CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó revisar nuevamente el caso de Sandra Camacho, joven de 17 años que fue asesinada por Javier Méndez Olavalle en el año 2013, y dictar una nueva condena en su contra.
Ayer, durante la sesión de la Primera Sala de la Corte, los ministros discutieron el amparo tramitado por los padres de Sandra en el que impugnaron la condena de 50 años de prisión impuesta a Méndez Olavalle por feminicidio.
Juan Camacho y Nieves Aguilar, padres de la joven indicaron que la resolución, emitida por un juez de la Ciudad de México, no tomó en consideración la violencia de género presente en el caso ni que su hija era menor de edad al momento del crimen.
El proyecto de resolución, propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, fue aprobado por unanimidad en la Sala, con lo que generó jurisprudencia obligatoria para todos los juzgadores del país.
“Como se advierte, el uso del lenguaje con perspectiva de género en los casos de feminicidio cobra especial relevancia, ya que no sólo constituye una herramienta para evitar la reproducción de prejuicios o estereotipos de género que revictimizan y responsabilizan a las víctimas, sino que también posee un potencial simbólico al fungir como una medida de reparación que permite redignificarlas y reconocer su historia de vida más allá de las circunstancias que rodearon su muerte”, expuso la resolución de Carrancá.
Javier Méndez Olavalle asesinó a Sandra Camacho en un departamento de Tlatelolco, mutiló su cuerpo y dejó abandonados sus restos en la vía pública. Los hechos ocurrieron en 2013, cuando la joven tenía 17 años.
La Corte enfatizó que el victimario abusó de su relación de confianza con la víctima para abusar sexualmente de ella y ordenó a las autoridades judiciales de la Ciudad de México sumar esa agravante de género a la sentencia e implementar medidas de no repetición de los hechos.
“Además, estas consideraciones refuerzan la idea de la ‘buena’ y ‘mala’ víctima: la primera representada por quien es recatada, discreta y mantiene su vida en privado; la segunda, por quien publica fotografías y comparte públicamente sus gustos y preferencias, lo que, bajo esta lógica, implicaría que la agresión fue consecuencia de haber ‘exhibido’ su persona y su estilo de vida” explicó el ministro.
Asimismo, la resolución exhorta a las autoridades de justicia en el país a no utilizar lenguaje sexista y cosificante en los expedientes de justicia, ni incurrir en la revictimización.
Desde 2013, los padres de Sandra lucharon para lograr la sentencia máxima para el feminicida, la cual, con esta resolución, podría llegar a 60 años.
Cortesía de Proceso.
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