PUEBLA, Pue. (apro).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) requirió a la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezada por Martín Esparza Flores, el pago de 16 millones 616 mil de pesos por el robo de energía eléctrica descubierto en sus instalaciones de El Oro, Estado de México, correspondiente sólo al bimestre del 22 de febrero al 23 de abril de 2025.
En lo que sería la confirmación oficial del llamado “huachicoleo eléctrico”, la División Comercial Centro-Sur, Zona Atlacomulco, de la CFE dejó en las instalaciones del SME un “Formato de aviso de cobro de ajuste a la facturación por uso indebido sin contrato 1012/2025” al detectar una conexión ilegal “directa” que sólo en dos meses consumió casi 6 millones de kilowatts-hora.
Cabe recordar que el 25 de abril, Proceso.com.mx publicó un video tomado por ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en el cual capta el sonido generado por lo que sería una granja de criptomonedas que operaba justo en esas instalaciones a cargo del SME ubicadas en la Manzana 19, calle Francisco Madero, en la localidad de El Oro, Estado de México.
En el escrito que fue pegado con cinta canela en las afueras de esa planta, se indica que, en una revisión periódica realizada el 28 de mayo, personal de la CFE encontró que la instalación eléctrica de ese inmueble estaba conectada a la Red General de Distribución sin autorización, sin un sistema de medición para el consumo, ni con un contrato de suministro vigente.
En ese momento, refiere la paraestatal, se levantó la constancia con número de folio F-1012 y se realizó la prueba “toma de cargas en corrientes primarias en Media Tensión” para calcular lo que sería el consumo ilegal de luz en esa conexión.
“Considerando el resultado de las pruebas realizadas se determinó que la energía eléctrica consumida y no facturada durante el periodo comprendido del 22 de febrero de 2025 al 23 de abril de 2025 es por un total de 5939040 kilowatts-hora (Kw-h)”, señala, para luego hacer un cálculo que el monto a pagar por la energía eléctrica consumida “indebidamente” asciende a 16 millones 616 mil 167 pesos.
El escrito firmado por Mayra Alejandra Ávila Amaya, responsable de la Zona Comercial Atlacomulco, señala un plazo de tres días hábiles para que el responsable de las instalaciones del SME cubra este monto o de lo contrario iniciará el cobro de intereses moratorios del 6% anual.
Mario Benítez, ex trabajador del LyFC, señaló que el consumo de casi 6 millones de kilowatts-hora es inexplicable para un consumo doméstico o comercial, por lo que esto confirma otras evidencias que han aportado sobre el uso de inmuebles sindicales para la explotación clandestina de granjas de criptomonedas que opera la dirigencia del SME a cargo de Esparza Flores.
Apuntó que de acuerdo a sus compañeros electricistas de El Oro esta granja tenía más de un año de operar, pues desde hace meses empezaron a escuchar los zumbidos constantes las 24 horas del día y los siete días de la semana -característicos de los servidores que se usan para minar criptomonedas- que provenían de esa ex subestación.
No obstante, la CFE se limitó a exigir al SME sólo el pago por el consumo de un bimestre, cuando anualmente -conforme al propio cálculo hecho por la paraestatal – habrían robado más de 100 millones de pesos en electricidad.
Benítez aseguró que la paraestatal cuenta con aparatos con los que podría determinar cuánta energía sale y cuánta se factura en ese sector para establecer el lapso de tiempo por el cuál estuvieron “huachicoleando” electricidad en esas instalaciones, pero, en lugar de eso, sólo reclama al SME el pago de un bimestre.
“Así como calcularon para un bimestre, pueden saber todo el año cuánta energía se distribuyó y cuánta de ésa se pagó, a eso le llaman la pérdida no técnica y tienen forma de saberlo”, explicó.
Además, agregó que conforme al Artículo 368 del Código Penal Federal, el aprovechamiento ilegal de energía eléctrica se equipara con el delito de robo y tendría que ser sancionado con 3 a 10 años de prisión, por lo cual la CFE debió además presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El también integrante del Frente Amplio de Unidad (FAU) manifestó que el gobierno federal no puede ya brindar impunidad a la dirigencia sindical encabezada por Esparza pues son numerosas las evidencias que hay sobre esas operaciones ilegales que tendrían que investigarse a fondo por las implicaciones que podría tener el minado de monedas virtuales con el lavado de dinero y la evasión de impuestos.
Granjas de criptomonedas
Hasta ahora, los disidentes de Esparza han aportado fotos y videos de posibles granjas de criptomonedas o de equipos de alto consumo de electricidad, que habrían operado de la misma forma en Nuevo Necaxa, Puebla; en Juandhó, Hidalgo; San Simonito y El Oro, Estado de México y en Villa Coapa, en la Ciudad de México.
Proceso publicó en su edición 22 que el 31 de enero de este año, empleados de la CFE, custodiados por elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, entraron a Nuevo Necaxa, Puebla, para desarticular conexiones ilegales que provenían de tres instalaciones del SME, entre ellas la sede sindical, ubicada frente a la presidencia municipal y la plaza principal de esa localidad.
En videos y fotografías hay evidencia de que en esos inmuebles sindicales operaban servidores como los que son usados para generar monedas virtuales, los cuales requieren de altas cantidades de electricidad.
Aunque en ese entonces la CFE informó a este medio que luego de detectar ese robo de energía había acudido a la FGR a presentar una denuncia, hasta la fecha no hay señales de que se haya iniciado una investigación al respecto.
Además, el 5 de junio, extrabajadores de LyFC acudieron a la FGR a presentar una denuncia penal contra Esparza, Humberto Montes de Oca, Román Olvera y Miguel Márquez Ríos, integrantes de la dirigencia del SME, como presuntos responsables de huachicoleo eléctrico.
No obstante, la semana pasada, el sindicato dio a conocer que Esparza fue reelecto para un periodo de cinco años más, para sumar un total de 25 años al frente de ese gremio.
Según los datos difundidos por el SME en un comunicado, del 16 al 27 de junio acudieron a votar 14 mil 208 agremiados, de los cuales el 96% –13 mil 755– lo hicieron por la reelección de la planilla encabezada por Esparza, que era la única contendiente.
Aunque la disidencia llevó a cabo un proceso alterno, en donde contendió una planilla encabezada por Mario Benítez, no se tomaron en cuenta esos resultados.
Al ser extinguida en el gobierno de Felipe Calderón, LyFC contaba con 44 mil trabajadores, pero la dirigencia del SME sólo reconoce en la actualidad a unos 15 mil agremiados.
Cortesía de Proceso.
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