La reciente condena de Marine Le Pen por malversación de fondos del Parlamento Europeo ha alterado significativamente el panorama político francés. La lideresa de extrema derecha, que encabeza las encuestas con una ventaja de más de 10 puntos sobre sus rivales más cercanos, se enfrenta ahora a cinco años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, una multa de cien mil euros y una pena de cuatro años de prisión, dos de ellos en suspensión y los otros dos bajo arresto domiciliario.
El caso refleja una constante en la política francesa de los últimos años: una figura prominente condenada por corrupción, en este caso, por desviar casi cinco millones de euros de fondos europeos para pagar a personal de su partido.
Francia tiene una tradición establecida de llevar a sus políticos ante los tribunales. Nicolas Sarkozy fue condenado en 2021 por corrupción y tráfico de influencias, con una sentencia de tres años de cárcel, dos de ellos en suspensión. Jacques Chirac recibió en 2011 una condena suspendida de dos años por malversación durante su gestión como alcalde de París. Alain Juppé enfrentó en 2004 una condena de 14 meses en suspensión y un año de inhabilitación por un caso de empleos ficticios.
Lo notable del caso de Le Pen, entonces, no es tanto la condena en sí, sino su efecto inmediato: la inhabilitación de quien encabezaba con amplia ventaja las encuestas para las próximas elecciones presidenciales. Su inhabilitación inmediata, aunque sujeta a apelación, puede marcar un cambio en el futuro de la extrema derecha francesa.
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Fragmento del reportaje publicado en la edición 0023 de la revista Proceso, correspondiente a mayo de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
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