CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En vísperas de que se cumplan 12 años de la desaparición forzada y ejecución del luchador social Arturo Hernández Cardona, su familia y la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDIAC), solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y someter al Estado mexicano al escrutinio internacional.
Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular Emiliano Zapata, y exdirigente del PRD en Guerrero, fue secuestrado el 30 de mayo de 2013, junto con cinco activistas, después de una protesta contra el alcalde José Luis Abarca. Su cuerpo sin vida y con signos de tortura fue localizado el 3 de junio de ese año, junto con otros dos integrantes de su agrupación.
En su libro “Gracias”, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el encarcelamiento de Abarca se atribuía al asesinato de Hernández Cardona, a quien admitió conocer como “un luchador social radical”, consideró su muerte como un antecedente importante de lo que vendría un año después en Iguala, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa la hija de Hernández Cardona, María Soledad Hernández Mena, denunció que a pesar de los riesgos para ella y su familia y de que están vigentes medidas cautelares otorgadas por la CIDH, “sin explicación” les han sido retiradas.
“Desde que se fue Alejandro Encinas (de la Subsecretaría de Derechos Humanos) nos retiraron las medidas de seguridad, ni una patrulla de género nos resguarda y hasta el botón de pánico retiraron a pesar de que las amenazas continúan y que nos obligaron a salir de Iguala”, dijo Hernández Mena.
Ante las amenazas continuas a su integridad, la hija de Hernández Cardona solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum la reintegración de las medidas de seguridad, pues aún son consideradas vigentes por las emitidas por la CIDH.
A ese llamado se sumó Héctor Arroyo Delgado, quien fue víctima de desaparición forzada junto con Hernández Cardona y testigo de la ejecución extrajudicial, del líder social, y quien fue considerado en las medidas cautelares 185-13, junto con los otros dos sobrevivientes y testigos, y tres hijas de Hernández Cardona.
Arroyo Delgado explicó que, desde hace 12 años, él y su familia han vivido a salto de mata debido a las amenazas que han recibido, teniendo que dejar su casa en Iguala por temor a sufrir alguna represalia por haber rendido su testimonio en contra de Abarca y funcionarios que participaron en la desaparición forzada, la tortura y el asesinato de Hernández Cardona.
En la conferencia de prensa contó que se siente perseguido incluso por autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) adscritos a la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa, a los que acusó de haber allanado su domicilio en Iguala y simulado un robo.
“Me buscaban para que fuera de testigo del caso Ayotzinapa, pero no tengo relación en ese asunto, la fiscalía especializada del caso Ayotzinapa sacó una orden y los ministeriales me anduvieron buscando y se me metieron a mi casa simularon un robo.
“Quiero pedir a la presidenta Claudia Sheinbaum que hable con la FGR, que intervenga y les diga que se aplaquen, porque ya es un hostigamiento, que me dejen en paz”, urgió.
Ernesto Rodríguez y Magdalena López Paulino, representantes de la RSDIAC, llamaron a la CIDH a enviar el litigio por el asesinato de Hernández Cardona ante la Corte IDH, toda vez que desde que el caso fue ingresado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, “el Estado mexicano ha sido omiso en atender las medidas de seguridad para las hijas del luchador social y los testigos”.
Ernesto Rodríguez explicó que, desde que fue ingresada la petición a la CIDH el 23 de febrero de 2022, el caso ha avanzado favorablemente, por lo que se estaría esperando que próximamente se “emita el informe de admisibilidad y el de fondo, en un caso en el que se registró la desaparición forzada del ingeniero Hernández Cardona, tortura y ejecución extrajudicial, situaciones que no prescriben y son condenadas a nivel internacional”.
Magdalena López Paulino explicó que el Estado mexicano no ha dado “ninguna explicación” al retiro de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, por lo que el organismo tendría argumentos sólidos para enviar el caso Hernández Cardona directamente a la Corte.
De manera ordinaria “la CIDH suele enviar el Informe de Fondo al Estado para que se establezcan mesas de negociación, pero ante el abandono a las víctimas indirectas y a los testigos del caso, lo que estamos pidiendo es que el caso se vaya directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no queremos que pasen dos años de supuestas negociaciones para que el caso termine en la Corte.
“La CIDH tiene facultades para decidir si un caso pasa directamente a la Corte, considerando la falta de respuesta del Estado y consideramos que en el caso de Arturo Hernández Cardona se justificaría esta medida”, apuntó la defensora.
En el comunicado de prensa, la RSDCIAC incluyó la cita textual de la página 526 del libro “Gracias” en la que López Obrador menciona Hernández Cardona, a quien el expresidente calificó como “un luchador radical, por lo cual no era bien visto por alguno y con esa mentalidad de antaño se le consideraba un hombre conflictivo”.
La organización cuestionó: “¿Es por lo que Obrador escribió que se les está negando las medidas de protección a las víctimas directas e indirectas de este caso? ¿por considerarlos activistas radicales?”.
Cortesía de Proceso.
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