Hace una semana en Puebla el Congreso estatal aprobó una ley llamada “Ley de Ciberseguridad”, que pone en alto riesgo la libertad de expresión y de prensa. Lo mismo pasa con la acción penal en Campeche que la gobernadora Layda Sansores realizó contra del periodista Jorge González Valdez bajo los cargos de odio y violencia.
Todo parece indicar que los políticos de todos los partidos tienen la piel muy sensible a la crítica, que es condición esencial del periodismo. No se puede entender el ejercicio periodístico sino hay una crítica razonada al poder, llámese como se llame quienes lo detenten.
En el caso de Puebla hubo reacciones contradictorias entre los legisladores del PAN, pues mientras unos responsabilizaron al líder, Mario Riestra Piña, de haber fracturado al partido con su tibia y contradictoria posición frente la “ley censura”, otros siguieron la línea nacional de Jorge Romero, que rechazo la ley y dio un jalón de orejas a Riestra.
La Ley de Ciberseguridad en Puebla fue propuesta en noviembre de 2024 por José Luis García Parra, entonces diputado plurinominal y hoy coordinador de gabinete del gobernador Alejandro Armenta. El 11 de junio último fue aprobada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local, para luego pasar al pleno el 12 de junio y ser publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes 13.
La llamada “Ley de Ciberasedio” considera dos nuevos delitos: el espionaje digital, que lo comete la persona que a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación acceda a un equipo o sistema informático sin la autorización de su legítimo titular o propietario, a efecto de conocer u obtener sus datos o cualquier tipo de información o documentos personales.
Y el ciberasedio, que lo cometerá quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.
Esta ley, que ya fue rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ocasionó divisiones serias en el PAN poblano, pues mientras que Mario Riestra abrió la puerta para discutir y aprobar esas reformas, su hermana Susana Riestra, diputada local panista, se pronunció por interponer una acción de inconstitucionalidad para revertirlas.
El nuevo episodio ha generado otra vez reacciones contra la forma en que Riestra Piña lleva las riendas del blanquiazul en el estado. Hace una semana, el también diputado local panista y exsecretario del PAN en Puebla, Marcos Castro Martínez, expresó su desacuerdo al demandar que debe dejar la utilizar la unidad sólo como un discurso, para llevarla a la práctica.
A partir de este nuevo entuerto la dirigencia panista de Mario Riestra se tambalea pues se añade a las denuncias en su contra y de su familia por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Gabriel Biestro, presidente de la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, dio a conocer hace unas semanas que Riestra Piña y sus familiares estaban siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues habrían incurrido en desfalcos que les permitieron comprar al menos tres propiedades en el Caribe, cuyo costo superaría los 12 millones de pesos, recursos cuya procedencia no han podido comprobar.
Por cierto… Cabe recordar que el Artículo 7 de la Constitución señala: “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito”.
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