Con 84 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, el Pleno del Senado avaló una reforma para reforzar las medidas contra lavado de dinero, la cual incluye que se monitoree a personas políticamente expuestas y a sus cercanos, por ejemplo a funcionarios públicos, jueces y legisladores.
Morena presentó una reserva que fue aprobada por el Pleno para modificar la iniciativa, la cual tiene que ver con las acusaciones contra bancos y casa de bolsa de México por parte de Estados Unidos por supuesto narcolavado.
Esta modificación dice textualmente que “en caso de que las personas a que se refiere al artículo forma parte de un grupo empresarial deberán implementar políticas aplicables a toda la sucursales filiales de propiedad mayoritaria, incluidas las extranjeras para la prevención de los delitos de operaciones con recursos de proceder ilícita, los delitos relacionados con estos y las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento, conforme las reglas de carácter general que emite la Secretaría”.
La oposición votó en contra y en abstención a la reforma, ya que advirtieron que esta reforma vulnera la vida privada de las personas, ya que la Secretaría de Hacienda y Bancos pueden monitorear actividades de las personas políticamente expuestas, su familia, círculo cercano y demás.
En el debate, la senadora Alejandra Bárrales por Movimiento Ciudadano dijo que su bancada vota en abstención porque les preocupa lo relacionado sobre personas políticamente expuestas, es decir las personas físicas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas dentro del territorio nacional o extranjero.
“Hacienda nos va a decir las personas que se relacionan con las personas políticamente expuestas, aquí entran todos nuestros trabajadores directos”, aseveró.
La bancada panista votó en contra de la reforma, ya que denunciaron que busca una persecución política, toda vez que faculta a la Secretaría de Hacienda a requerir datos, imágenes, información personal y hasta la ubicación de cualquier ciudadano, sin necesidad de órdenes judiciales.
El senador panista José Antonio Martín del Campo sostuvo que con estas modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el gobierno federal instalará un sistema de vigilancia masiva del Estado contra ciudadanos y adversarios políticos, “eso nos preocupa”.
Ante esto, el senador por Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo a la oposición que “el que nada debe, nada teme”, pues afirmó que si los políticos de oposición no han realizado alguna conducta relacionada con lavado de dinero o terrorismo, no serán indagados.
Asimismo, en la reserva presentada por la senadora morenista Lucia Trasviña, se aprobó que se elimine toda referencia que haga alusión a la figura financiamiento al terrorismo, que se menciona tanto en el apartado de consideraciones, incluyendo los que se propone los correspondientes al cuadro comparativo y en particular en el texto normativo, tomando en consideración que el objeto de la reforma consiste en fortalecer las diversas acciones que emitan las operaciones con recursos de procedencia ilícita, enfocadas, básicamente al lavado de dinero y no es el propósito incluir la prevención del financiamiento al terrorismo.
La iniciativa que se presentó desde octubre pasado, indica que se refuerza la legislación que permite prevenir e investigar conductas relacionadas con actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo a través de una coordinación interinstitucional, a través de diversas modificaciones.
De la misma forma adiciona las definiciones de Asociaciones y Sociedades sin fines de lucro, beneficiario Controlador, cliente o usuario, desarrollo inmobiliario, financiamiento al terrorismo, persona políticamente expuesta, representante encargado de cumplimiento y riesgo, así como la obligación de quienes realizan Actividades Vulnerables de identificar y dar seguimiento a los actos y operaciones que llevan a cabo con personas Clientas y Usuarias.
“Se precisan y delimitan todas las operaciones y actividades que serán objeto de Aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para poder así tener una mayor vigilancia de los actos y hechos que pudieran ser considerados como Financiamiento del Terrorismo u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como las obligaciones de todas las personas que realicen actividades vulnerables”, indica la reforma.
CS
Cortesía de El Heraldo de México.
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