“Más vale un mal arreglo, que un buen pleito. Más vale mala avenencia, que buena sentencia.”
Como es bien sabido, en México el derecho humano a la tutela judicial se encuentra establecido desde que en tierras purépechas el Congreso Nacional Americano expidió, el 22 de octubre de 1814, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como Constitución de Apatzingán,[1] dentro del artículo 37.[2] Posteriormente, se introdujo en el artículo 13 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1857.[3]
De igual forma, …
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