Mohammed Morsi, el primer presidente electo democráticamente en Egipto, colapsó el lunes luego de declarar ante un tribunal que lo juzgaba por cargos de espionaje y falleció en el acto. Las autoridades informaron que la causa del deceso fue un ataque cardíaco.
Morsi tenía 67 años y se encontraba preso desde 2013, cuando un golpe militar acabara con su gobierno apenas un año después de iniciado.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que por haberse encontrado bajo custodia de las autoridades egipcias en el momento de su muerte, ésta debe investigarse sin dilación y con transparencia e imparcialidad, toda vez que era responsabilidad del Estado garantizar el respeto de sus derechos a la vida y a la salud.
“Cualquier muerte súbita en custodia debe ser investigada de manera inmediata, imparcial y transparente por un órgano independiente que aclare el motivo de la defunción. Estos son los principios generales elaborados por varios organismos de derechos humanos, entre ellos la Comisión Africana, con la que coincidimos”, subrayó Rupert Colville, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada.
Sin cuidados médicos
Morsi, quien fuera líder de la Hermandad Musulmana, una agrupación ahora prohibida en Egipto, padecía hipertensión y diabetes y, según denuncias de larga data de activistas y familiares, no recibía tratamiento en la cárcel, además de que se le sometía a confinamiento en solitario.
Amnistía Internacional reportó que durante su estancia en prisión las autoridades permitieron sólo tres visitas de sus familiares y que negaron el acceso a sus abogados o médicos.
Al referirse a estas denuncias y preocupaciones recurrentes durante los casi seis años de encarcelamiento de Morsi, Colville recalcó que la investigación debe abarcar todos los aspectos relacionados con el trato que las autoridades dieron a Morsi para así determinar si las condiciones de su detención tuvieron que ver con su muerte.
Convenciones internacionales
En este sentido, la Oficina de la ONU recordó Egipto es un Estado parte de la Convención Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y, como tal, “tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida de los individuos privados de su libertad”.
En palabras del comité que monitorea la implementación de la Convención, “al arrestar, detener, encarcelar o privar de alguna otra forma a los individuos de su libertad, los Estados partes asumen la responsabilidad de velar por sus vidas e integridad física”.
Además, las Reglas Nelson Mandela, que la ONU reconoce como estándares mínimos del trato de reclusos, establecen que los Estados son responsables de proveer a los presos con los mismos servicios de salud de la comunidad y de garantizarles un pronto acceso a cuidados e instalaciones médicas en casos de urgencia.
Las Reglas Nelson Mandela también estipulan que el director de la prisión debe reportar de inmediato cualquier muerte, desaparición o lesión grave ocurrida bajo custodia a una autoridad judicial competente e independiente de la administración de la cárcel para que emprenda una investigación pronta, imparcial y eficiente.
En vista de los hechos y de las convenciones y leyes internacionales, “es claro que debe haber una indagación amplia de las circunstancia del deceso de Morsi, incluyendo las condiciones de su detención”, concluyó Colville.
Cortesía de Naciones Unidas.
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