CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Desde el 15 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha enfocado únicamente en resolver los casos urgentes, mientras que cientos de asuntos serán archivados para ser resueltos por los nuevos miembros del tribunal, que serán elegidos el 1 de junio.
La medida responde a lo establecido en el Acuerdo General 3/2025, aprobado por el pleno en marzo pasado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de ese mismo mes, como parte del proceso de transición hacia una nueva integración del máximo tribunal del país.
Hasta el 31 de agosto, la Corte se dedicará exclusivamente a resolver los casos urgentes, mientras que el resto se acumulará para ser atendido por los nuevos jueces constitucionales, quienes serán elegidos por voto popular y asumirán sus funciones el 1 de septiembre de 2025.
El acuerdo especifica los asuntos que deberán ser atendidos de manera exclusiva durante estos cinco meses, entre los que se incluyen los amparos de personas privadas de su libertad, casos que involucren el interés superior de la niñez, juicios laborales o agrarios colectivos, controversias constitucionales con solicitudes de suspensión, y acciones de inconstitucionalidad relacionadas con temas electorales.
También entran en esta categoría los conflictos competenciales, impedimentos entre jueces, incidentes por inejecución de sentencia, impugnaciones de magistraturas electorales, procedimientos sobre faltas administrativas graves y solicitudes para ejercer facultades de atracción o reasunción de competencia.
Durante este periodo de transición, también las sesiones del Pleno y de las Salas han sido reducidas: hasta marzo, el Pleno sesionaba tres veces a la semana, pero ahora lo hará solo los martes y jueves, y a partir de junio, se limitará a una vez por semana. Las Salas, por su parte, sesionarán cada quince días.
Cada ministra y ministro deberá presentar un informe de labores y un acta de entrega que detalle el estado de sus asuntos, los recursos utilizados y las tareas pendientes, documentos que deberán estar disponibles para consulta pública a más tardar el 28 de agosto.
En el plano administrativo, también hay reacomodos, ya que, por instrucción de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, fue eliminada la Secretaría de Enlace y Coordinación, una oficina que había sido creada hace apenas 20 meses para gestionar audiencias, actividades de divulgación y visitas institucionales.
Suprimida oficialmente el 16 de abril, esta área es la primera en desaparecer como parte de una estrategia de racionalización de recursos.
