23 Años de Transparencia en México: un análisis crítico y los desafíos actuales sin el INAI. Hace 23 años, el 11 de junio de 2002, México dio un paso trascendental con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta legislación, pionera en su momento, abrió las puertas a una nueva era de rendición de cuentas, ya que, por primera vez en nuestro país, se crearon mecanismos para hacer efectivo el artículo sexto constitucional; con ello, la ciudadanía podía cuestionar a sus gobernantes y, además, fortalecer la democracia.
Durante más de dos décadas esta ley y las posteriores reformas fueron instrumentos fundamentales para combatir la corrupción, promover la participación ciudadana y garantizar el derecho a saber.
De esa evolución surgió el otrora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Su autonomía y funciones de vigilancia y sanción lo convirtieron en un equilibrio o esencial frente al poder, facilitando que millones de solicitudes de información fueran atendidas y que la opacidad cediera terreno ante la luz pública.
Sin embargo, en el panorama actual, la extinción del INAI y la creación de un nuevo modelo de transparencia, fragmentado, plantea serios interrogantes sobre el futuro de la transparencia en México. Sin un organismo autónomo la capacidad de los ciudadanos y periodistas para investigar y denunciar actos de corrupción se ve seriamente comprometida. La rendición de cuentas, pilar de cualquier democracia saludable, se debilita.
El nuevo modelo de transparencia, tanto a escala nacional como local, tiene varios retos, entre ellos: evitar el aumento de la opacidad y la restricción de información pública; que la corrupción siga disminuyendo mediante el impulso de más y mejores mecanismos de rendición de cuentas; fortalecer la credibilidad de nuestro país, ya que estos cambios son observados a escala internacional, por lo que la confianza es primordial para, por ejemplo, el desarrollo de nuestra economía.
En este 23 aniversario de la primera Ley de Transparencia, es imperativo reflexionar sobre los avances logrados y los peligros inminentes. La transparencia no es un lujo, sino una necesidad para el desarrollo y la consolidación democrática de México. La sociedad, la academia, los periodistas y los ciudadanos en general debemos alzar la voz y exigir la reinstalación de un organismo de transparencia robusto e independiente.
El derecho a saber es un derecho humano y una herramienta indispensable para construir un futuro más justo y equitativo para todos los mexicanos. La batalla por la transparencia no puede darse por perdida.
Ante este nuevo modelo, la pregunta es válida: ¿qué sigue? Los nuevos paradigmas representan también una oportunidad como sociedad para demostrar que hemos aprendido de nuestra historia y que tenemos la capacidad de, ante cualquier cambio, exigir que las propuestas de mejora se cumplan. El poder ciudadano tiene hoy más que nunca la oportunidad de demostrar que somos un ente activo en la democracia de nuestro país.
Que no le quepa duda: quienes hemos trabajado para y por construir transparencia, seguiremos luchando por ella, porque lo hacemos por la convicción de un México mejor.
X: @JulietDelrio
Cortesía de Proceso.
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