 2023, ya que él acreditó que estaba jubilado.
Una de las anomalías en este caso es que el consejero jurídico de Campeche, Juan Alcudia, conocía el resultado de la audiencia de vinculación, sobre lo que habló en la conferencia del Martes del Jaguar del 10 de junio.
“Está muy claro que el consejero jurídico dio a conocer que se le iba a vincular proceso a Jorge y al medio se le iba sancionar; o sea, ya se estaba adelantando y dando la primicia de lo que sería el resultado de la audiencia del viernes”, expuso Rubén D. Silva, abogado del programa de protección y defensa de la oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica.
Al exdirector de Tribuna le queda apelar las medidas cautelares.
Enrique Pastor Cruz Carranza tiene una trayectoria periodística de 40 años y fue Premio Nacional por análisis crítico en 2008. Desde hace 10 años, junto con su esposa, está incorporado al Mecanismo de Protección.
En la administración del exgobernador Fernando Ortega Bernés, éste lo acusó de lavado de dinero y ser halcón de los Zetas.
Ahora, en la administración de la gobernadora Layda Sansores, enfrenta un nuevo veto, sumado a que ha sido víctima de al menos tres atentados contra él y su familia.
“Hace dos años, en mayo, regresando de un reportaje de Champotón me tiraron una piedra de cuatro kilos en el parabrisas de noche; mi esposa y yo estamos en el Mecanismo desde hace 10 años, mi casa parece un reclusorio”, narró.
Las agresiones físicas contra él y su familia se recrudecieron en 2020, después de que acudió a la conferencia mañanera del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y cuestionó el trabajo de la gobernadora:
La gobernadora devolvió por subejercicio 879 millones de pesos porque según no hay donde aplicarlos en Campeche y declara en su primer año que no pudo hacer una obra porque fue un año diagnóstico. Yo le dije al presidente que no puedo creer que haya un diagnóstico cuando fue cuatro veces aspirante a gobernadora, dos veces senadora y dos veces diputada federal.
Carranza
Para Leopoldo Maldonado, director Regional de Artículo 19, las medidas cautelares contra el periodista Jorge Luis González Valdés reflejan no sólo una crisis de contrapesos críticos, sino también de un Poder Judicial al servicio del Estado.
“Ante todo esto, ¿dónde están los contrapesos? ¿Dónde están los medios de defensa institucionales de las libertades? En ese sentido el panorama es más desolador. Tenemos un Poder Judicial capturado, incapaz de revertir estas normas. Las comisiones públicas de derechos humanos, incluida la CNDH, están entregadas al poder”, escribió Maldonado en un artículo sobre el tema.
El gremio de periodistas de Campeche se está organizando y en solidaridad con Jorge realizó una protesta el 17 de junio. No obstante, los entrevistados para esta nota coincidieron en que la participación fue poca porque existe temor a la persecución de gobierno de Layda Sansores.
Cortesía de Proceso.
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