SANTA ROSA DE LIMA, Guanajuato- Calles vacías, gente aterrorizada entre autos incendiados y fuertes operativos de seguridad dejó un enfrentamiento el fin de semana en una localidad donde el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, probará por primera vez su capacidad para controlar territorios dominados por la creciente criminalidad.
López Obrador dijo el miércoles que su Gobierno iba ganando terreno a organizaciones delictivas que roban combustible como en la pequeña localidad de Santa Rosa de Lima, a pocos kilómetros de Salamanca, hogar de una de las principales refinerías del país.
“Es muy difícil para las personas cambiar”, dijo Pedro Méndez, de 52 años, un vendedor de la zona, en referencia a los videos donde se ve a mujeres, con niños en brazos, impidiendo la entrada a la zona de las fuerzas del orden.
“Los malos saben cómo llegar a ellos, y que hay personas que tomarán dinero para cumplir sus órdenes”, agregó en el poblado tomado por policías y marinos.
Santa Rosa de Lima, con apenas 2,800 personas, es un microcosmos que muestra la anarquía impregnada en diversas zonas de México donde los cárteles han reemplazado durante años al Estado como benefactor, proporcionando trabajos y dinero a cambio de la lealtad de los residentes.
Esta es la zona que controla el Cártel de Santa Rosa de Lima en México
Guanajuato, estado que alberga esta ciudad, no siempre fue violento. Por el contrario, se convirtió en un importante imán para grandes fabricantes de automóviles como Volkswagen, General Motors y Toyota.
Pueblo en llamas
El esfuerzo por capturar al líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, alias El Marro o El mazo -acusado de robar grandes cantidades de combustible en la zona- pone a prueba la capacidad del gobierno para acabar con la creciente amenaza del crimen organizado.
Los problemas de la localidad, controlada por Yépez, no sólo se ven en las empobrecidas calles de Santa Rosa de Lima, también han impactado a la estatal Pemex que López Obrador se ha comprometido a reflotar.
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La corrupción, el millonario robo de combustible y la declinante producción han golpeado a la petrolera y amenazan con dañar la capacidad crediticia del gobierno, según calificadoras .
Cientos de policías y efectivos de las fuerzas armadas llegaron a Santa Rosa esta semana para restablecer el orden y capturar a miembros de la organización delictiva.
Yépez ha librado hasta ahora la detención, aunque las fuerzas federales arrestaron el martes a su cuñada durante un operativo, según funcionarios de seguridad.
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La determinación de López Obrador de empoderar al gobierno como principal proveedor de servicios en las regiones anárquicas se convirtió en un sello temprano de su presidencia que comenzó el 1 de diciembre.
Para ello, cerró oleoductos que eran “ordeñados”, arriesgándose a reacciones negativas cuando en algunas estaciones de servicio se quedaron sin combustibles.
Días después de que Joaquín El Chapo Guzmán fuera condenado en una corte de Estados Unidos , López Obrador se convirtió en el primer presidente en décadas en visitar la ciudad natal del capo para prometer ayuda a cambio de que pobladores abandonaran la delincuencia.
En la misma línea, esta semana el mandatario instó a los pobladores de Santa Rosa a rechazar el crimen y el viernes tiene planeada una gira a Guanajuato.
“Si ustedes requieren de trabajo, porque no hay oportunidades de empleo, si requieren de apoyos para el bienestar, cuenten con nosotros”, dijo el martes en su usual rueda de prensa matutina. “Nosotros les ofrecemos eso”.
“Miedo a salir”
Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) de México, dijo el miércoles que la situación en Guanajuato está amenazando a las operaciones de las armadoras y tenía visos de ser una “crisis”.
El combate al robo de combustible ha deteriorado drásticamente diversas zonas del país como Guanajuato, donde el año pasado se registraron 2,609 asesinatos, cifra que, comparada con la última década, creció 10 veces, según datos oficiales.
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El presidente dijo el miércoles que Santa Rosa había comenzado a rechazar la “generosidad” de grupos delictivos, que lugareños dijeron consistía en un pago de 1,000 pesos o más para participar en bloqueos y protestas.
Esta semana, durante los operativos, autoridades encontraron tarjetones tipo nómina sellados con la leyenda: “se les notifica familiares deben salir a manifestación cuando se requiera”.
Reacios a hablar del robo de combustible, varios residentes admitieron a Reuters que El Marro visitaba la comunidad y que fue un lugar apacible hasta que hace dos o tres años comenzaron a llegar personas de otros lados.
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Pese a estos señalamientos, los lugareños rechazaron colaborar con el grupo delictivo, por el contrario, aseguran que durante los operativos del fin de semana hubo graves abusos por parte de la fuerza pública, que dañó casas y autos.
“Tengo miedo de salir. Si salgo de la casa, algo podría pasarme porque puedo ver que el Gobierno está enojado”, dijo Estela Mendoza, de 44 años, hablando a través de una escotilla en la puerta de su modesta casa que comparte con su familia.
Cortesía de Expansión.
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