Hace unos días en la sede de la Escuela Judicial Electoral el profesor Enrique Belda Pérez Pedrero, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, impartió la conferencia: “El derecho transversal de las personas con discapacidad: perspectivas de investigación para el cambio social”.
En esa oportunidad el profesor Belda, también diputado del Congreso español, realizó importantes reflexiones sobre investigaciones universitarias que, a lo largo de dos décadas, se han realizado en torno de los derechos de las personas con discapacidad y, más en general, sobre la transversalidad de los derechos y situaciones de vulnerabilidad social.
Es oportuno rescatar una de las ideas centrales de esa presentación para reflexionar sobre las funciones imprescindibles que tiene un ordenamiento jurídico en sociedades que buscan fortalecerse como democráticas y plurales.
Sabemos que el derecho tiene distintas funciones básicas, como ordenar la vida de la sociedad o reconocer el contenido mínimo que deben tener nuestros derechos humanos.
Asimismo se ocupan de establecer las bases normativas para la igualdad y la no discriminación, especialmente, tomando en cuenta a las personas que padecen desventajas sociales debido a las estructuras históricas o económicas que caracterizan a las sociedades.
En ese sentido, hay una función que se revela como central para las democracias de nuestro tiempo, que es concebir y practicar el derecho como un verdadero motor para las transformaciones y cambios sociales.
Esa es la perspectiva que ha tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México, el cual, justo en torno a los derechos de personas con discapacidad, ha construido una copiosa y muy sólida jurisprudencia desde hace varios años, por ejemplo, mediante acciones afirmativas.
Así lo demuestran criterios del tribunal en los cuales ha determinado la realización efectiva de derechos de personas con discapacidad auditiva en materia de comunicación política; o al ordenar que debe haber espacios concretos para estas personas en la integración de la cámara de diputaciones o de senadurías, incluso bajo una lógica de progresividad.
Sin embargo, establecer medidas afirmativas en la jurisprudencia electoral en favor de personas en situación de discapacidad ha sido insuficiente. Hoy podemos afirmar que es necesaria una legislación que se ocupe de regularlas y de establecer los ajustes razonables que estabilicen el contenido de sus derechos en las normas jurídicas.
Por ello, ante una inminente reforma electoral, es necesario hacer un llamado a legislar sobre estos derechos, no sólo para fortalecerlos a nivel normativo, sino también para que, quienes lleguen al Congreso mediante acciones afirmativas, acrediten la adopción de una agenda específica en favor de esos grupos.
Es decir, es necesario pensar en un mecanismo ciudadano o incluso institucionalizado de seguimiento en el sentido de que el trabajo que realizan legisladores que se beneficiaron de una acción positiva, efectivamente se traduzca en propuestas que puedan implicar beneficios o ventajas materiales a favor de las personas con discapacidad.
Lo mismo podríamos decir respecto de otros grupos desaventajados.
El derecho creado a partir de sentencias y a través de legislación debe coordinarse en ese sentido para que sea realmente efectivo, en general, para los derechos de las personas en situación de desventaja social o histórica.
El derecho no puede seguir siendo concebido sólo como un conjunto ordenado de normas en la búsqueda superficial de regular la vida social.
Hoy más que nunca debe ser un instrumento para conseguir cambios, impactos positivos para la sociedad, que tengan un efecto real en la vida de las personas, que sirva efectivamente para reparar violaciones a los derechos o para reparar las desigualdades.
Verlo de otro modo no sólo hace del derecho un factor irrelevante, sino también inútil para cualquier sociedad que se pretenda democrática.
El derecho está siempre en transformación y abordarlo desde nuevos miradores nos permite cumplir con su función última: transformar la realidad en beneficio de las personas más vulnerables.
Estoy convencido de que solamente de esa manera podrá hablarse y, sobre todo, podrá vivirse en una sociedad verdaderamente incluyente, plural y cada vez más igualitaria.
*Magistrado Electoral del TEPJF
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