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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo, asegura que, “sin lugar a duda”, ha sido “un fracaso” la Guardia Nacional, creada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador “para recuperar la seguridad del pueblo mexicano”.
Esa corporación militarizada, explica, no sólo falló en su propósito de recuperar la seguridad de los mexicanos, sino que en sus seis años de funcionamiento México se convirtió en un país más inseguro en el cual la violencia, el portafolio de negocios lícitos e ilícitos de los cárteles y los vínculos entre políticos y el crimen organizado se incrementaron como nunca.
Y eso ocurrió, destaca el académico, porque la Guardia Nacional (GN) es el eje “de un modelo de seguridad pública obsoleto”, que pone énfasis en el uso de la fuerza y cuya premisa es la militarización de la función policiaca.
Pese a ello, el 24 de junio último la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de la Guardia Nacional que faculta a esa corporación militarizada a intervenir comunicaciones privadas y realizar operaciones encubiertas. Además, habilita a los militares de ese cuerpo a postulares a cargos de elección popular y a desempeñar cargos públicos civiles.
Esta ampliación de facultades parece un premio por buen desempeño, pero los datos duros muestran todo lo contrario. El estudio “México: Seguridad Ciudadana y Democracia” del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, presentado hace unos días por Ernesto López Portillo, concluye que los resultados de la GN han sido “limitados y opacos”.
En promedio, cada uno de sus 130 mil elementos realiza únicamente 0.071 detenciones al año, una cifra 22 veces menor a las 1.6 captura de presuntos delincuentes que, en promedio, registran las policías estatales anualmente, revela la investigación.
Si se compara el raquítico índice de capturas de la GN con el de corporaciones de otros países con estructura, objetivos y funciones similares, como la Policía Nacional de Colombia, también se advierte un contraste abismal: los policías colombianos, que tienen jurisdicción en todo el territorio, detienen cada año en promedio a 1.2 presuntos delincuentes, 16 veces más que los guardias nacionales mexicanos.
Una explicación a estos datos tan contrastantes es que, en Colombia, pese a que el gobierno del presidente Gustavo Petro desarrolla diálogos de paz con la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y grupos criminales, como el Clan del Golfo y La Oficina, no hay política de “abrazos, no balazos”. Y en México sí la hubo durante el sexenio de López Obrador.
En ese contexto, dice López Portillo, la Guardia Nacional se convirtió en una imagen y un “espejismo de seguridad” y en parte de la narrativa triunfalista del exmandatario, pero nunca ha sido una solución operativa al problema de inseguridad.
En enero de 2024 el entonces presidente López Obrador llegó a decir que México era “un país pacífico”, aunque se trató de un año en el que se padeció el proceso electoral más violento desde que se tiene registro, con 189 candidatos, políticos y funcionarios públicos asesinados.
En contraste, el Índice de Conflictos 2024 de la iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) ubicó a México como el país sin una guerra regular más peligroso y violento del mundo.
De acuerdo con López Portillo, la GN es incapaz de responder al desafío de abatir los altos niveles de violencia en México porque tiene “una falla estructural enorme”: sus integrantes no han desarrollado competencias adecuadas en dos grandes niveles: la prevención, que es sobre todo trabajar con las comunidades, con el barrio; y el control, que es la parte de investigación de los delitos.
Más evidencias del descalabro
Otro dato sobre el desempeño de la GN es el de los homicidios, el principal indicador de violencia en un país. El 30 de junio de 2019, hace justamente seis años, al dar el banderazo de salida a esa institución policiaca militarizada, López Obrador dijo: “Vamos a entregar pronto buenas cuentas al pueblo de México”. Pero eso no ocurrió. Los asesinatos aumentaron 23% ese sexenio respecto del anterior, el de Enrique Peña.
Durante el gobierno de López Obrador, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, se registraron 193 mil 377 homicidios en México, 36 mil 219 más que en el sexenio de Peña (2012-2018) y un 59% más que en la administración de Felipe Calderón (2006-2012), quien comenzó el proceso de militarización de los organismos de seguridad pública.
Hasta 2006 la tasa de homicidios mostraba una tendencia a la baja. Ese año cerró con 9.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2023, el último año completo del gobierno de López Obrador, la tasa fue de 23.9 homicidios por cada 100 mil habitantes.
De acuerdo con el estudio “México: Seguridad Ciudadana y Democracia”, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, esa cifra no refleja plenamente la dimensión de la violencia que vive México, ya que excluye un número indeterminado de desaparecidos, cuyos restos han sido hallados en fosas clandestinas.
