CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, afirmó que la falta de elementos e información así como la buena reputación del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se conjugaron para que la institución no lo investigara por supuestos vínculos con el narcotráfico.
En entrevista con Proceso, la exfuncionaria consideró que pese a que ningún procedimiento derivado de la “Operación Limpieza” —que ella encabezó cuando era titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) (SIEDO)— concluyó en sentencia condenatoria, ésta dio resultados.
“Se actuó conforme lo que había en esos momentos con las pruebas, los indicios, la información con la que se contó en su momento, y de esta manera se pasó al Poder Judicial para que ahí se resolvieran los asuntos, y pues así fue, de una manera contundente (…) fue un trabajo interinstitucional que trajo resultados que se hicieron públicos en su momento”, refirió.
Creo que son esfuerzos que se tienen que hacer siempre, que son dolorosos cuando hay información de que servidores públicos están involucrados con alguna organización criminal, pero que se tiene que actuar.
Dicha operación fue emprendida en la PGR durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón y se enfocó en procesar a funcionarios federales supuestamente coludidos con el narcotráfico, de los cuales fueron detenidos 25 sin que ningún caso pudiera sustentarse en tribunales.
La mayoría de los casos se basaron en el uso de la figura de testigos protegidos, por la que incluso Morales Ibáñez fue denunciada por alteración de evidencias, aunque la actual FGR decretó el no ejercicio de la acción penal en su contra.
La exprocuradora explicó a esta casa editorial que esta figura estaba prevista en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada vigente desde el año 1996 pero que, después de eso, el Congreso de la Unión nunca emitió una ley secundaria para fijar las reglas a seguir cuando en un caso existiera un testigo protegido.
“Cuando tuve la oportunidad de platicar con los senadores cuando iba a ser ratificada en el Senado como procuradora general, entre las entrevistas que tuve con varios grupos parlamentarios, les expuse esto y les dije que es importante que las instituciones estén soportadas por esas reglas sobre la protección que debe tener una persona que declara un procedimiento penal, porque al no existir, entonces, ¿quién iba a querer venir a declarar contra un narcotraficante? ¿Y cómo lo protege el Estado?”, recordó.
Por ello, el Congreso de la Unión emitió la Ley Federal para la Protección de las Personas que Intervienen en un Procedimiento Penal, misma que entró en vigor en junio de 2012.
Pese a afirmar que esa ley no estaba vigente cuando ella era procuradora, Morales Ibáñez comentó que de manera interna sí había una reglamentación en la PGR, pero que era insuficiente.
“Había una regulación interna, pero eso no es suficiente, porque se necesitaba que fuera más allá, que trascendiera a lo que es una ley, que se respeta, se cumple y se aplica”, agregó.
Regreso al servicio público
Hasta el año 2018 Marisela Morales fue cónsul de México en Milán, Italia, puesto que ocupó desde el año 2013, luego de concluir el sexenio de Calderón, expresidente con el que ella se convirtió en la primera mujer en encabezar la PGR.
Aunque pasó todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo que va del actual fuera del servicio público, ahora busca regresar como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la elección del próximo 1 de junio.
Desde ese puesto buscará, afirmó, lograr que la Defensoría Pública federal deje de depender del Poder Judicial de la Federación (PJF), así como fortalecer la capacitación de los defensores públicos, pero también de los policías y ministerios públicos.
Agregó que su principal garantía de imparcialidad es que no pertenece a ningún partido o grupo político.
“Siempre actué de manera imparcial y, sobre todo, de una manera institucional, profesional, y los resultados están escritos, y eso es importante porque como no tengo partido ni tengo grupo político, solamente tengo mi trabajo, mi carrera, y mi compromiso siempre ha sido con la justicia”, explicó.
Morales Ibáñez es identificada como una candidata cercana a las Fuerzas Armadas, y aunque no confirmó que sea la favorita de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ocupar un puesto en la Corte, tampoco negó el apoyo de dicho sector.
“A mí me da gusto que me digan que alguna institución o algún grupo me está apoyando, porque eso quiere decir que me tienen confianza y a mí me honra que me tengan confianza, y más una institución como el Ejército, con el que además trabajé y que me conocen”, dijo.
