CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los diputados oficialistas aprobaron la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para cumplir con los compromisos internacionales derivados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar sanciones.
Con la reforma se busca proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y los delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
La reforma fue aprobada en lo general por 297 votos a favor, 37 en contra y 87 abstenciones. En lo particular fueron 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones.
La norma crea nuevas definiciones como Persona Políticamente Expuesta, Representante Encargado de Cumplimiento y Riesgo o “actividades vulnerables”.
En este sentido, la reforma establece que se podrán monitorear a las “Personas Políticamente Expuestas (PPE)” en actividades financieras consideradas de “riesgo”.
Se explica que una PPE será aquella persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas que cumplan con las condiciones y características que la Secretaría de Hacienda establezca en reglas o disposiciones de carácter general.
Además de que se contarán con manuales internos para detectar operaciones sospechosas en las llamadas “actividades vulnerables”: casinos, joyerías, bienes raíces, venta de autos, obras de arte, préstamos y donativos, entre otras.
La reforma detalla que será obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecer los requisitos para el alta y registro en el sistema electrónico que determine el Reglamento de la Ley de quienes realicen las Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17 de esta Ley y de las Entidades Colegiadas, así como recibir y administrar la información de dichos trámites.
Además, de coordinar sus funciones con las de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional para los fines de esta Ley.
La reforma aprob da en el Congreso de la Unión en este periodo extraordinario pasará a la presidenta Claudia Sheinbaum para que la publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y sea constitucional.
OPOSITORES RECHAZAN CONCENTRACIÓN DE DATOS PERSONALES
El diputado del PRI, Christian Mishel Castro Bello, resaltó que su partido está a favor del combate al lavado de dinero, pero no a las leyes mal hechas.
Consideró que las leyes mal diseñadas pueden convertirse en herramientas de persecución política, de presión económica o de venganzas personales.
“No podemos permitir que esta Cámara avale reformas que conviertan la prevención en sospecha y la sospecha en condena anticipada. No permitamos que en nombre de la justicia se consolide un modelo de vigilancia masiva, ni que se use la ley para perseguir enemigos y proteger a los amigos”, resaltó.
Por su parte, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, afirmó que reconocen algunos avances positivos en esta iniciativa como dar cumplimiento a los avances y recomendaciones que da el GAFI. Sin embargo, resaltó los puntos en los que no están de acuerdo como la utilización de datos personales.
“En la utilización nuevamente de los datos personales que va a tener el gobierno sin control judicial, accediendo de forma indiscriminada y desproporcionada en la vida privada de las personas, incluso rompiendo el secreto bancario que podrán acceder a las cuentas bancarias sin control judicial.
“Tampoco podemos estar de acuerdo en la concepción tan ambigua de la definición de persona políticamente expuesta, toda vez que se abre a que sean investigadas todas aquellas personas que tengan una relación con la persona políticamente expuesta: familiares, amigos, conocidos, colaboradores, asesores. Nos parece que es realmente excesivo”, explicó.
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