Sin indemnización, los padres del niño envenenado en el río Santiago en 2008

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 14 de febrero de 2022, p. 25

Guadalajara, Jal., Familiares del niño Miguel Ángel López Rocha, quien falleció el 13 de febrero de 2008, a los ocho años de edad, luego de intoxicarse con arsénico tras ingerir agua del río Santiago, al que cayó accidentalmente en el municipio de El Salto, se quejaron de que las autoridades no han cumplido con reubicarlos e indemnizarlos, y tampoco han remediado el daño ambiental causante del deceso.

Aunque desde el fallecimiento de Miguel Ángel se han realizado foros con expertos y científicos que comprueban la toxicidad de las aguas del Santiago y sus efectos en los humanos, defensorías de derechos humanos locales, nacionales e internacionales han emitido recomendaciones e informes especiales al respecto y se ha documentado la lenta muerte de cientos de personas por enfermedades como cáncer, insuficiencia renal o males respiratorios derivados de la contaminación del cauce, es evidente que ésta se acentúa diariamente.

María del Carmen Rocha Mendoza, madre de Miguel Ángel, dijo en entrevista colectiva que su hijo es la más simbólica de las víctimas, pero su defunción no ha bastado para obligar a las autoridades a intervenir a fondo y resolver el problema, derivado sobre todo de la permisividad a los corredores industriales que el Santiago atraviesa y al que siguen echando desechos tóxicos, sumado a la falta de tratamiento de las aguas negras del sur de Guadalajara, que también se depositan en cauce.

No ha pasado nada. Me pregunto siempre cuántos niños, cuántos inocentes más tienen que morir para llegar al corazón de los gobiernos, dijo. Entre los convocantes a una reunión celebrada el jueves anterior para recordar el fallecimiento de Miguel Ángel, figuraron las agrupaciones Un Salto de Vida, integrada por habitantes de El Salto, y la Fundación Cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

El presidente de este último organismo, Manuel Villagómez Rodríguez, insistió en la falta de cumplimiento a las recomendaciones para terminar con la polución y en llevar una estadística fiable de los enfermos por la contaminación a quienes no se atiende, lo que llamó una catástrofe de salud.

El abogado de los parientes del pequeño, Juan Carlos Sánchez Solórzano, dijo a su vez que luego de tres amparos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregó 350 mil pesos a la familia, cantidad que no cubre la reparación integral del daño psicológico ocasionado por lo ocurrido, no se le reubicó ni se le han garantizado medidas de no repetición del incidente, por lo que tramitaron un cuarto recurso.

Evidencia médica, negligencia gubernamental

El mismo 26 de enero de 2008, los parientes de Miguel Ángel lo llevaron al Hospital General de Occidente, en Guadalajara, tan pronto se le rescató del agua tóxica del Santiago; el pequeño padecía vómito, diarrea, fiebre, alucinaciones y convulsiones. Muy pronto cayó en un coma que duró 19 días y terminó con su muerte, el 13 de febrero de ese año.

Miguel Ángel llegó al nosocomio delirante, y durante el coma padeció septicemia generalizada, así como inflamación cerebral para las cuales, como lo divulgó entonces La Jornada, especialistas de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) le recetaron penicilamina y dimercaprol, que regularmente se prescriben contra intoxicación por metales pesados.

En primera instancia, la SSJ dijo que Miguel Ángel sufrió un traumatismo al golpearse la cabeza y después llegó al extremo de señalar que consumió un derivado de opio, pero aun después de que La Jornada publicó la receta que sus padres recibieron para que compraran las medicinas al niño, las autoridades no reconocieron que se envenenó con arsénico.

Miguel Ángel López Rocha presentó una intoxicación aguda por arsénico derivada del grave estado de contaminación del río Santiago y del incumplimiento de las autoridades de los preceptos relativos a la protección a la salud y a la conservación del medio ambiente, concluyó el 2 de marzo de 2010 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al emitir una recomendación para que fuera reparado el daño tanto a la familia como a los habitantes de la cuenca del río Santiago, con su saneamiento y recuperación integral.