Con el dolor a cuestas, sin ninguna protección, las madres buscadoras de los desaparecidos por el crimen organizado, en colusión con agentes gubernamentales, son actoras del cambio.
A nivel nacional hay 60 agrupaciones civiles que están dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas. La mayor parte, sino es que, en su totalidad, están encabezadas por mujeres quienes, con palas, bastones y una gorra deambulan en peligrosos parajes o en terrenos abandonados tratando de localizar los restos de sus seres queridos desaparecidos.
Al igual que en otros países como Bosnia y Herzegovina, Guatemala, El Salvador, Honduras, España, Colombia e Italia, donde existe este dolorosísimo tema de los desaparecidos, en México se han formado estos colectivos encabezados sobre todo por mujeres.
Los primeros colectivos de búsqueda comenzaron a formarse hace dos décadas en Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Coahuila, donde los grupos criminales secuestraban a hombres para obligarlos a trabajar en sus negocios de cultivo, producción y transporte de drogas.
Unidas por el dolor, a partir de entonces se dedicaron a la triste y penosa misión de buscar a mujeres y hombres de todas las edades víctimas de desaparición forzada, formando grupos como el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, Corazones sin Justicia, Sinaloa; Madres Buscadoras de Sonora, Madres Unidas y Fuertes de Baja California, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y Sabuesos Guerreros, AC.
Conforme pasó el tiempo y frente a la indolencia gubernamental los colectivos juntaron esfuerzos e integraron el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), conformado por colectivos de 24 estados de la República y de tres países de Centroamérica.
Sin ningún apoyo institucional, desamparados, estos colectivos forzaron al gobierno a ser reconocidos ante el incremento imparable de desaparecidos en el país. En 2015 se dio a conocer que 35 colectivos se agruparon para luchar por la primera Ley General en materia de desapariciones en México, misma que fue aprobada el 12 de octubre de 2017, la cual establece que las autoridades deben utilizar los medios necesarios para buscar a las personas desaparecidas, además de garantizar el derecho a la verdad, memoria, justicia y reparación integral a las víctimas.
Actoras del cambio en un tema altamente sensible como es el de desaparecidos, el cual recorre de manera transversal todos los campos del gobierno, desde los derechos humanos hasta la justicia, están expuestas a la reacción violenta del crimen organizado.
Tan es así que recientemente María del Carmen, integrante del colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco, fue ejecutada y es una de las 28 personas buscadoras que han sido asesinadas en el país desde el año 2010 a la fecha, de acuerdo con un reporte de la organización ¿A dónde van los desaparecidos?, que hasta el corte del 4 de abril de 2025 tenía el registro de 27 personas buscadoras asesinadas y tres más desaparecidas.
Son estos colectivos encabezados por mujeres lo que han impulsado cambios a las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, con el objetivo de crear mecanismos más eficientes de localización, identificación y búsqueda de personas desaparecidas.
El punto principal de la reforma es la creación de la Plataforma Única de Identidad, un sistema centralizado que integrará los datos de identificación de toda la población en México. Este nuevo esquema estará basado en una versión reforzada de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que incluirá fotografía y datos biométricos. La propuesta también establece que todas las autoridades estarán obligadas a investigar, coadyuvar y proporcionar información en casos de desaparición forzada o por particulares.
No obstante, hay otra propuesta que complementaria a la presidencia. El senador Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa de ley para que dichos colectivos sean reconocidos como auxiliares de la Comisión Nacional de Búsqueda, bajo el entendido de que “los colectivos buscadores han suplido las carencias del gobierno para cumplir sus obligaciones”. Además, establecer un Banco Nacional de Datos que permita la identificación de restos humanos mediante el ADN.
Las iniciativas serán discutidas en el próximo periodo extraordinario de sesiones del Poder Legislativo, a realizarse en junio, pues las conversaciones que llevan los colectivos con la secretaria de Gobernación no han terminado.
Por cierto, otra propuesta que tiene que ser revisada con urgencia será la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para abrir una consulta con representantes del sector, expertos y el propio Legislativo. Este lunes la plenaria del grupo legislativo de Morena decidirá los cambios que habrá y que serán propuestos para la sesión a efectuarse este mismo lunes en el Senado. La rectificación propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum se da luego de la ola de críticas que hubo no sólo desde la oposición sino de agrupaciones civiles que advirtieron la existencia de nubarrones de censura.
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