MANZANILLO, Col.– Calificado como una obra de corte “neoliberal”, con orígenes en los gobiernos del panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto, el Puerto Nuevo Manzanillo Cuyutlán es considerado ya el megaproyecto insignia del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Apenas unas semanas después del inicio de su administración, la mandataria dio el banderazo de salida a los trabajos de la terminal portuaria, aunque en ese momento la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, responsable de la ejecución de la obra, ni siquiera había sometido a evaluación de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Pasaron más de cuatro meses desde que la jefa del Ejecutivo federal diera luz verde al proyecto para que la Asipona entregara a la Semarnat, el 3 de abril último, la solicitud de autorización ambiental y la MIA de la primera etapa del “Desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, Col.”.
Sin embargo, dos semanas después, hasta el cierre de esta edición, el contenido del estudio de impacto ambiental permanecía oculto a los ojos de la población, pues no había sido publicado, como lo señala la propia normatividad federal, en el sitio web de la dependencia encargada de la preservación del ambiente.
Este proyecto ha generado preocupación y rechazo de ambientalistas, académicos y pescadores de la región, quienes se encuentran en la incertidumbre por la opacidad que prevalece frente a los previsibles impactos ecológicos y sociales que podrían derivarse de su edificación y operación.
Con una inversión aproximada de 64 mil millones de pesos, de los que cerca de 15 mil millones serán recursos públicos y el resto capital privado, el nuevo puerto se asentará sobre una superficie de mil 880 hectáreas, cuatro veces mayor que la terminal marítima de Manzanillo, que ocupa actualmente el tercer lugar en manejo de contenedores en América Latina y el 53 mundial.
El propósito de este complejo portuario es elevar de cuatro a 10 millones la cifra de contenedores movilizados anualmente, para asumir el liderazgo en la región latinoamericana y ascender a la posición 15 a escala mundial, en competencia directa con los puertos de Taiwán y Los Ángeles.
Durante la ceremonia realizada en Manzanillo por el 199 Aniversario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, el 23 de noviembre último, al realizar el anuncio de la ambiciosa obra, Sheinbaum la calificó como “algo extraordinario”, que “no se podría hacer sin la (Secretaría de) Marina y la Armada de México”.
Según los promocionales oficiales, el de Cuyutlán será “el primer puerto sustentable de América Latina, impulsando la eficiencia energética y protegiendo el medio ambiente”, pues la terminal de gas natural licuado que se encuentra en operación en esa zona “garantizará el suministro de energía limpia para las nuevas generaciones de buques y la operación de grúas y equipos del puerto”.
Ruta migratoria de aves, en riesgo
La Laguna de Cuyutlán se ubica como el cuarto humedal costero más grande de México y el segundo en el Pacífico mexicano, sólo después de Marismas Nacionales en el estado de Nayarit, además de que, entre otras cosas, es un área de anidación y conservación de alrededor de 25 especies de aves costeras y un importante punto en la ruta de aves migratorias desde Alaska hasta Chile.
Según un estudio financiado por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, “la presencia de varias especies de aves con estatus de protección especial y otras consideradas amenazadas, así como el hecho de que las poblaciones de flora y fauna sean importantes para mantener la diversidad biológica de la región, facilitó que los vasos III y IV de la laguna de Cuyutlán fueran designados como Humedal de Importancia Internacional por la Convención Ramsar”.
Alejandro Reyes Herrera, exdirector de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manzanillo, detalla en entrevista con Proceso que en el polígono destinado para el nuevo puerto hay más de 305 hectáreas de flora que se encuentran en riesgo de ser retiradas, de las que al menos 119 corresponden a manglar, 75 a selva baja caducifolia y 93 a vegetación halófila.
A eso se le suman –refiere– más de 19 hectáreas de manglar y selva baja caducifolia que están en un área de valor ambiental en la zona norte de la superficie concesionada, así como dos islotes continentales, uno de 58.4 hectáreas y el otro de 35, que albergan diversas especies de fauna y son utilizados por las aves como refugio.
Maestro en Ciencias del Mar, con estudios de doctorado en Biología, Reyes Herrera dice que los impactos ambientales dependerán de la forma como se desarrolle la infraestructura, pero “el mayor problema que tenemos es que actualmente no existe información confiable de cuáles son las intenciones que hay”.
El académico alerta que “si solamente llegan a rellenar y construir los terraplenes, que es la forma más cómoda de construir, se afectará toda la hidrodinámica de la laguna, los humedales y con eso básicamente cambian todas las características fisicoquímicas del agua y las cuestiones biológicas”.
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Fragmento del reportaje publicado en la edición 0023 de la revista Proceso, correspondiente a mayo de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
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