La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aclaró que la detención de Nabor Medina, un directivo de Banco Afirme, no responde a una persecución política, sino que se trata de un asunto de carácter patrimonial y de combate a la corrupción.
“Es un tema de recuperar recursos públicos que le pertenecen al estado de Baja California. No es una persecución política, sino un tema patrimonial”, indicó.
Explicó que el conflicto surge de un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica que nunca se realizó porque carece de los permisos necesarios. Mencionó que existe un oficio enviado al gobierno estatal en la administración del exgobernador Jaime Bonilla en el que se advierte que no se puede construir la planta sin los permisos correspondientes.
A pesar de ello, se llevó a cabo un contrato en el que, como garantía, se establecían participaciones federales del gobierno estatal. Al llegar al cargo, la actual administración emprendió acciones legales para terminar con ese contrato, por el que 123 millones de pesos fueron retenidos por Banco Afirme.
“Este no es un tema político, es un tema en el cual están los recursos de las y los bajacalifornianos. Estamos hablando de más 5 mil millones de pesos que hubieran sido retenidos por algo que no se va a construir. No me parece justo y, por otro lado, la terminación del contrato implicaría una pérdida de 37 mil millones de pesos”, explicó.
Detención responde a mandato judicial
Juan Pon, consejero jurídico del gobierno de Baja California, afirmó que la detención del directivo de Banco Afirme responde estrictamente al cumplimiento de un mandato judicial en el marco del debido proceso. Aseguró que las autoridades estatales han actuado conforme a derecho y con gran responsabilidad institucional.
“El proceso judicial no solo es legal y justo, sino que ha sido tolerante y paciente durante más de dos años. Esta persona se mantuvo prófuga, promovió recursos de amparo y solicitó asilo político en Estados Unidos”, señaló.
Añadió que, debido a múltiples citaciones que no atendió, se le impuso prisión preventiva. Por último, comentó que Nabor fue vinculado a proceso por el delito de abuso por retención y cuestionó la versión que indica que dicha persona no tiene facultades para devolver los 123 millones de pesos, asegurando que el directivo otorgó poderes para que se demandara al estado, con el fin de no devolver el dinero y continuar afectando las participaciones federales.
Cortesía de El Heraldo de México.
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