La incidencia de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu) en casos de despojo ha variado su modus operandi desde 2016, cuando concentró la investigación de todas las carpetas abiertas en la capital y comenzó a asegurar inmuebles sin órdenes judiciales en investigaciones exprés que criminalizaron a antiguos vecinos, acusándolos falsamente de haber cometido la invasión de las casas que habían habitado por generaciones.
El “aseguramiento” causó su expulsión arbitraria, convirtiendo añosos conflictos civiles en delitos penales que engordaron las cifras, como se publicó en la edición 2420 de Proceso (marzo de 2023).
Pero el caso de Sinaloa 96, una casa centenaria de tres niveles, ubicada a metros de la avenida Insurgentes, en la colonia Roma, resulta paradójico y cobra un sentido denso cuando se cruza la información oficial contenida en la carpeta por despojo, abierta en febrero de 2019 (a la que Procesotuvo acceso), con el relato del fraude sufrido por el arquitecto José Melgoza, quien invirtió 11 millones de pesos en la compra de esa propiedad, en marzo de 2020.
¿Cómo pudo venderse –y registrarse– una casa que estaba en plena investigación por despojo? Porque cuando Melgoza firmó su contrato de compraventa, la investigación había determinado que no había delito que perseguir y se había cerrado. Tampoco había evidencia registral entonces –según confirmó el notario actuante, Alfredo Bazúa Witte– del problemón que la casa arrastraba, y arrastra todavía. “Ha sido totalmente desgastante, como toparse con pared, porque quien, en teoría, debe mantener la justicia y la paz, la legalidad, es quien está abusando de ese poder”, denuncia el afectado en entrevista.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 0024 de la revista Proceso, correspondiente a junio de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
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