ACAPULCO, GRO. (apro).- Tres balas disparadas por un solitario pistolero acabaron con 22 años de lucha de un hombre en defensa del agua y la tierra de 21 comunidades de Guerrero que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien pretende explotar desde principios de este siglo para generar energía eléctrica y abastecer de agua al puerto de Acapulco.
A Marco Antonio Suastegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), lo mató un hombre que la noche del viernes 18 de abril de 2024; se le acercó y le disparó en ocho ocasiones en una calle oscura cerca de la playa Icacos de Acapulco, donde prestaba servicios turísticos.
Agonizó ocho días en un hospital privado mientras fuerzas de seguridad lo resguardaban, ya herido de muerte. Fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones por las lesiones provocadas en abdomen, tórax y cuello.
A las 14: 20 horas de este viernes 25 de abril el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó su fallecimiento.
El dirigente tenía 49 años. Fueron más de dos décadas de lucha social que le costaron tres encarcelamientos, la desaparición de su hermano Vicente y finalmente su vida.
La construcción de la presa La Parota de la Comisión Federal de Electricidad se planeó desde 1976 con los primeros estudios técnicos.
En el transcurso de los años se hicieron estudios socio ambientales, geológicos y de viabilidad económica. En 2003 maquinaria pesada entró a las comunidades para iniciar su construcción.
El mega proyecto de la CFE ha buscado desde entonces, sin éxito, explotar las aguas de los ríos Papagayo y Omitlán afectando cinco municipios del estado.
Sin embargo, documentó el Centro Tlachinollan, la obra inundaría tierras y territorios de 21 comunidades obligando a desplazar a más de 20 mil personas y afectaciones para unas 70 mil habitantes de la región.
En total 17 mil hectáreas serían afectadas directa e indirectamente.
El proyecto, de acuerdo a los promotores, generaría electricidad para la región central del país y garantizaría el abastecimiento de agua potable para Acapulco en 50 años.
En ese proceso nunca hubo una consulta adecuada a los pueblos que se verían afectados por el proyecto, indica el estudio Derecho al territorio y a la consulta. Proyecto Hidroeléctrico “La Parota”, del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, publicado en junio de 2011.
Marco Antonio Suástegui Muñoz sacrificó su profesión de arquitecto por el Instituto Tecnológico de Acapulco por defender junto a cientos de ejidatarios sus tierras y ríos.
En 2003, cuando Marco Antonio Suástegui tenía 23 años iniciaron las hostilidades en su contra. Ese año fue encarcelado por el ahora ex gobernador priista Rene Juárez Cisneros en el penal de Las Cruces de Acapulco. En junio de 2014, en el gobierno del perredista Ángel Aguirre, fue recluido acusado de robo calificado contra un empresario que explotaba grava.
Y en el gobierno del priista Héctor Astudillo, en enero de 2017, junto a su hermano Vicente Iván, fue recluido acusado de múltiple homicidio tras un enfrentamiento entre policías comunitarios del pueblo La Concepción y autoridades de la comisaría municipal.
En todos los casos Marco Antonio fue declarado inocente de parte de los jueces ante la falta de pruebas sólidas.
La madrugada del 7 de enero de 2018 en La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahutepec, hubo un enfrentamiento que dejó a integrantes del CECOP muertos.
Cuando los reporteros llegaron constataron que los cuerpos ya estaban envueltos en sábanas.
Más tarde 200 policías estatales, ministeriales así como militares de la Marina y el Ejército, apoyados de un helicóptero, rodearon a 30 policías comunitarios y pobladores que no pusieron resistencia. Y los masacraron.
El gobierno del estado del priista Héctor Astudillo aseguró que 11 personas murieron y acusaron que los policías comunitarios detenidos llevaban mariguana y armas de uso restringido.
En un comunicado, la Policía Comunitaria de la CRAC informó que la masacre en los bienes comunales de Cacahuatepec fue una provocación para “liberar a dos peligrosos delincuentes” que habían sido detenidos.
Uno de ellos Iván Soriano Leal, ex militar, aprehendido por la Policía Comunitaria en La Concepción por encabezar a un grupo de sicarios que tenían el objetivo de asesinar al dirigente de la CECOP, Marco Antonio Suástegui
Otra de sus luchas fue salir a buscar apoyo alimentario y rehabilitación de los daños para familias y ejidatarios damnificados de los bienes comunales de Cacahuatepec por los huracanes Ingrid y Manuel, Otis y John.
El 5 de agosto de 2021, su hermano Vicente Iván Suástegui Muñoz fue desaparecido por presuntos criminales y hasta la fecha se desconoce su paradero. Marco Antonio se puso al frente de la búsqueda de su hermano. Reiteradamente denunció la inacción de las autoridades para investigar y buscarlo.
Desde 2024, denunció amenazas en su contra en la playa de Acapulco donde prestaba servicios turísticos y era representante de Turisteros Unidos en Defensa de la Playa Icacos.
Por el hostigamiento a raíz de la desaparición de su hermano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a él y su familia.
En tiempos de campaña electoral a Marco Antonio Suastegui lo buscaban los candidatos. Él respaldó a quienes le prometieron coincidir en la lucha de los comuneros, aunque en el poder se desistieron, como Ángel Aguirre, Andrés Manuel López Obrador, Abelina López Rodríguez, Evelyn Salgado y Félix Salgado Macedonio.
Autoridades locales, federales, activistas, académicas, así como organizaciones sociales nacionales e internacionales lamentaron su muerte y exigieron castigo a los responsables.
El Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que dio a conocer la noticia exigió una investigación exhaustiva y castigo a los responsables del crimen contra uno de los luchadores más importantes de la entidad.
Amnistía Internacional exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación eficaz considerando su labor y al Mecanismo de Protección Federal a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas protección urgente para su familia.
Mientras que el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla pidió a las autoridades ministeriales no descartar ni una línea de investigación.
Por su parte la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos exigió a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y eficaz que considere la labor de Marco Antonio Suástegui por la defensa de la tierra y el territorio.
Cortesía de Proceso.
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