“No es una cosa de que en algún momento (la Sedena) me externe una situación formal de apoyo, pero en las reuniones que he tenido en diferentes estados con mucha gente he recibido muchas muestras de apoyo (…) y creo que todos los sectores con los que trabajé, exprocuradores, excolegas, gente de la academia, mis compañeros de la escuela pueden dar testimonio de mi trabajo, de lo que he hecho, cómo lo he hecho, y en ese sentido las Fuerzas Armadas siempre fueron y siguen siendo muy importantes en el trabajo que he hecho a favor del país en materia de seguridad”.
“No había elementos”
Desde el año 2008 Proceso comenzó a documentar las irregularidades que apuntaban a que el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna tenía vínculos con el narcotráfico.
Aunado a ello, durante la administración de Marisela Morales en la PGR hubo denuncias públicas de personas como Javier Herrera Valles, excomisario de la extinta Policía Federal (PF), y hasta una carta escrita por Édgar Valdez Villarreal La Barbie, que en noviembre de 2012 también apuntaba a que el exsecretario García Luna recibía dinero del narcotráfico.
—¿Por qué la PGR no investigó a Genaro García Luna? —se le preguntó.
—No había información fidedigna que realmente pudiera llevar a pensar que esas cosas estuvieran pasando, pero finalmente todo lo que llegaba se investigaba. Los testigos no vinieron a declarar aquí, declararon allá, por lo que supe, en Estados Unidos, y pues bueno, eso también es un tema que tampoco está en el alcance de ninguna persona, y creo que eso es importante. De lo que nosotros pudimos hacer, lo hicimos contra cualquier servidor público, pero si no teníamos elementos tampoco podemos nosotros, en un momento dado, proceder”, apuntó.
“Además era impensable, porque era reconocido en Estados Unidos, era reconocido en otros países, y en México era parte de un gabinete, pero no se tenía información de que pudiera haber los elementos contundentes para eso”.
Al ser preguntada sobre si las denuncias fueron investigadas pero no hubo elementos para procesar, Morales Ibáñez precisó que cuando la PGR recibía una denuncia lo primero que se hacía era reunir información con lo que se denunciaba y si a partir de ahí resultaba que sí se reunían los requisitos para continuar investigando más a fondo, se hacía.
—¿Qué pesó cuando se enteró que judicialmente se declaró que Genaro García Luna sí tenía nexos con el narcotráfico? —se le insistió.
—No sé si esté comprobado o no, porque no tengo el expediente en mis manos. Lo único que puedo decir es que cada quien es responsable de sus actos, tiene que responder por lo que tenga que enfrentar. Fue una sorpresa para todos cuando nos enteramos, porque es un tema en el que, repito, información fidedigna real que pudiera llevar a algo, no había.
Yo era la subprocuradora y después la procuradora, esos casos no los llevaba yo directamente, y es importante porque hay independencia del Ministerio Público. Yo tenía, de acuerdo con mis funciones, otras actividades representando a la institución y atendiendo los compromisos a nivel internacional, entonces digamos que el Ministerio Público es quien llevaba las investigaciones. Cada quien tiene su responsabilidad o no, que tendrá que enfrentar aquí o donde sea, pero así están establecidos los límites de actuación en cada una de las dependencias. Cada quien tiene su facultad y sus requisitos, y pues eso ya no me corresponde.
El sucesor de Morales Ibáñez al frente de la PGR fue Jesús Murillo Karam, actualmente vinculado a proceso por la creación de la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.
Pese a que el exprocurador sí está enfrentando un proceso penal por ese caso, Marisela Morales consideró que el expresidente Enrique Peña Nieto no necesariamente tendría que correr la misma suerte.
“Creo que cada quien tiene que responder por sus actos de manera individual, y con todo mi respeto a todos los procuradores que han estado en el cargo, finalmente es un cargo en el que no eres tú, eres una institución y son varias las personas que intervienen. A ti te toca dar la cara porque eres el titular, pero finalmente es un trabajo que hacen los ministerios públicos, los titulares de unidad, los coordinadores, o sea, es un trabajo de una institución entera, entonces realmente creo que no podemos tampoco señalar como iguales a todos. Sin embargo, no tengo el expediente de Ayotzinapa, no fue en mi época y no puedo opinar ni siquiera del exprocurador y mucho menos de un expresidente”.
Cortesía de Proceso.
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