CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, no descarta “fuego amigo” por su aspiración a la gubernatura de Aguascalientes, su tierra natal, tras darse a conocer que adquirió una lujosa propiedad valuada en 4.8 millones de dólares y ubicada en Rancho Santa Fe, California, una de las zonas más costosas en Estados Unidos.
El diputado detalló que él no ha estado ajeno a ese tipo de “ataques”, ya que en años pasados ha participado como candidato en Aguascalientes
“No he sido ajeno nunca a este tipo de ataques. Ya fui candidato en dos ocasiones a la presidencia municipal de Aguascalientes. Gané la encuesta las dos ocasiones. Y a la propia gubernatura en 2022 y también gané la encuesta, aunque no pude participar por razón de paridad de género”, aseguró en conferencia de prensa.
“Y sí, efectivamente, como dice el doctor, la contienda interna de pronto tiende a tener este tipo de situaciones. Ojalá y no sea el caso, porque sería muy lamentable que entre compañeras y compañeros del movimiento estuviéramos atacándonos”, explicó.
Arturo Ávila resaltó que él juega limpio, incluso cuando no compitió por la gubernatura de Aguascalientes por razones de género.
“Yo nunca lo he hecho. Yo siempre juego limpio. Incluso, cuando gané la encuesta de la gubernatura en 2022 y me piden apoyar la razón de la paridad de género a la que entonces fue candidata a gobernadora, yo decidí sumarme con todo como coordinador de la defensa del voto de ella y logramos resultados en la defensa del voto de primera. Entonces, yo espero que no sea el caso, espero que no sea el caso porque sería muy lamentable para el movimiento”, enfatizó.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) determinó que Ávila adquirió la casa mediante una hipoteca en marzo del 2024, a la par del bloqueo de cuentas bancarias que enfrentó IBN Industrias Militares de Alta Tecnología Balística SA de CV, grupo empresarial encabezado por él y su esposa, Clayna Scarlett Aiza Verboonen.
MCCI señaló que la hipoteca de 1.9 millones de dólares (alrededor de 38 millones de pesos), se liquidó en un plazo aproximado de dos meses, según la declaración patrimonial entregada a la Cámara de Diputados.
Cortesía de Proceso.
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