CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ricardo Salinas Pliego enfrenta este 2025 un escenario cada vez más adverso en los tribunales. Tan solo en un mes ya enfrenta tres resoluciones judiciales que han confirmado que sus empresas deben liquidar un total de 7 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), principalmente por omisiones en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La resolución más reciente fue emitida este 8 de julio, cuando el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que TV Azteca, propiedad de Salinas Pliego, debe pagar un adeudo fiscal de 3 mil 500 millones de pesos.
El litigio se originó por la omisión del pago del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2009. La sentencia fue aprobada con dos votos a favor y uno en contra.
Días antes, el 24 de junio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que Grupo Elektra debe cubrir aproximadamente 2 mil millones de pesos también por omisión del ISR, en este caso, del ejercicio 2010.
En esta ocasión, la resolución fue unánime entre los magistrados que integran el tribunal.
La primera resolución se dio el pasado 19 de junio, cuando el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito falló en contra de Grupo Elektra en otro juicio fiscal iniciado hace cinco años. El conflicto surgió por la falta de pago del ISR correspondiente a 2012.
De acuerdo con fuentes fiscales consultadas por Proceso, en este caso la empresa intentó frenar la resolución como lo ha hecho en otros procesos, presentando escritos de última hora en los que cuestionaba la imparcialidad de los magistrados.
Sin embargo, el Tribunal desechó dichos recursos y determinó que su único propósito era dilatar el dictado de la sentencia. La resolución fue aprobada por unanimidad de los tres magistrados.
Aunque los fallos son definitivos en tribunales colegiados, las empresas de Salinas Pliego aún pueden intentar una revisión ante la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que entrará en funciones a partir del 1 de septiembre de este año.
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