Señor director:
El domingo 27, el portal digital de la revista Proceso publicó la nota “Sin nada a cambio, y bajo amenazas de Trump, México aceptó recibir a inmigrantes”, firmada por Maurizio Guerrero. El artículo se deriva del libro Border inrs, firmado por Julie Hirschfeld Davis y Michael Shear, sobre el que ya he realizado varias precisiones. No obstante, lo anterior, me permito señalar lo siguiente:
La negociación entre el gobierno del presidente Donald Trump y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado siempre dirigida por el propio presidente y por el secretario Marcelo Ebrard. No han existido negociaciones secretas dirigidas por Javier López Casarín, ni durante el periodo de transición, ni después de la toma de posesión, corno lo sugiere el capítulo treinta del libro. Todas las conversaciones con Estados Unidos se han dado con la protección de los intereses de México y los principios que ha abanderado el presidente López Obrador desde el inicio de su administración como líneas rectoras. No existe colusión entre ambos gobiernos ni con respecto a la aplicación unilateral de la sección 235 (b)(2)(c) de la Ley de Nacionalidad e Inmigración de Estados Unidos ni en materia de política migratoria en general.
El actual gobierno de México ha sido muy transparente con respecto a las interacciones con el gobierno de Estados Unidos. Las negociaciones entre ambos países, necesarias cuando los temas son compartidos, tradicionalmente se llevaban a cabo a puerta cerrada y bajo total secrecía. En contraste, el secretario de Relaciones Exteriores compareció ante el Senado de la República, tras las negociaciones de junio en Washington D.C., e incluso presentó su agenda completa de reuniones e hizo públicos todos los documentos y acuerdos firmados entre ambos gobiernos.
Las interacciones diplomáticas del Gobierno de México con el Gobierno de Estados Unidos parten de un claro contraste de visiones, particularmente en materia migratoria. Existe además una amplia asimetría de poder entre ambos países. No obstante lo anterior, México se ha mantenido firme en su apuesta por un Plan de Desarrollo Integral como respuesta al fenómeno migratorio y firme también en su negativa a participar en el esquema de Acuerdos de Tercer País Seguro como lo pretendía el gobierno de Estados Unidos.
El camino diplomático, aunque complicado, ha dado frutos. El Plan de Desarrollo Integral, con el apoyo de 35 países, 8 organismos internacionales, 5 agencias de cooperación y 16 agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas avanza. En concreto, la Corporación de Inversión Privada del Gobierno de Estados Unidos (OPIC) ha desembolsado 187 millones de dólares para apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en el sur del país. Además, se firmaron cartas de intención de financiamiento que movilizarán 800 millones de dólares y seis proyectos más, por 888 millones de dólares, están en proceso de diligencia avanzada, para un gran total de 1,875 millones de dólares en curso.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, a través de OPIC, aprobó un financiamiento de 350 millones de dólares para construir la planta de energía térmica más grande en El Salvador. Su construcción aumentará la capacidad de producción de energía de El Salvador en un 23% y creará 1,500 empleos. Asimismo, México ha comprometido 60 millones de dólares para la implementación de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en Honduras y El Salvador. El año entrante se estima un monto adicional de 30 millones de dólares para impulsar ambos programas en Guatemala.
Lo anterior es una clara prueba de nuestra estrategia: ante dos posiciones contrastantes, el diálogo y la diplomacia permiten encontrar soluciones inteligentes. De este modo, frente al gobierno de Donald Trump, evitarnos la imposición de tarifas arancelarias rechazando la opción de un Tercer País Seguro y reafirmando nuestra apuesta por atender las causas profundas de la migración. Con base en el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos agradezco la publicación de la aclaración de la nota.
Roberto Velasco Álvarez
Director General de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Respuesta del reportero:
La misiva de la Cancillería refiere que la Corporación de Inversión Privada del Gobierno Estados Unidos (OPIC) ha invertido hasta el momento 187 millones de dólares para apoyar empresas en el Sur de México. Menciona que hay otros proyectos de infraestructura, aunque ninguno ha comenzado a construirse.
Según el libro de reporteros del diario The New York Times, México acordó recibir solicitantes de asilo en su territorio a cambio de una inversión en la frontera sur y en Centroamérica de 10 mil millones de dólares. Es decir, Estados Unidos ha invertido apenas 1.8 por ciento de lo comprometido.
Un vocero oficial de la Cancillería declaró a Proceso que, en efecto, la promesa de inversión de 10 mil millones de dólares “no ha podido hasta ahora concretarse en algo”, y reiteró la idea más adelante. Una copia del audio de esa conversación está en poder de la Cancillería.
Maurizio Guerrero
Reportero
Cortesía de Proceso.
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