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Sobre adeudo de cableras al municipio de Guanajuato
En una nota publicada en el portal proceso.com.mx el día 16 de abril con el título “Cableras adeudan más de 100 mdp al gobierno municipal de Guanajuato” se afirma lo siguiente:
“Apro informó que la familia de la regidora del PRD, Silvia Rocha, y el empresario televisivo Jorge Rodríguez Medrano han contado también con un trato privilegiado por parte del gobierno municipal de Guanajuato, que de 2013 a la fecha les ha asignado casi 8 millones de pesos en contratos de publicidad oficial, contratos paralelos a sus hijos y salarios como empleados del propio municipio”.
La afirmación anterior, en la forma presentada, redactada y descontextualizada, pretende vincularme a una supuesta deuda que asciende a 84 millones de pesos, situación de la cual soy totalmente ajeno, desconociendo en primer término, de dónde se obtuvo esa cifra y en segundo, son circunstancias que no me atañen, pues al ser permisionario de la señal de cable, desconozco la situación administrativa de la empresa concesionaria de la señal. Yo no soy quien debe esa supuesta cantidad. Yo no gano, ni tengo beneficios por esa cantidad, si alguien debe ese dinero, que se le cobre.
La nota en cuestión, plantea una relación donde no la hay, pues si la regidora Silvia Rocha se encuentra ejerciendo ese cargo público, fue a través del voto directo de los ciudadanos, si mis hijos trabajan o trabaron en el ayuntamiento, fue mucho antes del presente trienio, hechos totalmente aislados y que no encuentran relación alguna con que Jorge Antonio Rodríguez Medrano sea permisionario de señal por cable y posea un canal televisivo como lo es TV8.
Se habla de un trato privilegiado. ¿Pueden ustedes asegurarlo? ¿Qué elementos de prueba sustenta su afirmación? Si he sido contratado, es por los niveles de audiencia del canal de televisión por cable, tras diez años de transmisión ininterrumpida y la cifra que aseguran obtuve, no fue en un solo año, es de 2013 a 2017, es decir en cuatro años, que para quienes no conocen del manejo de una empresa televisiva eso puede representar mucho, sin embargo no es así.
El ayuntamiento, en la figura de la Tesorera Municipal, afirma que no existen pasivos en las finanzas municipales, por esa cantidad y concepto, no tienen registro de adeudo por parte de la empresa cablera.
Por lo anterior, la nota es inexacta y mal intencionada, guarda una falsa apreciación de los hechos e involucra circunstancias sin relación, haciendo alusión a mi nombre, el de mi esposa y mis hijos, produciendo en el lector una falsa idea de los hechos que pretenden señalar y ofrecen como una realidad.
Agradezco señor director la publicación del anterior texto, que a manera de réplica y en los términos previstos por la Ley Reglamentaria del Artículo 6° Constitucional y en consideración a la reforma recién aprobada del Artículo 10°, tenga a bien considerar.
No omito, en esta oportunidad, aunque desafortunada por el tema a tratar, de referirle mi admiración, y decir, sin duda alguna, que La Revista Proceso, es y siempre lo será, referencia de la prensa libre, objetiva y profesional.
Respuesta de la reportera
Señor director:
En su carta de réplica, el firmante reconoce cada uno de los aspectos que sobre él y su empresa se citan en la nota, como por ejemplo, su calidad de permisionario de una de las empresas cableras que, de acuerdo con la información proporcionada por el secretario del ayuntamiento y el director de Desarrollo Urbano del gobierno municipal de Guanajuato, mantienen el adeudo cuyo monto también ellos señalaron, así como su parentesco por matrimonio con la actual regidora de esa misma presidencia municipal Silvia Rocha, cuya calidad de servidora la obliga legalmente a someterse a un escrutinio público mayor y que podría incurrir en un conflicto de interés en su desempeño por dicha relación.
Por lo demás, en ninguna parte de la nota se afirma que él es responsable del adeudo; rechazo que haya existido una mala intención o inexactitud en lo publicado. Tanto el adeudo reconocido por funcionarios del gobierno municipal como los contratos de asignación de la publicidad oficial pagada con dinero del presupuesto son asuntos de interés público y periodístico.
Atentamente
Verónica Espinosa.
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