CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A Estados Unidos sí le preocupa la infiltración del crimen organizado en las elecciones del Poder Judicial en México, al grado de que el tema ya figura como un punto de presión dentro del T-MEC, según confirmaron la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y organizaciones civiles especializadas en seguridad y justicia.
La participación de perfiles ligados a cárteles en estos procesos electorales ha encendido alertas no solo en organismos empresariales, sino también en el sector público y privado estadounidense, que comienzan a reevaluar el atractivo de México como destino de inversión.
En conferencia de prensa, el presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, expuso que las señales que emite el sistema judicial mexicano son cada vez más preocupantes para los inversionistas.
Tras una gira reciente en Washington, indicó que las inquietudes del gobierno de Estados Unidos y de las empresas norteamericanas no son menores. De hecho, ya se están materializando en decisiones estratégicas.
“Lo que sí está pasando es que hoy las empresas, que están en nuestro país o que quieren invertir en nuestro país, están replanteando sus inversiones nuevas”, dijo Sierra Álvarez.
Dentro de este diagnóstico está que desde hace meses se han rastreado los perfiles de aspirantes al Poder Judicial con antecedentes preocupantes. El reporte que fue elaborado por organizaciones civiles, como Defensores, fue entregado también a Coparmex, y documenta al menos 18 candidatos con vínculos directos con redes criminales.
“Hemos publicado al menos 18 perfiles de candidatos altamente riesgosos. Entre ellos está la abogada del Chapo, Silvia Rocío Delgado. Está el abogado del Z-40, que además fue sentenciado por el delito de portación ilegal de armas, Fernando Escamilla Villarreal, el fiscal del terror de Michoacán, Francisco Rea Franco, acusado del asesinato de dos periodistas, de extorsionar a comunidades indígenas y de pactar con el crimen organizado”, detalló a Proceso, el presidente de la organización civil Defensores, Miguel Alfonso Meza.
Uno de los casos más alarmantes para la relación bilateral —y que ya figura en los reportes compartidos en Washington— es el de Javier Leopoldo Chávez, quien aspira a ser juez federal en Durango, a pesar de haber pasado cinco años y siete meses en una prisión estadounidense por delitos relacionados con el tráfico de metanfetaminas.
“Entonces, no son, digamos, meros riesgos hipotéticos, son casos que se han documentado. Esa es una de las formas en las que hemos detectado que el crimen organizado se ha entrometido en la elección judicial”, subrayó el activista.
El fenómeno va más allá de candidaturas individuales, existen regiones enteras donde los cárteles han empezado a autorizar, e incluso financiar, campañas de aspirantes al Poder Judicial. Michoacán, de nueva cuenta, se posiciona como el epicentro.
“Es muy sabido que gran parte de la economía es controlada por el crimen organizado, el aguacate, el suministro de agua (…) Esto hace bastante probable que también para hacer campañas judiciales tengan que existir autorizaciones, acercamientos o incluso financiamiento por parte del crimen organizado”, añadió el activista.
El panorama se complica porque a diferencia de las campañas convencionales donde hay partidos políticos formalmente fiscalizados, en la elección del Poder Judicial hay 3 mil 500 candidatos, cada uno con su propia contabilidad.
El Instituto Nacional Electoral, indicó Meza, no tiene la capacidad técnica ni operativa para auditar tal magnitud de procesos.
Caída de la confianza empresarial
La consecuencia directa de este entorno turbio es la desconfianza empresarial. Según el presidente de Coparmex, el entusiasmo por invertir en México está en caída libre, golpeado tanto por el debilitamiento del Estado de Derecho como por las tensiones económicas con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.
El propio indicador de confianza de la Coparmex lo refleja. En 2024, apenas el 38% de los empresarios agremiados presentó interés en realizar nuevas inversiones en el país. Esta proporción era superior en 2023, con 51%.
“Y si nos vamos a Inversión Extranjera Directa (IED) de nuevas empresas bajó”, apuntó el dirigente, al exponer que mientras que en 2023 el 14% del total de IED correspondía a nuevas inversiones, para 2024 esa cifra cayó al 8%.
“El resto es, más del 80%, son operaciones e intercambio entre compañías y ajustes, más bien son movimientos fiscales”, detalló Sierra Álvarez.
Dejanos un comentario:
