Una elección muy observada

En México, la observación electoral nacional se integró a la legislación electoral en 1993 y en 1994 se permitió la misma a nivel internacional a través de la institución de los visitantes extranjeros.

Desde entonces y hasta hoy organizaciones y personas acreditadas por la autoridad electoral administrativa han constatado todas las elecciones federales, incluso las que han sido muy complicadas: como fue la de 1994, que se llevó a cabo apenas unos meses desde del alzamiento de Ejército Zapatista de Liberación Nacional; pasando por la alternancia en el año 2000 del Poder Ejecutivo Federal, en la que fue electo Vicente Fox; las elecciones más competidas de la historia en 2006 en las que con una diferencia mínima del .56% formalmente se le dio el triunfo a Felipe Calderón; la elección federal de 2012 en donde el PRI regresó de nuevo a la presidencia de la República; 2018 en donde hace su arribo por primera vez en la historia de nuestro país la izquierda mexicana con López Obrador al frente, y finalmente, en 2024 en donde llega a la presidencia la primera mujer en más de 200 años de historia: Claudia Sheinbaum Pardo.

Ahora bien, a raíz de la reforma judicial de septiembre del año pasado, nuestra nación tendrá un proceso inédito e histórico en donde será renovado por primera vez por voto popular el Poder Judicial de la Federación, así como en 19 entidades federativas cargos de los poderes judiciales de los estados.

Bajo este contexto, en el Portal de Observadoras y Observadores Electorales del INE, con fecha de corte al 2 de mayo, se registra un total de 248 mil 836 solicitudes, así como 573 miembros de distintas organizaciones para estar acreditadas para presenciar estas elecciones judiciales, cuyo plazo registrado fue el 7 de mayo.

Este registro tan alto llama la atención, ya que si comparamos los datos estadísticos de otras elecciones observamos que hubo menos participación de estas instancias: así en las elecciones de 2024 el INE recibió más de 34 mil solicitudes de donde acreditó poco más de 25 mil; en 2021 se presentaron poco más de 31 mil solicitudes y el INE aprobó la presencia de un poco más de 19 mil de ellas; en la elección de 2018 fueron recibidas 38 mil 353 solicitudes, aprobándose 32 mil 548.

Por ello, algunos académicos dedicados desde hace tiempo a la política, ante la evidencia constatable del gran interés en observar estas elecciones, han manifestado que esto puede deberse al intento de candidatos, partidos políticos e incluso instituciones gubernamentales de influir de manera directa en el proceso electoral judicial. Incluso sugieren, desde ahora, que lo anterior es evidencia de un posible fraude respecto de una elección (que por cierto, aún no se ha celebrado).

Esos dichos pueden percibirse negativamente por la ciudadanía y tal vez podrían generar alarma, desánimo o desalentar la participación del electorado.

Ante ello es indispensable evidenciar que, al menos desde 1997, los esfuerzos de las autoridades electorales federal y locales, administrativas y judiciales han garantizado el cumplimiento pleno del principio de integridad electoral e incluso hace menos de un año se llevó a cabo una elección ejemplar, cuyos resultados fueron aceptados por todos los contendientes.

En ese sentido, la ciudadanía debe estar tranquila, porque las autoridades electorales han demostrado históricamente estar listas y a la altura de las circunstancias para llevar a buen puerto incluso las elecciones más complicadas.

Por otro lado, también debe aclararse que los observadores electorales no pueden jurídicamente incidir en la elección, y de hecho pueden ser sancionados si lo hacen. La legislación electoral es muy clara respecto:

• No podrán sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones, e interferir en el desarrollo de las mismas.
• No podrán hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o candidato alguno.
• No podrán externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidatos.
• No pueden declarar el triunfo de ningún partido político o candidato alguno.
• Incluso los recursos de los observadores electorales son fiscalizables, ya que las organizaciones a las que pertenezcan, a más tardar 30 días después de la jornada electoral, deberán declarar el origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente con la observación electoral que realicen, mediante informe que presenten al CG del INE.

Debe hacerse saber a la ciudadanía que de acuerdo con la ley y a fin de garantizar su neutralidad, el INE sólo puede acreditar como observador electoral a los ciudadanos y ciudadanas mexicanos que cumplan los siguientes requisitos:

• No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partido político alguno en los tres años anteriores a la elección.
• No ser, ni haber sido candidato a puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección.
• Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que brinden las autoridades electorales.

Tenemos que asegurar reiteradamente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será una vez más garante de que las personas observadoras electorales se ciñan a la ley, observando los principios de imparcialidad, objetividad y autonomía. Nadie estará por encima de la Constitución, misma que protestamos cumplir y hacer cumplir, ésa es nuestra garantía a la ciudadanía.

Así que: ¡bienvenida la observación electoral!  Una elección altamente observada siempre será una buena noticia, ya que al menos en principio podría tratarse de una elección legal y transparente (y no de lo contrario). Que los informes que en su oportunidad se presenten permita ir construyendo y mejorando los procesos por el que se renueva el Poder Judicial Federal y los Poderes Judiciales locales.

La democracia la construimos todos, todas y todes, y la observación electoral constituye la mejor garantía de que las elecciones judiciales se realicen en un ambiente de respeto a los derechos humanos.