Hay desmemoria y apología de uno y otro lado en la discusión abierta por la reaparición del expresidente Ernesto Zedillo. No me sorprende, tampoco me desconcierta; la política de miras cortas es así. Pero en medio de mentiras también se dicen verdades.
¿Alguien podría negar que fue en el sexenio de Zedillo cuando se cerró un ciclo de reformas electorales abiertas por el fraude de 1988 y que finalmente a partir de 1996 permitió la realización de elecciones transparentes y equitativas que otorgaron certidumbre en los resultados? Un entramado democrático en la organización electoral que hoy se está desmantelando.
¿Alguien podría negar, con todos sus defectos, el fortalecimiento de un Poder Judicial independiente en ese periodo? Un contrapeso al Poder Ejecutivo que hoy se está destruyendo. ¿Alguien podría negar el ambiente represivo contra pueblos indígenas que permitió la matanza de Acteal? ¿La masacre de Aguas Blancas? ¿La represión al movimiento universitario en 2000 con la entrada de la Policía Federal Preventiva a la UNAM? Así que, en materia democrática, la gestión de Ernesto Zedillo estuvo hecha de claroscuros, por decirlo suave. Pero ello no invalida su alerta sobre el rumbo autoritario que lleva el país por el fortalecimiento sin contrapesos del Poder Ejecutivo. ¿En algún momento se hará un alto para valorar las consecuencias de continuar por ese camino?
Y en materia económica: ¿alguien podría negar el costo económico de la crisis de 1994, originada en el interés político-electoral de no devaluar gradualmente a lo largo del año, a pesar de la evidente sangría de reservas internacionales motivada por los sucesos políticos de ese período?
Todo ello en el gobierno de Salinas de Gortari, de cuyo gabinete Ernesto Zedillo formó parte. ¿Alguien podría negar el costo fiscal del rescate bancario del Fobaproa? Según la SHCP en el primer trimestre de 2025 los requerimientos financieros del gobierno por esos pasivos son de 1 billón 135 mil millones de pesos. El expresidente Zedillo dice que se realizó una auditoría por un despacho internacional independiente. Cierto. Pero se hizo después de aprobar la conversión de la deuda privada de los bancos en deuda pública. Además, el auditor Mackey (canadiense), tituló el documento entregado a la Cámara de Diputados en julio de 1999 no como auditoría, sino como “Informe de Michael W. Mackey Sobre la Evaluación Integral de las Operaciones y Funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro “FOBAPROA” y la Calidad de la Supervisión de los Programas del FOBAPROA de 1995 a 1998”. En la página 5 de ese informe, dice Mackey: “Este informe y las evaluaciones que se han llevado a cabo NO constituyen una auditoría financiera…”.
La razón fue la negativa de las instituciones involucradas a proporcionar la información solicitada, con el argumento del secreto bancario, esgrimido también a lo largo de la discusión de marzo al 12 de diciembre de 1998, cuando dicha deuda fue aprobada. Como senadora por el PRD, fui responsable en el grupo parlamentario de los estudios, análisis, discusiones y propuestas sobre el tema. Y vale la pena recordar el cuadro resumen del informe de Mackey, sobre la clasificación de las transacciones reportables del Fobaproa, a las que pudo tener acceso el frustrado auditor.
El monto es de casi 73 mil millones de pesos, de los cuales el 66% fueron préstamos ilegales, pues se trató de “autopréstamos de los banqueros o créditos otorgados a partes relacionadas” y de créditos “ya clasificados por las autoridades como ilegales”. El 34% restante de esas transacciones reportables las clasificó Mackey como: “Créditos que NO satisfacen los criterios originalmente establecidos, pero que SÍ fueron acordados entre bancos, CNBV y Fobaproa”; y “Créditos que NO satisfacen los criterios originalmente establecidos y que NO fueron acordados entre bancos, CNBV y Fobaproa”.
El expresidente Zedillo sabe que el Fobaproa fue un festín para los banqueros, pagado con el ingreso de los contribuyentes. ¿Cuánto del costo fiscal de ese rescate se pudo reducir, de atender la demanda de la entonces oposición perredista de transparentar los créditos para depurarlos?, ¿de no aprobar esa deuda pública a ciegas? Y, sin embargo, sin la autoridad moral necesaria, Ernesto Zedillo tiene razón en exigir una auditoría internacional independiente a las obras públicas emblemáticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador; ahora que nos encontramos sin órgano autónomo independiente que nos permita conocer los recursos aplicados en ellas.
Y ahora también que podemos observar que en su sexenio la deuda pública neta creció 62%, según datos de la SHCP, y el déficit fiscal llegó a casi 6% del PIB, cuando prometió al país no endeudarnos. ¿Por qué repetir los vicios del pasado? La transparencia abona a la democracia. La discusión política razonada también. El gobierno y Morena tienen la palabra.
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