CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hugo Buentello Carbonell, exdirector de operaciones de Leche Liconsa, impugnó la orden de mantenerlo en prisión preventiva mientras dura su proceso penal por delincuencia organizada y lavado de dinero por el desfalco de mil 687 millones de pesos en el caso Segalmex.
La demanda del exfuncionario, presentada el pasado 15 de mayo, fue enviada al juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal en el Estado de México donde el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez admitió a trámite el juicio desde el pasado 19 de mayo con el número de expediente 414/2025.
“Solicito a su Señoría otorgue el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN a mi representado, para efecto de que la autoridad responsable ordenadora revoque la resolución emitida en fecha 16 de abril de 2025”, señala el escrito.
En su demanda de amparo, a la que Proceso tuvo acceso, el exfuncionario morenista supuestamente vinculado a la red de amigos de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que afirmó que al vincularlo a proceso y sujetarlo a prisión preventiva oficiosa en el penal federal del Altiplano, le fueron violentados los derechos de legalidad, defensa adecuada y debido proceso.
“En el presente caso el agente del ministerio público al momento de solicitar la medida cautelar consistente en la imposición de prisión preventiva en contra de mi representado, tenía la obligación de justificar la idoneidad, proporcionalidad y necesidad de la imposición de la misma, sin embargo, en el caso concreto la autoridad ministerial fue omisa no solo en justificar este punto toral de debate en audiencia, sino que además no invocó dato de prueba alguno”, afirmó su abogada, Gloria Guadalupe García Sandate.
“El mero hecho de señalar que por el delito es aplicable la prisión preventiva oficiosa no es suficiente para advertir con ello la idoneidad, proporcionalidad y necesidad de la prisión preventiva que se le impuso, sin que esto sucediera, generando una violación a los derechos fundamentales de mi representado”.
La abogada añadió que el juez de control, Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, no analizó si la prisión preventiva era la única medida que podía garantizar que Buentello Carbonell no se diera a la fuga.
El sexenio pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) determinó que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa de manera automática por los delitos por los que son imputadas las personas, es inconvencional y condenó a México a reformar la Constitución para que los juzgadores del país la apliquen únicamente tomando en consideración las circunstancias individuales de cada caso.
Sin embargo, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum se han pronunciado en contra de este razonamiento e incluso Morena en el Congreso aprobó una reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos que merecen esta medida e incluso para prohibir a los jueces interpretar la Carta Magna obligándolos a imponerla de manera automática, contrario a lo establecido por la CorteIDH.
Buentello Carbonell fue imputado por la FGR porque en junio de 2020 firmó un contrato por 86 millones de pesos con Grupo Vicente Suárez 73 para adquirir 50 mil bolsas de leche en polvo, pero no existen pruebas de que el producto fuera entregado.
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