BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández podrá regar las plantas y pasear por el balcón del apartamento en el que cumple prisión domiciliaria por corrupción en Buenos Aires, pero deberá tener cuidado de no convertir ese espacio en un comité político.
Desde que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la semana pasada la sentencia contra la exmandataria centroizquierdista a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta, decenas de seguidores se instalaron frente a su apartamento en un edificio antiguo al sur de la capital para brindar su apoyo a la dirigente.
Ella salió varias veces al balcón sonriente a saludar a sus militantes y hasta bailó pese al trance judicial. El martes un tribunal dispuso que debía cumplir la pena en su domicilio y desde entonces no se la volvió a ver públicamente.
“Yo firme y tranquila. Eso sí, con prohibición de salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas, porque ni siquiera las podría regar. Dios mío, qué cachivaches (inservibles) que son”, dijo Fernández, de 72 años, en alusión a los jueces a través de un mensaje grabado a sus partidarios que se movilizaron el miércoles a la histórica Plaza de Mayo para reclamar su libertad.
El jueves, el tribunal que la condenó en 2022 y que ordena las condiciones bajo las cuales debe cumplirla, se pronunció sobre el affaire del balcón en respuesta a un pedido de la defensa de la expresidenta.
“El tribunal no ha vedado… en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”, según la resolución a la que tuvo acceso The Associated Press.
Pero los magistrados pusieron un límite: “Se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario”.
Si bien no lo especificaron, la referencia apunta a que la dirigente peronista no debería, por ejemplo, encabezar un acto político desde el balcón del apartamento que comparte con su hija Florencia y su nieta menor de edad.
Comerciantes y vecinos de la zona se quejaron por los trastornos que había ocasionado la presencia de decenas de militantes y vendedores ambulantes, que obligó a cortar varias calles que rodean el edificio de apartamentos.
La policía desalojó durante el último fin de semana las estructuras que se habían montado para venta de comida y bebida en las inmediaciones del edificio, mientras la alcaldía de Buenos Aires, de signo conservador, se había pronunciado en contra de que Fernández cumpliera prisión domiciliaria en el barrio de Constitución por riesgos a la seguridad y sanidad de la zona.
Cualquier incumplimiento en las condiciones de detención puede derivar en una revocación del beneficio de prisión domiciliaria y que sea enviada a prisión.
La expresidenta recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años y además por seguridad, ya que los jueces tomaron en cuenta que fue víctima de un intento de asesinato en septiembre de 2022.
Por otra parte, el tribunal desechó un pedido de la defensa de Fernández y ratificó que deberá llevar tobillera electrónica.
Fernández fue hallada culpable a fines de 2022 de administración fraudulenta luego de que el tribunal comprobara irregularidades en 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales con fondos públicos en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) —difunto marido de Fernández— y en los que ella fue mandataria.
Las obras viales fueron sistemáticamente adjudicadas a compañías del también condenado empresario de la construcción Lázaro Báez.
La condena fue ratificada primero por el máximo tribunal penal del país y luego por la Corte Suprema, en los dos casos por unanimidad.
Pese a ello, Fernández dice ser víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores para sacarla del escenario político.
La condena implica que la dirigente peronista no podrá competir como candidata a diputada provincial en las elecciones de septiembre en Buenos Aires, tal como había anticipado, porque incluye —además de la prisión— la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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