Aunque la primera versión oficial sobre la causa de la matanza del sábado 20 en San Vicente Ferrer apunta a un enfrentamiento de bandas delictivas, el fallecimiento de un delegado y de un operador político en ese ataque desató sospechas y cuestionamientos a la gobernadora del estado y al alcalde de Ensenada. El inédito decomiso de cocaína en el puerto de esa ciudad añadió suspicacias al debate.
ENSENADA, B.C (Proceso).– A bordo de un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos, los sicarios rondaron el viernes 19 la delegación de San Vicente Ferrer, a 84 kilómetros del puerto de Ensenada, y esperaron la llegada del contingente del paseo recreativo denominado “Cachanillazo 2023”.
En el área de Playa Hermosa, en la ciudad porteña a poco más de una hora con la frontera sur californiana, el ambiente era de fiesta: la gente disfrutaba con la exhibición de cientos de vehículos participantes.
No era una competencia ni un rally, sino la quinta edición de un paseo recreativo, cuya convocatoria –avalada por el ayuntamiento de Ensenada– especificaba que, tras el pago de una inscripción no especificada, se tendría acceso a la “ruta guiada archivo GPS”, además de “asistencia de primeros auxilios” y “seguridad las 24/7”.
Sin embargo, no establecía un recorrido oficial, a diferencia de las populares carreras fuera de camino como la Baja 1000 y Baja 500.
A las nueve horas del sábado 20, según la inscripción, iniciaría el viaje; aficionados a este tipo de encuentros comentaron a Proceso que al parecer la intención era llegar hasta San Quintín y regresar al puerto, aunque nunca lo tuvieron claro.
Pasadas las14 horas, las alertas y videos comenzaron a circular en redes sociales para advertir que, a la altura del kilómetro 90 de la carretera Transpeninsular y en la delegación citada había ocurrido una balacera.
Las primeras imágenes mostraron a un grupo encapuchado con armas largas cuando acribillan a un vehículo todoterreno con los tripulantes a bordo, e incluso acercándose para rematarlos, mientras la gente alrededor huía.
Después circularon otras grabaciones que dieron cuenta de la consternación de los testigos de la matanza; el ruido de los disparos a distancia y los cadáveres tirados a un costado del camino, mientras las autoridades federales resguardaban la delegación de unos cinco mil habitantes y menos de 200 comercios.
Fueron asesinadas 10 personas, entre ellas una mujer, y 10 resultaron heridas, incluido un niño de 13 años.
Entre los muertos están el delegado de San Antonio de las Minas, José Eduardo Orozco Gil, operador político del Partido del Trabajo (PT) de Ensenada –como lo confirmó la organización en una esquela que difundió en redes sociales–, y Alonso Arámbula Piña, El Trébol, señalado como presunto integrante del Cártel de Sinaloa (CDS).
Ambos viajaban en el vehículo todoterreno Can-Am Maverick, valorado en más de 700 mil pesos, en cuyo parabrisas se apreciaban a simple vista al menos 11 impactos de bala. Las autoridades atribuyeron el ataque a la confrontación de grupos de la delincuencia organizada.
Dos de los lesionados fueron atendidos en San Vicente Ferrer y los demás, llevados al Hospital General de Ensenada. El menor fue sometido a una operación de sonda pleural, para trasladarlo el martes 23 a Estados Unidos, según informó personal de salud.
De acuerdo con las cifras oficiales, hasta la preparación de este reportaje, entre las víctimas había “tres en condición grave y siete estables y dados de alta”.
Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Ensenada, cuyas instalaciones se han mantenido fuertemente vigiladas. Conforme a los datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta el lunes 22 solamente se habían acercado cinco personas a reclamar cuerpos.
Familiares de Roberto Isaías Tito Ayala, uno de los abatidos, abrieron una cuenta en la plataforma Gofundme a fin de recabar fondos para trasladar sus restos a San Diego, California, además de aclarar: “Era un espectador inocente. Isaías simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y lamentablemente murió corriendo por su propia vida”, según el testimonial compartido en la página. Hasta el momento han recaudado más de 13 mil dólares.
La víctima tenía 22 años, esposa y una hija de cuatro años. Acababa de comprar su carro y era su sueño participar en este tipo de recorridos.
Del domingo 21 al miércoles 24 en diferentes puntos del puerto de Ensenada han aparecido tres narcomantas que señalan a los supuestos autores intelectuales, pero hasta el cierre de esta edición las autoridades no se han pronunciado al respecto.
Miedo, caos y 253 casquillos
Personal de la FGE regresó con 253 casquillos de San Vicente Ferrer y refirió que habían sido usadas por lo menos13 armas de fuego: cuatro cortas (una calibre 38 súper y tres calibre 9 mm); siete armas largas (calibre .223 mm) y dos AK-47 cuernos de chivo.
A su vez, dieron cuenta de ocho vehículos involucrados, incluyendo el de los agresores: una camioneta Infinity Qx60 negra y con vidrios polarizados, con al menos tres impactos de bala y rastros de sangre en su interior; tenía reporte de robo desde abril pasado.
Las unidades están resguardadas en los patios de la dependencia estatal mientras se realizan las averiguaciones.
El general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), y Ricardo Iván Carpio Sánchez, fiscal general de Baja California, confirmaron el lunes 22, en conferencia de prensa, la versión del enfrentamiento.
Toda la información que tenemos, toda la evidencia recolectada hasta el momento, nos da un indicativo que fue un ataque directo de una confrontación entre dos grupos antagónicos”, puntualizó Aguilar Durán.
Carpio Sánchez explicó: “Primero hubo una agresión en contra de un grupo”, que fue repelida con armas de fuego. El principal objetivo al parecer era El Trébol, también conocido como El Sonrics o Loncho.
Pese a la gravedad del caso, la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda tardó cuatro días en fijar su posición, además de que la cadena de hechos cuestionó las labores de seguridad en la entidad.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2430 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.
Cortesía de Proceso.
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