Con López Obrador y su modelo de seguridad hipermilitarizado, y basado en la Guardia Nacional, se registraron 51 mil 387 desapariciones en México, 57% más que en el sexenio de Peña Nieto y tres veces más que en el gobierno de Calderón, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Para López Portillo, los mismos datos oficiales demuestran que la apuesta de la Guardia Nacional –integrada por efectivos del Ejército en 77% de los casos y de la Marina en 10%– no logó reducir, como prometió López Obrador, los niveles de violencia en México.
Resultados magros; aprobación alta
El estudio “México: Seguridad Ciudadana y Democracia” señala que, pese a sus deficiencias, la GN mantiene altos niveles de aprobación ciudadana (77.2%), lo que puede relacionarse con la confianza en las Fuerzas Armadas (86.7% en la Marina y 84.3% en el Ejército), aunque ese respaldo contrasta con su historial en materia de derechos humanos.
De acuerdo con el trabajo, entre diciembre de 2018 y julio de 2024 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 934 quejas contra la GN, incluyendo 183 por detenciones arbitrarias.
Eso indica que la militarización en el país “ha estado marcada por la violación de los derechos humanos, la falta de controles civiles y el debilitamiento de las capacidades civiles de seguridad”, indica el estudio del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero.
Y sostiene que “la militarización, lejos de ser una solución, se ha convertido en parte del problema”.
Otro dato que ilustra la baja efectividad de la Guardia Nacional es su limitada participación en los decomisos de drogas. En 2023, por ejemplo, incautó dos toneladas de cocaína y 1.6 toneladas de metanfetaminas, mientras que la Armada aseguró 48 toneladas de cocaína y 367 toneladas de metanfetaminas.
Ese mismo año la GN decomisó 211 kilogramos de fentanilo y el Ejército incautó mil 499 kilogramos de ese opioide sintético.
Cultura de la opacidad
Ernesto López Portillo advierte que un problema recurrente de la Guardia Nacional es que, al igual que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la cual está adscrita desde septiembre del año pasado, no rinde cuentas a nadie.
El Congreso, expone, debería ser un contrapeso y fiscalizar sus actuaciones, pero la mayoría de Morena y sus aliados en el Legislativo impide que eso ocurra.
Nadie –alerta– se atreve a cuestionar nada a los generales y a los almirantes que dirigen la Guardia Nacional.
Y considera que esa opacidad se acentuará con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que en el pasado permitió que se transparentara información que los militares nunca habían querido revelar, como la tasa de letalidad de las Fuerzas Armadas.
Sin fiscalización del Congreso y sin el INAI “nos vamos a quedar sin respuestas a muchas preguntas, ustedes como periodistas y nosotros como academia y sociedad civil”, agrega.
Tan relevante es el tema de la opacidad militar, indica el abogado, que el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero considera “indispensable” incluir la figura de supervisión externa en la nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se procesa en el Legislativo.
La supervisión externa a los organismos de seguridad es “clave y estratégica porque necesitamos control y fiscalización” sobre lo que hacen estas corporaciones militarizadas que se caracterizan por su falta de transparencia, plantea López Portillo.
Una pregunta que se ha hecho en estos días el experto en seguridad es por qué el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum quiere dar más facultades a la Guardia Nacional, pese a sus pobres resultados operativos, y al mismo tiempo busca ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Según el Reglamento Interior de la SSPC que expidió la presidenta el 24 de junio último, la secretaría a cargo de Omar García Harfuch coordinará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y tendrá funciones operativas en áreas en las que las que la Guardia Nacional se ha caracterizado por su ineficacia.
El nuevo reglamento, por ejemplo, prevé la creación de tres subsecretarías en la SSPC: la de Inteligencia e Investigación Policial, Política Criminal, Vinculación y Protección Civil y la de Prevención de las Violencias, además de 14 unidades especializadas y 53 direcciones generales enfocadas en delincuencia organizada, extorsión y secuestro, delitos transnacionales e investigaciones cibernéticas.
Una capacidad de esa envergadura haría de la SSPC, en los hechos, una policía nacional, aunque de carácter civil, no militar, como la Guardia Nacional, y parece ser la fórmula de Sheinbaum para enfrentar la inseguridad pública sin tocar a la ineficaz corporación militarizada que le heredó López Obrador.
Las preguntas, entonces, son: qué va a hacer la Guardia Nacional, qué va a hacer la SSPC del civil García Harfuch (el hombre de confianza de Sheinbaum para enfrentar la inseguridad), quién coordinará en el terreno las operaciones contra el crimen organizado, y qué tan profundas serán las fricciones entre civiles y militares a la hora de tomar decisiones.
López Portillo señala que “las preguntas que no podemos responder son muchas, pero lo que sí podemos saber es que no hay ningún medio institucional de contrapeso para la rendición de cuentas de la Guardia Nacional y eso es precisamente lo que no nos permite verificar y tener respuestas a esas preguntas”.
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